En el marco del juicio a la petrolera Oil Combustibles contra Fabian de Sousa y Cristóbal López por supuesta administración fraudulenta del impuesto que se cobra sobre las naftas, dos testimonios evidenciaron el endeble proceso judicial en contra de los empresarios. Los testimonios del periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación y cuyo artículo periodístico inició la secuencia judicial que derivó en la causa que se elevó a juicio tres años después, y por el otro el abogado de la sindicatura, Javier Llorente, que tuvo a cargo el proceso concursal que derivó en la quiebra de la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa. En la nota publicada en Ámbito Financiero, el periodista relató cómo construyó la información publicada en La Nación en marzo de 2016 y que inició el derrotero judicial por el otorgamiento de planes de financiación de la AFIP. Allí, contó cuales fueron los resultados de la investigación, similares a los que usó en su acusación del fiscal Gerardo Pollicita. En su relato contó acerca de las diversas fuentes consultadas, tanto del ámbito privado y publico. Al momento de las preguntas, debió reconocer también que hubo muchos “errores” respecto a la aproximación inicial que había tenido. En ese sentido, el periodista admitió que no había leído el fallo que sobreseyó a los mismos imputados en 2013 por la compra de activos a Petrobras y el uso de planes de AFIP. También admitió no saber los resultados de la pericia ordenada por el TOF 3 para este juicio que desmienten la cifra de duda que aparecía publicada a comienzos de 2016 y que generó la denuncia de la AFIP, gestión Abad. Afirmó que fue un error su primera declaración testimonial respecto de considerar a Oil como agente de retención del impuesto ITC y que vendía al público combustibles. Al contestar si las múltiples fuentes consultadas no habían explicitado cuál era su rol frente al impuesto en cuestión, respondió: “Increíblemente, no”. A pesar de estas precisiones, el debate no continuó ante preguntas de las defensas que el presidente del TOF no admitió respecto al grado de exhaustividad que debió haber tenido la investigación inicial y a la ausencia de precisiones respecto a algunos temas que se revelaron luego inexactos o sin corroboración. Alconada Mon aclaró que él “nunca evaluó técnicamente el revalúo de activos” de Oil que había denunciado como uno de los hitos dentro de la maniobra que develó su noticia para lograr inflar el valor de la compañía y así acceder a los planes de financiamiento de AFIP. Las defensas remarcaron que los planes se otorgaron años antes de aquel revalúo. “La contabilidad de la compañía era transparente. Tuvimos asistencia total de las gerencias y todo estaba asentado en los balances”, sorprendió Javier Llorente abogado de la sindicatura que tuvo a su cargo el análisis integral y llegó al juicio para dar cuenta de su informe ante la justicia comercial. Asu vez, admitió que a “marzo 2016 se encontraban vigentes los planes de pagos” y que “la deuda no estaba en mora” y que para la confección de ciertas partes del informe final de la quiebra, habían tomado los datos analizados por la propia AFIP sobre los planes de pago.
