En cuatro años la Oficina Anticorrupción, dirigida por Laura Alonso, logró el envío a juicio oral de 299 ex funcionarios y empresarios procesados en causas por delitos contra el Estado, en una medida sin precedentes. El número de procesados por corrupción que enfrentarán esa esa etapa definitiva en un proceso judicial es aún mayor porque la OA solo hizo una estadística de las causas en que es querellante. Alonso difundió ayer un balance de su gestión al frente de la OA, que fue creada en 1999 a instancias del Chacho Alvarez para investigar los casos de corrupción del menemismo que, hasta ese momento, controlaba parte de la Justicia y tenía una “mayoría automática” en la Corte. Como consecuencia de las políticas judiciales de Menem y los Kirchner los casos de corrupción tenían un promedio de duración de 14 años y generalmente terminaban con funcionarios sobreseídos por prescripción o errores procesales. Excepto la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray y el ex titular del PAMI Víctor Alderete, la mayoría de los menemistas imputados terminaron sin condenas. En el informe se puntualiza que la OA en 2016 promovió la elevación a a juicio la causa Ciccone (6 procesados), la causa Tragedia de Once II (2 procesados) y la causa Qunita (18 procesados). En 2017, pidió se eleve a juicio la causa Trenes Chatarra (6 procesados), enriquecimiento ilícito del general César Milani (2 procesados), enriquecimiento ilícito de José López (7 procesados), la causa de Obra Pública en Santa Cruz (13 procesados) y por lavado de dinero de Lázaro Báez (25 procesados). En 2018 consiguió que se eleve la causa Los Sauces (25 procesados), la segunda parte de lavado de Lázaro Báez (6 procesados) y de Gasoductos ODB (6 procesados). En 2019 se mandó la causa Hotesur (19 procesados), la segunda parte de Obra Pública en Santa Cruz (10 procesados), la causa de Río Turbio (19 procesados) y seis tramos de la causa de Cuadernos de las Coimas (47, 6, 13, 7, 53 y 10 procesados, respectivamente). En un lapso “menor a cuatro años como nunca antes había sucedido, se requirieron elevaciones a juicio en 15 procesos judiciales promoviendo el enjuiciamiento de 299 acusados”, sintetiza el balance sobre la lucha contra corrupción que en la Argentina, hasta ahora, venía siendo estructural. Esa cantidad de juicios orales es la otra gran diferencia con el fin del gobierno de Carlos Menem en 1999 cuando la mayoría de las causas no habían salido de la etapa de instrucción. Esa cantidad de juicios orales en marcha en el 2019 no solo es logro de la OA, sino de jueces, fiscales, la Unidad de Información Financiera, la AFIP y otros organismos del Estado que colaboran con el avance de las investigaciones, luego de años de mirar al costado. También, de nuevas leyes como la del arrepentido. Además, la OA realizó “71 contribuciones técnicas en causas judiciales en curso frente a la complejidad y la relevancia institucional de algunos de los expedientes judiciales. La OA cooperó con las investigaciones, aún sin asumir el rol de querellante, por los motivos ya explicados como, por ejemplo, la falta de empleados”. Muchas jueces los juzgados federales, que también atienden cientos de causas por narcotráfico, no tienen contadores o especialistas en software como para encargar causas por corrupción donde el dinero negro se fuga del país a través de operaciones de lavado complejas. Como organismo técnico, la OA utilizó toda la experiencia y el conocimiento de sus profesionales y la Red de Enlaces de Integridad Pública para contribuir a obtener nuevas evidencias. A modo de ejemplo, en las causas “Cuadernos”, “Subsidios para piletas”, “Buses eléctricos”, “Odebrecht” y “Enriquecimiento ilícito de José López” se aportó información clave adicional que sirvió como aporte fundamental para acreditar los hechos investigados y que permitieron hacer avanzar los procesos. Así entre 2018 y 2019, “se realizaron y presentaron ante la justicia otras 48 contribuciones informativas y probatorias”. Otra de las funciones de la OA es la promoción del recupero de activos provenientes de la corrupción. Entre 2018 y el 15 de noviembre de 2019, se realizaron 39 presentaciones judiciales por recupero de activos, no existiendo registros de esta actividad para años anteriores”. Es que a los corruptos les duele más devolver la plata que se robaron que soportar un par de años en prisión o un proceso judicial, según especialistas del Banco Mundial. En 2017, la OA participó de “tres juicios orales y en el 2018, en cuatro juicios orales. En la causa Ciccone, que finalizó con las condenas de: el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a 5 años y 10 meses de prisión; de José María Núñez Carmona, a 5 años y 6 meses de prisión; de Nicolás Ciccone, a 4 años y 6 meses de prisión; de Alejandro Vandenbroele, a 2 años en prisión en suspenso; de Guido Forcieri, a 2 años y medio de prisión; y de Rafael Resnik Brenner, a 3 años de prisión. En la causa por la Tragedia de Once II, que finalizó a fines de 2018 con la condena del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, por el delito de administración fraudulenta. Se apeló la absolución por el estrago culposo”. También, la OA estuvo como querellante en la causa por “enriquecimiento ilícito de José López, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1, que concluyó en 2019. En la causa Lavado de activos de Lázaro Báez, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, que prosigue en 2019. En 2019, la OA participó en cuatro juicios orales. Primero en el enriquecimiento ilícito de José López, que concluyó el 12/6/19 con la condena del ex secretario de Obras Públicas a 6 años de prisión y a otros tres acusados por enriquecimiento ilícito”. En la de lavado de activos de Lázaro Báez, en la que está previsto que la OA realice su alegato entres finales de diciembre de 2019 y principios de febrero de 2020. También en la causa por la compra de los Trenes Chatarra, en el que se juzga a 6 acusados por el delito de administración fraudulenta, entre a, Julio De Vido. Y en la causa Obra Pública/Vialidad, en el que se juzga a 13 acusados por el delito de administración fraudulenta y asociación ilícita, entre ellos a la ex Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal y José López. Por otra parte, Alonso subrayó que se envió al congreso un proyecto de reforma de la ley de Etica Pública que “propone la regulación integral de los conflictos de intereses, con un régimen ordenado, preciso, completo y sistemático, superador del actualmente vigente y a tono con las exigencias insertas en las convenciones internacionales contra la corrupción. El proyecto propone deberes y prohibiciones adicionales para los funcionarios de más jerarquía”. Varios ministros de Macri antes de asumir habían sido gerentes de empresas privadas y este fue un tema de permanente debate e incluso de un procesamiento contra Alonso por las acciones en Shell que retuvo por unos meses el ex ministro de Energía Juan José Aranguren. De esta balance, queda claro que habrá que ver a quiénes designa el presidente electo Alberto Fernández al frente de la OEA, la UIF y la AFIP, entre otros organismos y observar si van a seguir siendo querellantes en esta causas o volverán a bajar su perfil como antes del 2015. COMENTARIOS Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
