Durante su indagatoria, Cristina Kirchner mencionó el uso de las herramientas del Poder Ejecutivo para armar causas contra ella y sus exfuncionarios. Hizo foco en la Agencia Federal de Inteligencia, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y el Programa de Testigos Protegidos. En este último punto, se centró sobre la figura de Leonardo Fariña y los "guiones" que el Gobierno macrista le bajó a él y muchos de los que testificaron contra el kirchnerismo. El Destape pudo reconstruir, en exclusiva, que "rodete" (apodo suministrado por el hombre en cuestión) le costó más de siete millones de pesos al Estado y fue uno de los hombres VIP de Germán Garavano, ministro de Justicia. En la causa que investiga una red de espionaje ilegal, en Dolores, "uno de los que ha 'suministrado información' fue un arrepentido, el señor Fariña", dijo CFK el lunes ante el Tribunal Oral Federal N°2. Tal como pudo verificar este medio, "rodete" le costó al Estado al menos $7.567.812 (declarados), sin contar los gastos operativos, los autos de custodia y los sueldos de los efectivos de seguridad destinados a cuidarlo. Por lo tanto, se trata de un piso destinado sólo a darle un alto estilo de vida. Con la excusa del cambio de Gobierno, el macrismo alertó sobre la necesidad de modificar este área por los peligros que podrían recaer sobre los testigos que apuntaron contra el kirchnerismo. Lo que no dijeron es que altos funcionarios del Programa en cuestión se llevaron copias de los expedientes que estaban en su poder. Direcciones, montos, nombres, teléfonos, vínculos. Información reservada que no debería llevarse consigo ningún directivo y que ponen en peligro a todos los testigos. Fariña ingresó al Programa Nacional de Testigos Protegidos e Imputados el 8 de abril de 2016 y renunció el 21 de noviembre de este año. Pasó más de 40 meses dentro de este sistema, cuando la ley sólo permitía seis. Mauricio Macri, por decreto de necesidad y urgencia, modificó esta legislación para crear una Agencia y extender el plazo de pertenencia hasta 36 meses. Muy cercano al tiempo pasado por "el valijero", figura clave para el armado de la causa conocida como "la ruta del dinero K". Su incorporación al Programa necesitó de los argumentos y la venia del propio Germán Garavano, de quien depende este organismo. Según declaró Giselle Robles, exabogada de Fariña a El Destape, el encuentro con el Ministro se concretó por medio del periodista Luis Majul, que facilitó el contacto. La reunión se dio y 'rodete' "le comenta que estaba próximo a dar su ampliación de indagatoria y Garavano le dice que continúe en la misma línea que hasta ahora". Leonardo declaró el 8 de abril de 2016. Previo a ello, le dijo a Robles "que había acordado con los servicios de inteligencia, que tenía que recibir mediante una casilla de correos determinados mails donde debía incluir en su declaración el tema de la obra pública con el objetivo de, a través de Lázaro Báez, llegar a Cristina Kirchner. El guión que él recibió es ese y fue a través de agentes de la AFI", como contó El Destape hace meses. Después de esa ampliación, Fariña comenzó a recibir una innumerable cantidad de beneficios. En principio, la libertad. Su excarcelación estaba sujeta a su pertenencia al Programa de Testigos Protegidos, que abandonó hace dos semanas. Pero también obtuvo "premios" económicos y de estilo de vida por seguir ese guión contra Cristina Kirchner. Según pudo reconstruir El Destape, el valijero pasó 42 meses dentro del Programa, cuando la ley permitía sólo seis. Además, fue beneficiario de alquileres extremadamente costosos que empezaron con $20.000 (que en 2016 significaban mucho más que hoy para el bolsillo) para terminar con montos que superaban los $80.000 mensuales, con expensas incluidas. A diferencia de muchos otros protegidos, Fariña recibió varias libertades. Tuvo un celular propio, cuyo chip debió cambiar mensualmente y se mostró en programas de televisión masivos (lo que está prohibido por ley). En este punto, cabe no pasar por alto que, apenas ingresó al Programa, uno de los periodistas que solicitó entrevistarlo fue Nicolás Dujovne, quien luego se convertiría en ministro de Hacienda de Macri. Además, "rodete" habitó domicilios no aceptados por Prefectura (organismo a cargo de su seguridad) para mantenerlo bajo resguardo y fue beneficiario de la prepaga OSDE por casi dos años, con montos que comenzaron rondando los $8000 y terminaron en torno a los $10.000.En sus tres años y medio dentro del Programa, tuvo la posibilidad de manejar su propio auto, un Peugeot, cuyo seguro pagó siempre el organismo. Tanto éste como OSDE están a nombre de otras personas. Como contó El Destape, la prepaga figura bajo Mónica Andrea Palumbo, a quien identificó como su pareja. Se trata de una psicóloga del Servicio Penitenciario con quien tuvo relación durante su detención en Ezeiza. Pero no sólo él sacó rédito de vivir bajo el ala del Estado. Con la excusa de una delicada situación de salud de su padre, el Programa de Testigos le pagó la prepaga IOMA - bastante más barata que la del protegido, ya que la cuota rondó los $1200 -, así como los servicios de su hogar en La Plata y las cuentas del teléfono. Al revisar la causa de Dolores, mencionada por CFK, El Destape encontró que el juzgado de Alejo Ramos Padilla le solicitó a Francisco Lagos, director del Programa en cuestión, saber si efectivamente Fariña fue beneficiario de la prepaga mencionada. Con una vaga argumentación dada el 22 de agosto, el directivo aseguró que "rodete" recibió amenazas telefónicas, presenció dos tiroteos y fue víctima de varios incidentes que pusieron en riesgo su seguridad. Sin solución de continuidad, detalló que el Juzgado Criminal Correccional Federal 7 pidió reforzar los cuidados del protegido, lo que derivó en varias relocalizaciones. Respecto a su salud, aseguraron que para atender a distintos "inconvenientes" - sin detallar cuales - y "ante los riesgos evaluados", resolvieron pagarle OSDE "durante el tiempo indispensable" para completar un tratamiento. Pero los gastos siguieron. Bajo el argumento de que por el delicado estado de salud visitaría al padre y pasaría tiempo con él, también pidió equiparle la casa con distintos electrodomésticos destinados a su comodidad, como pueden ser aires acondicionados o televisores. Fariña pasó por varios domicilios. Según la argumentación del Programa ante Ramos Padilla, se debió a la necesidad de reducir los riesgos generados en torno a él. Ésto derivó en alquileres temporarios hasta terminar viviendo en el departamento de un amigo, en el barrio de Palermo, pese a que Prefectura recomendó no hacerlo. Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros, por orden de Patricia Bullrich, fueron los encargados de llevar adelante la custodia del testigo. En numerosas ocasiones manifestaron la falta de colaboración del mismo para ser cuidado y que manejaba su auto de forma "temeraria", lo que hacía difícil su labor y ponía en riesgo su vida. Una evidencia más de que Fariña hacía lo que quería. Mientras formó parte del Programa, consiguió trabajo. Las reuniones demandaron un despliegue de seguridad para su acompañamiento y se encargará del estudio de expedientes judiciales en el estudio de abogados de Herrera, Granero y Asociados. Roberto Herrera es su defensor y confirmó ésto en Comodoro Py: "Como corresponde, Leonardo cobrará un sueldo, tendrá obra social y un número de CUIT". Según pudo corroborar El Destape, estos tres años y medio de Fariña le demandaron al Estado $7.567.812 sin contar los gastos operativos, los autos de la custodia, el combustible y el sueldo de los agentes, además de la estructura puesta por el Ministerio para el Programa. Un dinero destinado a garantizar un acomodado estilo de vida por declarar contra Cristina y una excarcelación que pende de un hilo al haber abandonado este sistema de protección.
