Mauricio Macri ordenó anular una resolución que se publicó este miércoles a la mañana, que actualizaba el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE). Voceros del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, a cargo de Carolina Stanley, se lo confirmaron a TN.com.ar. Fue después de que dirigentes del macrismo salieran a cruzar al secretario Adolfo Rubinstein por aprobar y publicar mediante Boletín Oficial la actualización. Las modificaciones se adecuaban a "normativas internacionales", con el fin de establecer una "metodología de trabajo rigurosa y uniforme para el ámbito nacional", según describe la misma resolución. Entre los cambios más importantes se destacaba que las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años podían solicitar la práctica de la ILE sin que se les exija la autorización de los padres o tutores. También establecía que la práctica sobre embarazos de menos de 12 semanas podía ser en forma ambulatoria, con control médico. Antes esa recomendación alcanzaba a los de hasta 9 semanas. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue uno de los primeros dirigentes del macrismo que criticó la actualización del protocolo, a la que calificó como "inconstitucional". "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", señaló. El senador consideró que "el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional". Una vez que se confirmó la decisión de Macri de anular la resolución, Pinedo volvió a expresarse a través de su cuenta de Twitter, pero esta vez para celebrar la decisión del mandatario. "Gracias Presidente", escribió. La ILE establece que el aborto no es un delito cuando existen motivos de salud o cuando el embarazo es producto de una violación. Se puede acceder a ella a través de una declaración jurada en la que se deja constancia de una de esas dos alternativas y la actualización en cuestión fijaba que entre el pedido y la intervención no podían pasar más de diez días. Además, la modificación recordaba la responsabilidad civil y penal a aquellos profesionales que se negaran o trataran de redireccionar la decisión de la paciente.
