La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró la denuncia judicial de la APDH en su contra por supuesto plan para sacarle tierras a los mapuches, en base a espionaje ilegal, como “un apriete y un mensaje” de sectores K que ahora quieren reimplantar “una política de seguridad basada en el modelo ultragarantista de (Eugenio) Zaffaroni”. Dijo que la denuncia tiene que ver con la interna de la alianza que lidera el kirchnerismo. "Dentro del Frente de Todos conviven distintas maneras de pensar la seguridad” y será clave a quién elija el presidente electo Alberto Fernández como su sucesor. En declaraciones al programa “Dato sobre Dato”, que conducen Daniel Santoro y José Luis Brea en radio Millenium, Bullrich puntualizó “Sergio Massa y su equipo tiene una mirada más estricta, inclusive cuando uno mira sus proyectos de reformas del código penal... Esta mirada seguramente no va a desarmar aquellas cosas que nosotros hemos trabajado”. “Ahora si viene una mirada tipo (Horacio) Verbitsky (presidente del CELS) va a volver aquella inseguridad y que el narcotráfico andaba en la Argentina sin ningún tipo de problema", advirtió. Para la ministra hay una alianza de hecho entre el CELS y la APDH. "Esta denuncia a cinco días de las elecciones llama bastante la atención. Estamos hablando del juzgamiento de una política, de una decisión política de un gobierno constitucional y democrático que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano garantista que lo que hacia era que se asesinara más gente en la Argentina”, opinó. Explicó que “si nos quieren juzgar por lo que hicimos y la forma que trabajamos, se van a dar cuenta que van a tener que juzgarse a ellos mismos, porque en la época que ellos gobernaron (entre el 2003 y el 2015) había más civiles y policías muertos de los que hay ahora. " Además, Bullrich rechazó la acusación que le hizo el viernes el fiscal Franco Picardi quien la imputó junto con su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba. Luego de decir que se somete a la justicia y señalar que espera que posición tomará la jueza, refutó la denuncia de la APDH, que está alineada con el kirchnerismo. "La verdad es que la denuncia de la APDH, que además está investigada por falso testimonio la APDH de Córdoba en el caso de Santiago Maldonado por inventar testigos (en referencia al mapuche de los binoculares), está basada en recortes periodísticos armó una especie de plan criminal desde el primer día que asumió el gobierno”, afirmó. Al preguntársele si la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) existía, recordó que “cuando asumimos la RAM había cometido 96 atentados todos judicializados: en Chubut y Río Negro, un policía asesinado en Neuquén". "El RAM es una organización de violencia extrema, nunca la definimos como terrorista como sí lo hizo el fiscal Franco Picardi. Es una organización de violencia extrema que ha generado situaciones de atentados contra empresas, camiones, camioneros y muchas dependencias estatales inclusive, ha matado a un policía en Neuquén", dijo la ministra. Recordó que "Jones Huala está hoy preso en Chile por un atentado a una familia y le dieron 7 años de condena. Estamos hablando de grupos que usaron la violencia como mecanismo, como forma de expresión o de intentar que sus ideas sean escuchadas con la violencia total y extrema”. “Decidimos nosotros combatir esta forma de violencia a partir de comenzar la investigación de estos atentados que habían cometido, hicimos un documento firmado junto con los gobernadores de Chubut, Río negro y Neuquén, hablamos con la justicia federal y provincial, los ministros de seguridad, y comenzamos un trabajo para llevarle paz a la Patagonia”, señaló. Este es un documento de carácter publico “expresa una posición donde en la Argentina prevalece el estado de derecho y no la usurpación de la violencia como forma de relación", subrayó. "En todos los casos en los que ha habido situaciones de violencia, siempre se trabajó con orden de la justicia. Si lo que se juzga en este momento la APDH es la manera en que nuestro gobierno encaró a un grupo de violencia extrema, y ellos hubieran dejado hacer como los años anteriores, si quieren llevar a la justicia el juzgamiento de una política, que lo hagan”, desafió. Cuando se le preguntó que respuesta dará a la imputación, comentó que "lo que analiza el fiscal Picardi y sus argumentos se basa en parte en lo que dijo la Cámara de Roca en el caso de Rafael Nahuel (el mapuche muerto en un enfrentamiento en Bariloche) que ya fue anulado por la Cámara de Casación Penal. " "La Cámara de Casación dijo que hubo un enfrentamiento, que objetivamente la Prefectura se defendió. El fiscal Picardi sigue hablando como si este fallo no existiese, quizás tenía todo preparado de ante mano”, puntualizó. En cuanto a su estrategia judicial, dijo que “Vamos a esperar cuales de todas las medidas que pide la jueza. Además, si son aceptadas por el juzgado, porque la verdad partir de la idea de un plan criminal sería partir de una idea falsa. " La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en junio por la APDH que sostuvo que desde diciembre de 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan "con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios". En la denuncia, la APDH presentó una serie de hechos entre los que se destacan la supuesta la actuación de fuerzas de seguridad federales "sin orden judicial" en determinados conflictos, la presunta realización de tareas de inteligencia ilegal, "la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R. A. M)" y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo”. En el dictamen presentado ante la jueza Capuccheti, el fiscal sostuvo que corresponde investigar si los funcionarios denunciados "se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas". Para el fiscal, es pertinente averiguar si los denunciados dieron, incluso, "órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad". El representante del ministerio Público Fiscal también señaló en su dictamen que entre aquellos que pretenden la explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina hay muchos que podrían tener "relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal". El fiscal también remarcó que la investigación deberá dilucidar "si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede".
