El juez Claudio Bonadio procesó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por el delito de defraudación, en una causa en la que se investigó una obra millonaria en Chubut a cargo de CPC SA, la constructora del Grupo Indalo, en la se detectaron -según la SIGEN- varias irregularidades. La medida es con prisión preventiva, pero no será efectiva tras la exención de prisión resuelta por la Cámara Federal. Bonadio también le dictó un embargo de 141 millones de pesos a López y De Sousa, y procesó sin prisión preventiva al ex novio de la modelo Ingrid Grudke, Cristóbal Nazareno López. Los dueños del Grupo Indalo habían sido denunciados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por el delito de defraudación al Estado por una obra que su empresa CPC recibió en Chubut, su provincia de origen. El Gobierno de Mauricio Macri la denunció por percibir fondos injustificados en el marco de la licitación y por no concluir la obra. Según la acusación, el organismo perjudicado fue el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que había contratado a CPC para construir un acueducto para mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, tomando agua del lago Munster. La obra se realizó entre 2013 y 2017. La SIGEN denunció a ex funcionarios de ENOHSA y a los titulares de CPC, es decir Cristóbal López, su hijo mayor, Cristóbal Nazareno; su socio Fabián De Sousa, y su hermano Osvaldo De Sousa, entre otros. Después de indagarlos, el juez Bonadio procesó a los dueños del Grupo Indalo, encontrándolos responsables de haber cometido una defraudación contra el Estado. Así, los empresarios suman un nuevo procesamiento. Según el informe de la SIGEN, se pagó a CPC 13.141.942 pesos por "obras incompletas que el ENHOSA certificó como culminadas", detallando una cantidad de trabajos que figuraban en la certificación. La imputación contra el empresario K y su socio sostiene que en el análisis de los trabajos realizados se detectaron faltante de piezas: "falta de instalación del caudalímetro, falta de conexión al Acueducto de la Aspiración, falta de instalación del conducto de ventilación", enumera el informe entre otros aspectos. Otro acto infiel fue que que se aprobó una modificación en el proyecto y se advirtió en dicha obra una infracción a la ley de obras públicas, al momento en que se realizaron las modificaciones al proyecto original alcanzaron un 87,25%, superando así el límite legal previsto por ley", señala la imputación. Dentro de las acusaciones contra López y De Sousa, según el expediente, se sostiene que ENOHSA emitió "pagos a CPC por la suma de 21.797.311 pesos en concepto de materiales y equipamiento acopiado en obra sin sus respectivos certificados de acopio, otros 5.388.503 pesos en modificaciones al proyecto que no fueron debidamente convalidadas y 1.422.447 pesos en materiales con certificados de acopio que no fueron instalados en la obra". Cuando fue su indagatoria, representado por el abogado Fabián Lértora, Cristóbal López negó haber participado de ninguna defraudación contra el ENOHSA. En su declaración, en dueño de Indalo cargó contra Bonadio: "me está imputando por mi condición de accionista titular de CPC cosa que no es real, eso es falso. Yo ya lo recusé y sigo viendo que el juez es parcial, y aclaro que no se puede participar de una defraudación por el hecho de ser accionista". Cristóbal López y Fabián De Sousa acumulan en la justicia varias causas por corrupción. En la actualidad se encuentran enfrentando el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) que los excarceló recientemente, por la maniobra defraudatoria -indica el dictamen acusador-, en la que no cumplieron sus obligaciones fiscales generando una deuda de $ 8.000 millones. En la causa se indicó que con ese dinero que correspondía al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), decidieron ampliar su conglomerado empresarial. Asimismo, el próximo año enfrentarán un juicio por lavado de dinero junto a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner en la causa conocida como Los Sauces SA. Se trata de la inmobiliaria familiar cuyo principal inquilino fue hasta 2016, Cristóbal López. Se investigaron operaciones de blanqueo. En la causa conocida como los cuadernos de las coimas, los empresarios están acusados en al menos dos tramos vinculados a obras públicas civiles, como partícipes de la asociación ilícita que según el juez Bonadio, comandó Cristina Kirchner.
