Telegramas apócrifos, presidentes de mesa inhabilitados, ciudadanos que querían votar con documentos viejos y agresiones. El macrismo denuncia que otra vez hubo problemas graves en la fiscalización en las elecciones. En esta ocasión, las miradas están centradas en el conurbano bonaerense, donde los fiscales del oficialismo registraron numerosos intentos de alterar el proceso electoral, incluso con métodos violentos. "Nos llegan decenas de denuncias de nuestros fiscales en la provincia de Buenos Aires, principalmente de los partidos de Merlo, La Matanza, Malvinas Argentinas, Pilar y Almirante Brown, de votantes que se presentan a las mesas con DNI anteriores a los que figuran en el padrón", dijo ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como puntapié de lo que después fue una ola de testimonios que ratificaban la triquiñuela. "Hemos hecho las denuncias ante la Junta Electoral de la provincia para que instruya a los delegados electorales para impedir esta violación a la ley electoral", agregó en plena votación. Los fiscales aseguran que hubo decenas de casos en cada escuela. Alejandro Dodds, que lideró la fiscalización en la escuela N° 20 de Malvinas Argentinas, relató a LA NACION su experiencia de una jornada de máxima tensión. "Fue muy duro defender el voto porque vienen para pasarte por arriba. Hubo intentos constantes (de alterar el proceso). El modus operandi en común era tratar de poblarte el colegio de militantes, no votantes, para amedrentar a las autoridades de mesa", contó. Dodds integra un grupo de fiscales que en cada elección busca cuidar el voto en aquellos establecimientos donde consideran que hay más riesgo de que la militancia peronista intente adulterar los resultados. Además de Malvinas, Argentinas, el grupo abarca municipios como Tres de Febrero, San Martín y La Matanza. En todos hubo denuncias. Además de la presencia de militantes, ayer también hubo denuncias contra personas que se hicieron pasar por presidentes de mesa y que presentaron telegramas falsos durante el conteo. "En una mesa había una fila para votar para un lado y, del otro, cuatro o cinco personas mirando la urna. Entre tanta gente nadie se percataba, pero ellos esperaban a que se diera la situación en la que un fiscal decía que alguien no podía votar por tener un documento viejo para ponerte a 40 personas a amedrentar", explicó. Las reacciones de las autoridades de mesa podían ser claves para evitar que los enfrentamientos pasen a mayores, pero Dodds contó que en muchos casos los presidentes de mesa no sabían qué hacer. "Por falta de capacitación se guían por quien tiene al lado. Y los kirchneristas llegaban temprano para sentarse al lado del presidente de mesa para controlar lo que hacía. En el momento de máxima tensión, la Gendarmería intentó echar a Dodds de la escuela, pero el caso llegó a los medios y desistieron. La fiscalía federal con competencia electoral afirmó ayer que se recibieron 530 denuncias (un 253% más que en los últimos comicios), la mayoría proveniente de municipios bonaerenses como Quilmes o La Matanza. Sin embargo, los fiscales consultados por este diario aseguraron que muchos de los casos no llegaron a ser denunciados. "Hay un aparato muy grade y no hay sistema que aguante. Cuando hay una situación así tenés que dejar constancia en un acta que tiene le presidente de mesa, que a veces termina siendo gente afiliada a partidos políticos. Son muchas cosas que quedan anécdota", explicó Santiago Dondo, miembro de la agrupación LaJV, que supervisó la fiscalización en 128 escuelas del conurbano bonaerense. Dondo relató que en una recorrida por centros de votación confirmó que la aparición de ciudadanos que querían votar con documentos viejos era un factor común en las escuelas. "En Marcos Paz había presidentes que no querían mostrarle a los fiscales el DNI de los fiscales para que verificaran la identidad", ejemplificó. En Merlo, la situación subió varios niveles de violencia. Máximo Bronenberg fue el fiscal general de la escuela N° 5 del distrito y ayer fue amenazado y agredido físicamente por un grupo de hombres que recorrían las mesas para verificar que quienes se presentaran con documentos falsos o viejos pudieran votar igual. "Tenían un batallón de fiscales dando vueltas por todos lados y una banda de unas cinco personas de contextura grande", contó. Cuando se rechazaba el voto de alguien por presentarse con la documentación incorrecta, dijo, los hombres se "abalanzaban sobre la mesa, gritando y cuestionando el trabajo de las autoridades". "Nos decían que no dejábamos ejercer el derecho al voto. En un momento me arrinconan contra una pared y estos patoteros me empiezan a pegar patadas. Me decían que iba a 'salir en camilla', que a la noche iba a 'conocer lo que es Merlo' y que 'no la iba a contar'". Bronenberg hizo la denuncia, pero según su relato "la banda" se acercó para decirle que la policía no iba a resolver nada. La tensión siguió hasta casi el final de la votación, cuando el fiscal logró cambiar de escuela con otro fiscal general de otra escuela cercana, donde le clima era menos hostil. Una fiscal de San Martín que prefirió mantener su identidad en reserva contó además que los propios gendarmes solían hablar con los fiscales para advertirles que tuvieran cuidado al salir de las escuelas porque había grupos de violentos. La resolución de las denuncias quedará a cargo de la justicia electoral, que estará a cargo del escrutinio definitivo. Es en esa instancia cuando se resolverán los votos impugnados, recurridos u otras irregularidades.
