El exministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a prestar declaración indagatoria el 20 y 21 de noviembre, respectivamente. Ambos fueron convocados por el juez Luis Rodríguez, titular del juzgado federal número 9, con asiento en los tribunales federales de Comodoro Py. A Aranguren se le imputa “negociaciones incompatibles con la función pública” porque asumió en la cartera energética siendo accionista de Shell, petrolera a la que debía controlar cuando estaba en el Estado y, por el contrario, habría beneficiado con distintas medidas. Recién vendió los papeles en su poder 9 meses después de llegar al cargo y tras mucha resistencia. Laura Alonso está acusada de encubrir al exministro. La denuncia que dio origen a este expediente la realizaron en 2016 los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes apuntaron entonces contra Aranguren porque siendo ministro era accionista del Grupo Royal Dutch Shell Plc. De esta forma habría incurrido en una “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés” en tanto la multinacional participa activamente del mercado energético que debía regular el entones funcionario. Según pudo reconstruir El Destape de fuentes judiciales, existen hechos concretos “que permitirían afirmar que el exministro habría provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado”. Aranguren es patrocinado por Alejandro Pérez Chada, abogado y amigo del presidente Mauricio Macri. Y del Grupo Clarín. La Justicia también apunta contra Laura Alonso porque como titular de la OA se estima que encubrió la conducta de Aranguren “cuando se encontraba obligada a investigarlo (y, en su caso, sancionarlo o removerlo)”, tal como se desprende de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Tanto el exministro (dejó el gabinete de Macri en junio del año pasado) como la actual funcionaria deberán ejercer su primer acto de defensa en este expediente luego de las elecciones. Aranguren ya había presentado escritos ante Rodríguez pero sus explicaciones no fueron consideradas suficientes para el juez. Por eso, se determinó la indagatoria. Luego de indagarlos, el magistrado tendrá 10 días hábiles para resolver si les dicta o no el procesamiento. Aranguren, que volvió a ser noticia en estos días al afirmar que está “trayendo” sus “dólares al país para continuar viviendo”, asumió en la función pública siendo accionista de Shell. El 2 de junio de 2016, en su declaración jurada como ministro, quedó plasmado que poseía acciones “clase A” de Royal Dutch Shell PLC, casa matriz de la multinacional. El entonces titular de la cartera energética resistió por todos los medios desprenderse de las acciones pero finalmente, 9 meses después de asumir, cedió. En realidad, eso se dijo en septiembre de 2016, tras un dictamen de la OA que le recomendaba renunciar a sus tenencias de la multinacional, pero nunca se brindaron precisiones. ¿Qué sostenía el entonces funcionario para no dejar de tener papeles de Shell? Que no había incompatibilidad y que se abstenía de intervenir en cuestiones en las que particularmente estuvo involucrada la petrolera. “Él se abstiene pero firma un secretario que puede recibir órdenes del propio ministro”, le retrucaban a la par distintos especialistas. Según la presentación por la que ahora es citado a indagatoria, el mentor de los tarifazos se benefició económicamente con decisiones de gestión que tomó en el sector energético. De acuerdo a los denunciantes, Aranguren favoreció a Shell Compañía Argentina de Petróleo y a su casa matriz RDS mediante el aumento de las tarifas de gas, la compra de gas a Chile y las operaciones de importación de gasoil, entre otras medidas tomadas bajo su gestión. Y como él era accionista, esos beneficios también redundaban en su bolsillo. “Es incompatible con el ejercicio de la función pública (…) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”, especifica el artículo 13 de la Ley de Ética Pública. El artículo 15 añade que si a la hora de ser designado el funcionario está alcanzado por alguna de las incompatibilidades mencionadas, debe “renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo” o “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. Como titular de la cartera de Energía y Minería, Aranguren definió la política del sector al que estuvo vinculado por 37 años: no sólo fue accionista de la casa central de Shell. Fue CEO de la filial local (Shell Compañía Argentina de Petróleo SA) desde 2003 hasta el 30 de junio de 2015, cuando también abandonó la vicepresidencia de Suministros para América Latina. Estuvo vinculado a la multinacional desde 1979. Relación que no quebró ni siquiera cuando asumió como ministro.
