Horas antes de que ocurriera, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes. El despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre. Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles. Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana al presidente Mauricio Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su impacto, según él, sólo en el "círculo rojo". Esas marchas y contramarchas oficiales se plasmaron en unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades. La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel. Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos. En el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de esquivar una respuesta Garavano aceleró. Concluyeron que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso "garantías de no repetición". Los riesgos de una segunda condena son, hoy, elevados. No sólo porque la abogada que representó a la familia Torres, Verónica Heredia, patrocina ahora a los Maldonado, sino también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ya una señal el 23 de agosto. Dictó una medida cautelar y le reclamó al Gobierno que informara las acciones que había adoptado para investigar lo ocurrido. Ese jueves 31, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Allí surgió el primer indicio de que algo andaba mal puertas adentro del Gobierno: el emisario de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que en el borrador se mencionara esa dependencia por separado del ministerio, del que quería despegarse. Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no fue así. Tras hacerlo esperar dos horas y media, Garavano recibió al representante de la Acnudh para comunicarle que debían retrasar la firma porque la Cancillería había planteado "dudas" sobre la inmunidad que el Estado debería darles a los expertos. Detrás del ministro, que no ocultaba su incomodidad, Avruj lo escuchaba sentado y sonriente, según reconstruyó LA NACION. Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que "el lunes" firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser "el martes", pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile. Para entonces, la opción de los expertos internacionales seguía viva, a tal punto que la oficina del Acnudh informó que Incalcaterra se había reunido con Garavano, Avruj, Coriolano y la abogada de los Maldonado y que "el ministro dio a conocer el acuerdo al que habría llegado con los familiares de Maldonado para pedir la cooperación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado". No sólo eso. La agencia Télam detalló que el Gobierno le pediría "formalmente a la ONU" su ayuda, pero fue el propio Peña quien levantó el teléfono para corregir los cables de noticias y aclarar que "no era tan así". En Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta reunión. Fue con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien había viajado por otro compromiso, pero café de por medio le planteó a Incalcaterra, su viejo amigo, qué ocurría. Cantón argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que convocar al grupo de expertos no era la mejor opción. Dijo que afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había una "diferencia abismal" entre el caso Maldonado y la desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un grupo de ese tipo-, pero que sí sería bueno el arribo de un "observador internacional" que analizara el cuadro y recomendara medidas al Estado argentino. El último encuentro fue, entonces, en la Casa Rosada. Y sólo comenzó cuando Patricia Bullrich salió de ese despacho. Participaron Peña; Incalcaterra; Avruj; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y, en teoría, Garavano. ¿Por qué "en teoría"? Porque la reunión se adelantó 30 minutos y el ministro llegó cuando ya se había decidido que no convocarían -al menos en el corto plazo- al grupo de expertos ni un observador internacional. Así, el Gobierno había convocado a Incalcaterra a Buenos Aires, por segunda vez, para desistir de lo que el propio Gobierno había acordado. El ala del Gobierno que se opuso a ese acuerdo lo vivió como un triunfo. Sintió que le evitó a la Argentina un escarnio de proporciones mundiales. Pero terminó así, también, de dinamitar la relación con la familia Maldonado, que lo sintió como un nuevo manoseo e innecesario desplante.
