Después de poco más de un año, este martes Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa dejaron el Penal de Ezeiza, donde permanecieron detenidos en el marco de la causa donde se los acusa de haber defraudado al Estado en más de 8.000 millones de pesos al no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) que recaudaban en todas las estaciones de servicio de su empresa Oil Combustibles. Sin embargo, el juez Claudio Bonadio los indagó en otro expediente donde están imputados, una vez más, por defraudación. Si el magistrado encontrara elementos para hacerlo, en esa causa podría volver a dictarles la prisión preventiva. Los dueños del Grupo Indalo fueron denunciado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por el delito de defraudación al Estado por una obra que su empresa CPC recibió en Chubut, su provincia de origen. El Gobierno de Mauricio Macri la denunció por percibir fondos injustificados en el marco de la licitación y por no concluir la obra. Recibir newsletter Según la imputación, el organismo perjudicado fue el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que había contratado a CPC para construir un acueducto para mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, tomando agua del lago Munster. La obra se realizó entre 2013 y 2017. La SIGEN denunció a ex funcionarios de ENOHSA y a los titulares de CPC, es decir Cristóbal López, su hijo mayor, Cristóbal Nazareno; su socio Fabián De Sousa, y su hermano Osvaldo De Sousa, entre otros. Todos ya fueron indagados por el juez Bonadio, y según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, en este expediente se les podría dictar nuevamente la prisión preventiva a López y De Sousa. Por lo pronto, las defensas ya habían pedido una eximición de prisión que fue rechazada, y sobre la cual aún debe expedirse la Cámara federal porteña. El juzgado ya se encuentra trabajando en la redacción de la resolución donde se definirá si finalmente los empresarios suman un nuevo procesamiento y si el mismo será dictado con prisión preventiva. Según el informe de la SIGEN, se pagó a CPC 13.141.942 pesos por "obras incompletas que el ENHOSA certificó como culminadas", detallando una cantidad de trabajos que figuraban en la certificación. La imputación contra el empresario K y su socio sostiene que en el análisis de los trabajos realizados se detectaron faltante de piezas: "falta de instalación del caudalímetro, falta de conexión al Acueducto de la Aspiración, falta de instalación del conducto de ventilación", enumera el informe entre otros aspectos. "Otro acto infiel fue que que se aprobó una modificación en el proyecto y se advirtió en dicha obra una infracción a la ley de obras públicas, al momento en que se realizaron las modificaciones al proyecto original alcanzaron un 87,25%, superando así el límite legal previsto por ley", señala la imputación. Dentro de las acusaciones contra López y De Sousa, según el expediente, se sostiene que ENOHSA emitió "pagos a CPC por la suma de 21.797.311 pesos en concepto de materiales y equipamiento acopiado en obra sin sus respectivos certificados de acopio, otros 5.388.503 pesos en modificaciones al proyecto que no fueron debidamente convalidadas y 1.422.447 pesos en materiales con certificados de acopio que no fueron instalados en la obra". Cuando fue su indagatoria, representado por el abogado Fabián Lértora, Cristóbal López negó haber participado de ninguna defraudación contra el ENOHSA. En su declaración, en dueño de Indalo cargó contra Bonadio: "me está imputando por mi condición de accionista titular de CPC cosa que no es real, eso es falso. Yo ya lo recusé y sigo viendo que el juez es parcial, y aclaro que no se puede participar de una defraudación por el hecho de ser accionista". En marzo del año pasado los empresario K regresaron a prisión por segunda vez. Habían sido excarcelados por la Sala I de la Cámara Federal porteña, con el voto de los entonces camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Pero posteriormente, la Cámara de Casación ordenó su inmediata detención, y reiteró que se los debía juzgar por corrupción en la causa del dinero no tributado con Oil Combustibles, al considerar que lejos de cumplir con sus obligaciones finales, "decidieron ampliar el conglomerado empresarial". Así, permanecieron en el Penal de Ezeiza durante más de un año hasta que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) los excarceló. Este miércoles se presentaron ante el juzgado de Bonadio para notificarse de las actuaciones, ya que contaban con prisión preventiva en dos expedientes vinculados a los cuadernos de las coimas y tras el fallo de la Cámara ordenando su liberación bajo el pago de la fianza fijada por el el magistrado, lograron salir de la cárcel.
