La Sala I de la Cámara federal Porteña revocó la prisión preventiva de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa en la causa de los cuadernos de las coimas. Saldrán en libertad cuando paguen la caución que deberá fijar el juez Claudio Bonadio, que los detuvo en dos expedientes vinculados a la causa central. Los dueños del grupo Indalo ya habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga junto a Ricardo Echegaray por una multimillonaria defraudación generada al Estado durante el último gobierno de Cristina Kirchner a través de la empresa Oil Combustibles. Después de aquella excarcelación del TOF 3, los abogados de López y De Sousa la tramitaron ante Bonadio que les dictó la prisión preventiva en al menos en dos expedientes conexos a la causa cuadernos. Pero el juez la rechazó. Bonadio consideró que "existen otros aspectos que impiden otorgar la excarcelación", al plantear que Cristóbal López "posee la capacidad de sustraerse y entorpecer el accionar de la justicia". Entonces, señaló que en el marco de la causa hay cerca de 200 imputados, quienes "durante más de 12 años llevaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal, integrando la misma el aquí evaluado en su carácter de empresario, innegablemente allegado a los funcionarios públicos". Recibir newsletter Entonces, el magistrado se refirió a las confesiones de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), el financista Ernesto Clarens y José López (ex secretario de Obras Públicas), quienes se refirieron a CPC SA -constructora del Grupo Indalo- como parte de las firmas involucradas en la estructura investigada. "Además (Cristóbal) López cuenta con varias causas en distintas etapas procesales lo que hace presumir que en caso de ser condenado en la presente, su pena no puede ser dejada en suspenso (. . . ) lo que hace presumir que de obtener su libertad intentarán eludir la acción de la justicia", continuó Bonadio. Y recordó, entre otros aspectos, que el empresario K "cuenta con medios económicos suficientes como para entorpecer o fugarse del proceso". Ante el rechazo del juez y la posterior apelación de los defensores de López y De Sousa, ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, decidió revocar la prisión preventiva de los empresarios. Su libertad sólo quedó sujeta a la caución que fije Bonadio. Los trámites para sacar del penal de Ezeiza a los dueños de Indalo habían comenzado cuando el TOF 3, que los juzga por el supuesto fraude al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. Durante la instrucción de ese expediente, la Justicia determinó que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con dichos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación. En el marco de esta causa, el juez Julián Ercolini había ordenado el procesamiento de López y De Sousa con prisión preventiva, porque habían cometido acciones "dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a OP Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir "una inhibición de bienes que lo impedía". Los dueños del Grupo Indalo manifestaron que la cesión tenía como objeto "recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar la continuidad de sus negocios y el pago de deudas". Entonces se planteó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada en un nuevo expediente, por posible fraude. Esa causa quedó radicada en el juzgado federal 5, cuya titular María Eugenia Capuchetti, hace dos semanas sobreseyó a los dos empresarios. "No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos", firmó la jueza.
