La jueza de Garantías Marcela Garmendia podría estar en condiciones de decidir si eleva o no a juicio el expediente por supuestas irregularidades y corrupción durante la gestión de Daniel Scioli antes de que termine el 2019, o, en su defecto, en los primeros meses de 2020. Según pudo saber TN. com. ar, la magistrada, que desde hace meses revisa las imputaciones del fiscal Álvaro Garganta, ya le "corrió" traslado a 36 de los 45 acusados, que tienen 15 días hábiles para responder y pueden oponerse o pedir el cambio de calificación legal, entre otras medidas. En este proceso -de vital importancia previo a la instancia oral- se notifica al imputado de la o las acusaciones en su contra y este ejerce su derecho a la defensa. A medida que los imputados plantean nulidades, la Jueza le "corre vista" al fiscal para que emita una respuesta. Una vez que los 45 acusados conozcan sus imputaciones y hayan ejercido su derecho a la defensa, Garmendia estará lista para definir quiénes van a juicio y quiénes resultan absueltos. "Con viento a favor podríamos terminar antes de 2019, sino a principios del próximo año", confió a este medio una fuente cercana a la causa. La megacausa por supuesta corrupción tiene desgloses, en los que se diferencian las irregularidades por institución. El "00" corresponde a las anomalías halladas en la adjudicación de las Unidades de Pronta Atención (UPA); en el "01" se investigan las de Aguas Bonaerenses (ABSA); en el "04" las de la obra social IOMA; en el "05" las de jefatura de Gabinete y en el "06" las de obra pública. Según fuentes judiciales solo resta correr traslado a ocho acusados del desglose de IOMA y a uno de Jefatura de Gabinete, tramo de la causa recordado por el allanamiento a la casa del exfuncionario Walter Carbone, en el que se encontró un dragón con una caja fuerte en su interior. El exgobernador está acusado de cometer los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. En particular, se lo investiga por la adjudicación de nueve UPA por $117 millones al empresario Estanislao Miller, que le alquiló un terreno en Villa La Ñata y luego se lo compró por U$S 3.850.000. Este año el excandidato a presidente sumó otro dolor de cabeza cuando su expareja, Gisela Berger, declaró ante la Justicia que creía que Scioli "no podía pagar" sus viajes a Courcevel, en Francia. Luego de que el fiscal pidió elevar a juicio la causa, Garmendia comenzó a correr traslado a los primeros imputados de cada desglose con el expediente físico en mano (en papel) y una vez que el acusado contesta, continúa con el siguiente. Esta metodología fue cuestionada por Garganta, que le pidió que lo haga de forma "simultánea y no individual y sucesiva", es decir, que notifique a todos al mismo tiempo de manera digital. Respaldó su propuesta al afirmar que le entregó a la magistrada copia de todo el expediente en dos DVDs. La jueza rechazó la iniciativa y negó que el procedimiento utilizado provoque una tardanza de 675 días, como sostuvo el funcionario judicial. En aquel entonces la magistrada aseguró que los discos no contenían los "anexos documentales" por lo reafirmó su decisión de notificar a los acusados tal como lo venía haciendo. En su entorno explican que el enviar el expediente de manera física "es la única forma de resguardar el derecho a la legítima defensa" de modo tal que el acusado conozca las imputaciones en su contra. El exgobernador fue uno de los primeros en ser notificados y según pudo saber TN. com. ar Scioli planteó la "inespecificidad del objeto procesal". Además, su defensa asegura que existió "forum shopping", es decir, que se eligió a dedo la fiscalía (de Garganta) para llevar adelante la instrucción y el juzgado de Garmendia para decidir si el expediente se eleva a juicio o no.
