16 de junio pasado. El actor Dady Brieva fue entrevistado en el programa Sobredosis de TV de C5N. Ante una pregunta sobre el travestismo de los periodistas", el invitado miró para arriba, pensando, y dijo: "Yo creo que se tendría que hacer una CONADEP del periodismo. Lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Acá esmerilaron el Gobierno de Cristina durante tiempo, y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri haya dicho que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia y lo que sea. Acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso, y me parece que no debería salir como indemne. Habría que tener un juicio, mintieron a toda una opinión pública que les creyó". 16 de septiembre. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, avaló el accionar del juez Alejo Ramos Padilla, quien procesó al periodista de Clarín, Daniel Santoro, a quien acusa de cometer los delitos de coacción y extorsión en connivencia con el falso Marcelo D'Alessio. Entrevistado por La Voz del Interior, Fernández afirmó que estaba en total desacuerdo con el control estatal del trabajo de la prensa. Pero luego apoyó que un organismo autárquico del Poder Ejecutivo bonaerense, como lo es la Comisión Provincial de la Memoria, esté auditando notas de Santoro que, según él, incluirían "metamensajes" para las víctimas de extorsiones aun no probadas. Recibir newsletter El 19 de septiembre la fiscal Cristina Caamaño, presidenta de la agrupación judicial K, Justicia Legítima, fue entrevistada por un programa de radio conducido por un militante confeso del kirchnerismo, Roberto Navarro. Ella coincidió con Brieva, Fernández y otros dirigentes K: sin dejar constancia de contar con alguna prueba al respecto, aseguró que se debía "romper" con la "promiscuidad de los jueces con los servicios de inteligencia, los de parainteligencia". Y agregó: "Incluso con los periodistas. Hubo una parte del periodismo que invisibilizó todo lo que está sucediendo, en todos los campos, no solo en la Justicia, también el campo económico y social". Ramos Padilla, en la Comisión de libertad expresión de la Cámara de Diputados, junto al ultra K Leopoldo Moreau. (Foto Lucía Merle) Caamaño agregó que confiaba en la investigación de Ramos Padilla: dijo que el periodista de Clarín será juzgado por su colega Ramos Padilla con todas las garantías de una Constitución Nacional que difundió que debía reformarse. El diario Clarín publicó hace dos días que el juez que procesó a Santoro, Ramos Padilla, le entregó al denunciante original de ese expediente, el empresario ligado a la AFIP K, Pedro Etchebest, más de 60 mil documentos de supuesta producción de trabajos de Inteligencia ilegal que habría realizado el falso abogado Marcelo D'Alessio, supuesto extorsionador junto a Santoro. La entrega de ese material descripto como "sensible" a una de las partes de ese proceso se hizo a través de un disco rígido que le había entregado a Ramos Padilla el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, quien reclamaba desde hacía varios días tener acceso a esas posibles pruebas. Según confirmó Clarín con fuentes del Ministerio Público, de la Justicia de Mar del Plata y de la Procuración General, Curi recibió ese mismo disco rígido que tuvo Etchebest con los 60 mil documentos de D'Alessio pero vacío. Se lo envió así el juzgado de Ramos Padilla. Curi le pidió a un órgano que trabaja para los fiscales, llamado Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que analice el estado de ese hardware. La respuesta fue que estaba vacío. Pero que alguna vez contuvo los 60 mil documentos que Curi no pudo analizar. Alguien los había borrado mediante un mecanismo simple, pero que no permitía recuperar lo antes guardado. Ramos Padilla aún no dijo nada al respecto. El 12 de marzo pasado, Clarín había informado que Ramos Padilla había cometido "descuidos" con ese disco rígido. En una defensa que hizo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde tiene un pedido de juicio político, calificó esa observación como "ridícula". Existe una investigación interna del Poder Judicial que probablemente no coincida con ese concepto. ¿Ramos Padilla está juzgando a todos los procesados del caso D'Alessio con las garantías constitucionales? El espacio K parece haber avanzado en ese control a la prensa que el pionero Brieva adelantó en junio que debía llevarse adelante contra los periodistas que supuestamente invisibilizaron una crisis económica y social de la que, como es evidente de acuerdo a los archivos, informaron todo el tiempo. Este sábado, en La Matanza, la candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández, volvió a criticar a los medios en la presentación de su libro "Sinceramente". Basta con leer esa ópera prima de la jefa del espacio PJ-K para saber que no cambió de opinión sobre los males que, según cree, generan en la opinión pública las investigaciones de la prensa que no la apoya. A eso se suma otra novedad. Uno de los empresarios K que denunció a Santoro por extorsión ante Ramos Padilla, Mario Cifuentes, enriquecido súbitamente en la gestión K, envió telegramas a periodistas pero también a dirigentes de la oposición, como la ex diputada Margarita Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez, para notificarlos de que iniciaría acciones legales en el fuero civil debido a que afirma que las denuncias publicadas en diferentes medios y en un libro que muestran cómo pasó de ser un heladero a un magnate gracias a los contratos del Estado K. El abogado que lo patrocina es Ricardo Nissen, quien defiende a Cristina Fernández en varios casos de corrupción. La Justicia tiene todo el derecho de controlar el trabajo del periodismo. Igual que un empresario enriquecido de un modo fantástico puede también iniciar acciones penales contra opositores o miembros de la prensa. En el Poder Judicial, sin embargo, llamó la atención que Ramos Padilla eligiera para auditar las notas de Santoro a la Comisión Provincial de la Memoria. Ese ente se encarga de otros objetivos, como ya se dijo. A eso se suma que es parte del Poder Ejecutivo de Buenos Aires. En democracia no existe un antecedente de control del trabajo de la prensa como éste. Hoy están vigentes los derechos constitucionales. Los fallos de los jueces son revisados por tribunales de alzada y la Corte. Con un contexto muy diferente, en tiempos de la última dictadura, con la Constitución violada, igual que el resto de los poderes de una democracia, sí se revisó el trabajo de un periodista por quienes controlaban el Estado sin haber sido elegidos mediante el voto para ocupar sus cargos. La Junta Militar analizó si los artículos del diario La Opinión, de Jacobo Timerman, complotaban contra sus intereses. Nada parecido podría suceder ahora.
