Después que el Tribunal Oral Federal 3 concediera la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación al Estado en la causa Oil Combustibles, el abogado del empresario K pidió ante el juez Claudio Bonadio que le otorgue la libertad a su defendido a quien le dictó prisión preventiva en otras dos causas vinculadas a los Cuadernos de las Coimas. Este jueves a última hora, el TOF 3 integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos otorgaron bajo caución juratoria, la excarcelaron a ambos empresarios pero la resolución sostiene que la misma "no se hará efectiva por permanecer detenidos a disposición del Juzgado" de Claudio Bonadio, quien tiene que decidir si concede la excarcelación en la causa de los Cuadernos. Por ello, el abogado de Cristóbal López, Fabián Lértora, este viernes presentó un escrito solicitando ante Bonadio la excarcelación. Recibir newsletter En caso que el magistrado rechace el pedido que podría dejar en libertad a López, será la Sala I de la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la que deberá definir sobre la libertad de López y De Sousa. Estos tiempos los maneja el juez Bonadio y luego, dicha Cámara: todo eso podría resolverse desde este viernes hasta el próximo lunes. Se trata de la Cámara Federal Porteña, en ese momento integrada por los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah (con la oposición de Bruglia) que hace un año ordenó la libertad a los dueños del Grupo Indalo, un fallo luego revocado por Casación. El TOF 3 es el responsable de juzgar a los empresarios junto a Ricardo Echegaray por haber defraudado al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. La Justicia determinó que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con dichos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación. En el marco de esta causa, el juez Julián Ercolini ordenó el procesamiento con prisión preventiva. Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención de López y De Sousa, el juez concluyó que sus dueños cometieron acciones "dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a Op Investiment, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir "una inhibición de bienes que lo impedía". Entonces se planteó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada por posible fraude. En este sentido, se señaló que la medida cautelar estaba vinculada directamente al pago de la deuda con la AFIP y que de los escritos presentados por López y De Sousa "no surgía cómo se iría a abonar; como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional”. Los dueños del Grupo Indalo manifestaron que la cesión tenía como objeto "recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar la continuidad de sus negocios y el pago de deudas". A raíz de la intención de venta se inició un nuevo expediente donde se investigó la transferencia que se buscó hacer de las tenencias accionarias del denominado “Grupo Indalo” a un grupo comprador representado por los Dres. Dellatorre Balestra y Burgio (posteriormente reemplazado por Rosner). Se debía determinar en este caso si hubo una acción fraudulenta. La. semana pasada la jueza María Eugenia Capuchetti sobreseyó a López y a Fabián De Sousa, al sostener que "no se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos". Ante estos argumentos Fabián Lértora -abogado de Cristóbal López-, solicitó ante el Tribunal la excarcelación al entender que ante "la inexistencia del hecho que se utilizara para justificar la detención preventiva de nuestro asistido, corroborada por el sobreseimiento dictado en el marco de la causa 20.509/2017, genera que la misma deba cesar inmediatamente. Dicho de otra forma, la tramitación de la causa anteriormente mencionada ha demostrado, que nunca ocurrió el suceso en el que se basó la supuesta existencia de riesgo procesal y, por ello, no hay peligros procesales que justifiquen el encarcelamiento preventivo". A estos argumentos dieron respaldo los jueces del TOF 3. Al momento de argumentar su decisión, el juez Machado Pelloni sostuvo que al haber obtenido el sobreseimiento en la causa que investigaba la presunta venta de Indalo, "han variado sustancialmente las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva de López y De Sousa y su mantenimiento por este Tribunal. Ese cambio justifica el nuevo estudio, ante el pedido de la defensa". Asimismo, el magistrado remarcó que "el temperamento adoptado, deja sin sustento el riesgo procesal -entorpecimiento de la investigación- que dio fundamento a la prisión preventiva de López, y en consecuencia corresponde habilitar su excarcelación". Este planteo fue respaldado por los otros integrantes del TOF 3 Andrés Basso y Javier Ríos. Sin embargo, la decisión quedó supeditada a la decisión que tome el juez Bonadio quien procesó con prisión preventiva a López y a De Sousa en la causa de los Cuadernos en el tramo que se investigó la cartelización de la Obra pública y dos expedientes conexos más.
