Después de un año desde que comenzó la instrucción de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, el juez Claudio Bonadio dio por corroborados los dichos de los 31 imputados colaboradores y asimismo, señaló en un informe de 100 páginas que sus aportes fueron "sustanciales" para confirmar la existencia de una "estructura delictiva" que se dedicó al cobro de "fondos ilegales". Así, el magistrado dio por cumplimentado lo que exige la Ley del Arrepentido. Todo comenzó el 1 de agosto de 2018, con ocho cuadernos escritos a mano por Oscar Centeno, ex chofer del asesor y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta. Las puntillosas anotaciones de Centeno, quien durante doce años consignó minuto a minuto sus viajes para recolectar sobornos, se expandieron en la justicia hasta niveles impensados para los investigadores: la causa tiene 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”. Pero pese a la cantidad de procesados, quedan pocos detenidos en la causa: solo 7. El único empresario preso es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que nunca se arrepintió y consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. También siguen detenidos por este expediente Julio De Vido, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Oscar Thomas (ex directivo de Yacyretá), aunque este último con domiciliaria. Recibir newsletter La causa principal -que en el juzgado federal 11 a cargo de Bonadio estiman será elevada a juicio oral en los próximos días- avanzó gracias a una herramienta clave: la ley del "imputado colaborador", más conocida como "ley del arrepentido". Este instituto legal aprobado por el Congreso en 2017 sólo había sido utilizado en dos causas por corrupción de repercusión mediática, la "ruta del dinero K" -con el testimonio de Leonardo Fariña- y el caso Ciccone, con la confesión del testaferro de Amado Boudou Alejandro Vanderbroele. Esta Ley exige al juzgado que en el plazo de un año corrobore los dichos de los "arrepentidos", es decir, que genere medidas de prueba en función de las confesiones recibidas por la fiscalía, en este caso a cargo de Carlos Stornelli. De confirmarse que algunos de los planteos no eran ciertos, los imputados perderían todos los beneficios y quedarían detenidos acusados de falso testimonio agravado. Transcurrido el tiempo impuesto por la normativa, este jueves el juzgado de Bonadio publicó un informe de cien páginas donde sostiene que los dichos de los 31 imputados colaboradores fueron comprobados y junto a ello, que los aportes brindados "fueron sustanciales para el desarrollo del expediente". Así, la causa contó con más testimonios claves. La ley del arrepentido permitió que el fiscal Stornelli ─quien a su vez está imputado como partícipe de supuestas maniobras de espionaje ilegal por el juez federal de Dolores─ realice diversos acuerdos de colaboración. Entre ellos, quienes llevan la causa en Comodoro Py destacan al "cuarteto”. Dos empresarios y dos funcionarios arrepentidos que permitieron desentrañar cómo operaba el mecanismo. El primer arrepentido que la causa de los cuadernos tuvo hace exactamente un año fue el chofer Oscar Centeno, quien en la audiencia corroboró que los cuadernos habían sido escritos por él y ratificó su contenido. En sus páginas contaba encuentros en los que Baratta retiraba de distintos lugares de la ciudad bolsos, mochilas, valijas y bolsas con dinero que era cobrado a empresarios del área energética, de la obra pública y del sistema de transporte en concepto de coimas. Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue el primer empresario en revelar la existencia de una estructura de negociados que bajó desde Planificación Federal, estableciendo porcentajes de coimas en función de los contratos otorgados. Junto a esta confesión, se evaluó la de otro ex titular de la Cámara, Juan Chediak, “que confirmó la estatización del sistema de cartelización”. Otro testimonio clave fue el de José López, el primer ex funcionario de peso que aceptó acogerse a la figura del imputado colaborador, que contó cómo le cobraban a los empresarios los sobornos y cuál el rol de la ex Presidenta, a quien señaló como “conocedora de los hechos”. “¿Vas a hacer parte del problema o de la solución?”, le preguntó Cristina Kirchner en la quinta de Olivos después del fallecimiento de Néstor Kirchner. En su confesión, el ex secretario de Obras Públicos dijo que en su mano la senadora tenía un cuaderno donde se detallaba -de puño y letra del ex Presidente-, porcentajes de coimas, empresas, montos y obras. El ex funcionario y allegado a Julio De Vido Claudio Uberti fue otro de los arrepentidos importantes que integra el "cuarteto". Contó de las órdenes que recibía del ex ministro para arreglar con empresarios, a quienes se les otorgaba la concesión de peajes, y las indicaciones que descendían por parte de Néstor Kirchner. Pero además agregó información sobre los movimientos de bolsos con dinero que realizó Daniel Muñoz, contó dónde se guardaba ese dinero en Río Gallegos y los viajes a Santa Cruz en la flota presidencial. Del entorno de los Kirchner pero sin ocupar un cargo en la función pública, la lista de 31 imputados colaboradores también contó con la palabra de Víctor Manzanares, ex contador de la senadora que declaró sobre movimientos de dinero del ex matrimonio presidencial, sus negociados en el rubro hotelero y cómo Muñoz guardaba dinero en el sur. Por fuera de este círculo, pero que corroboró lo que contó Wagner, se ponderó entre los más importantes el testimonio del financista Ernesto Clarens. Sus aportes “explicaron la pata financiera de partes de las operaciones y, sobre todo, lo vinculado a las maniobras de Muñoz en el exterior" y "la cartelización en la obra pública, las empresas intervinientes y cómo se realizaban los pagos". Otros testimonios considerados como relevantes, fueron los generados en el marco del tramo por lavado de dinero que se centró en las operaciones de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) en el exterior. Sergio Todisco, Carlos Cortéz y Carolina Pochetti fueron los tres principales arrepentidos, que permitieron configurar "la ruta de fondos, las 15 sociedades constituidas para adquirir 17 inmuebles entre Miami y Nueva York por 70 millones de dólares", señalaron fuentes judiciales. El recorrido del expediente, a estas alturas, sostiene que en los años de gobierno kirchnerista funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que fueron comandados por Néstor y Cristina Kirchner". En ese período, según escribió Bonadio, existió un "pacto ilícito" entre funcionarios y empresarios, que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente)". En la argumentación de los procesamientos a los acusados, el juez dijo que para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas". Esta acusación se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por la Importación de gas licuado, las coimas para la concesión de corredores viales, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos, y para los trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner Daniel Muñoz. Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como jefa de la asociación ilícita, y con un pedido de prisión preventiva que no se concreta por sus fueros como senadora.
