Además de las causas que en Avellaneda y Lomas de Zamora investigan supuestas maniobras ilegales de Hugo y Pablo Moyano vinculadas al club Independiente y al correo privado OCA, otro expediente avanza en la justicia federal porteña, y en el cual una pericia oficial aportará novedades. Se trata de una denuncia presentada por diputada Graciela Ocaña contra el titular de Camioneros, por el desvío de fondos de la obra social de ese sindicato hacia las empresas manejadas por sus familiares Iarai –la nave insignia-, Dixey, Organización de Seguridad Las Marías, Selca SRL y Aconra. Según se investiga en el expediente, estos movimientos guardan correlación con el incremento patrimonial del grupo familiar y se analiza si responden, además a maniobras de lavado de activos. Se investiga una ruta de 35 millones de pesos. En una ampliación de la denuncia, se planteó que en función de los balances de la obra social y las empresas se observa “una serie de sociedades que llevan adelante operaciones comerciales que no tienen sentido económico y que en realidad llevan adelante una integración horizontal que traspasa fondos originados en tributos obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades creadas al efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar, en una clásica operación de lavado, estos a su patrimonio personal dando apariencia de legalidad”. Recibir newsletter A raíz de esta hipótesis, el juez Bonadio ordenó a la Corte Suprema de Justicia una pericia contable. La primera conclusión que arroja el informe, según fuentes allegadas a los peritos, es que la estructura denunciada “funcionaba como tal: hay un circuito de fondos que iba del sindicato, hacia la obra social y desde allí a la gerenciadora propiedad de la familia Moyano”, explicaron. Sin corroborar las cifras aún, en la causa ya se comienza afirmar la hipótesis sobre la estructura “montada para el flujo de fondos entre el gremio y otras empresas vinculadas al grupo familiar”, indicaron fuentes de la pericia. La última información aportada a la causa muestra que la obra social en sus últimos cuatro ejercicios contables, “arrojó un patrimonio neto negativo de 636.935.873 pesos”. Por eso, la denuncia sostiene que la OSCHOCA “es inviable, mientras que las empresas Moyano-Zulet no pararon de ganar plata. No existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”, agregó Ocaña en su momento. La obra social de los camioneros “depende de los subsidios del sistema de salud, tanto reintegro del APE y del SUMA”. Estos pasaron de “334.000.000 pesos en diciembre del año 2014 a 776.000.000 pesos al 31 de diciembre de 2016”. Ese último balance, firmado por Hugo Moyano, “muestra que mientras los aportes y contribuciones crecieron un 36%, diciembre de 2016 vs diciembre 2015, los gastos prestacionales que facturan sus empresas familiares, superaron el 42 por ciento”. Por ello, se investiga si se puso en marcha una “estructura que podría encubrir una integración horizontal que tiene como objetivo blanquear el dinero a favor de los Moyano, el sobreprecio pasa de una empresa a la otra a través de operaciones cruzadas de préstamos, mutuos, alquileres de inmuebles, compra de acciones y venta de servicios entre ellas”. Para la denunciante, en este circuito "se oculta el origen ilícito de los fondos que provienen de la defraudación a la obra social y por tanto a fondos públicos”. En menos de 10 años, se contabilizaron traspasos a favor del grupo Moyano-Zulet por “la nada despreciable cifra de 35.213.846 pesos descompuesta de la siguiente manera: Iarai 15.770.826 pesos, Aconra 11.057.253 pesos y Dixey 8.385.767 pesos”. ¿Cómo se estructuró el movimiento de fondos? La denuncia indica que Iarai, manejada por la esposa de Moyano, Liliana Zulet, tuvo en el 2009 “ganancias, después de impuestos, que ascienden a 6.090.357 pesos, duplicando con exceso las del año anterior, que ascendían a 2.717.907 pesos”, según los balances presentados ante la Inspección General de Justicia. Esta firma es una gerenciadora creada para absorber los fondos de la obra social, realizando “una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la familia Moyano”, denunció Ocaña. Iarai también hizo préstamos a las sociedades vinculadas Aconra y Dixey, y compró del 50 por ciento de las acciones de la Organización de Seguridad las Marías. Por otro lado, Iarai hizo ventas a la obra social de Camioneros “por 129.673.314 pesos, lo que representa un aumento del 61 por ciento respecto de la facturación del año anterior”. A lo que suma ingresos “por cobro de alquiler a la empresa Dixey S.A. por 679.849”. Dicha recomposición de los ingresos le permitió a Iarai “inyectar nuevos fondos a otra de las empresas del grupo: Dixey S.A. Le giró 567.071 pesos, que deben adicionarse a un préstamo anterior; ascendiendo la inversión en la empresa vinculada a 2.027.137”. No es la única empresa investigada. Dixey S. A fue creada en el año 2002 y, un año después la familia Moyano-Zulet ingresó en la sociedad. Hasta entonces, la única actividad comercial conocida “es la compra de 3 inmuebles en la zona de Parque Leloir de 7001 metros, con domicilio en la calle de los Baqueanos 860 y lotes aledaños. En esta dirección ¡oh casualidad! ha fijado su domicilio particular la señora Liliana Zulet de Moyano”, consta en el expediente. Por otro lado, bajo la lupa se encuentra Aconra, otra de las empresas integrantes del holding Moyano-Zulet, que ya he denunciado en esta causa, y “cuya actividad está centrada en la construcción y el gerenciamiento de hoteles del sindicato de Camioneros” explicó la legisladora.
