Durante la entrevista televisiva que concedió el pasado fin de semana, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que el dinero que el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país en 2007 era plata de la corrupción del régimen chavista que "iba a ser depositada en Uruguay". A raíz de esta declaración, la oposición en Uruguay pidió abrir una investigación. El senador y candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, destacó la necesidad de investigar "seriamente" los "lazos comerciales, económicos y oscuros entre el chavismo y los gobiernos del Frente", según consignó el diario El País de Uruguay. En tanto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi, que suele trabajar en causas conjuntas entre ambos países con Graciela Ocaña, afirmó que la fiscalía debería investigar "de oficio". "Fernández está tratando de comprar futuro, pero nosotros ya sabíamos que esto venía para Uruguay", consideró. En ese momento en la Argentina se llevaba adelante la campaña de Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2008. El episodio de la polémica ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en un avión de la empresa Royal Class contratado por ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y encontró USD 790.550. Tras el escándalo, Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi). En Uruguay, en aquel momento, también se abrió una investigación. Estuvo a cargo del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, a raíz de una denuncia que presentaron tres diputados del Partido Nacional -Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Rodolfo Caram. Según El País, los diputados opositores expresaron que Antonini ingresó a Uruguay siete veces entre 2006 y 2007 y que la actividad principal era "concretar negocios", oficiar "como lobbista" y que su nombre había aparecido vinculado a operaciones de intercambio entre Venezuela y Uruguay. En 2010, el juez no encontró pruebas y clausuró el caso.
