Amenazas de demandas judiciales por la destrucción del bosque en más de 400.000 hectáreas del departamento de Santa Cruz y movilizaciones ciudadanas que reclaman la declaratoria de desastre nacional y piden ayuda internacional le han dado un giro esta semana a la campaña electoral de Bolivia, sobre todo a la del presidente Evo Morales. El nuevo paro cívico nacional de este miércoles, contra la habilitación del binomio oficialista y en defensa del referéndum del 21-F, entró prácticamente en segundo plano por la gravedad de los incendios forestales. El Comité pro Santa Cruz, el más fuerte en las movilizaciones cívicas contra la postulación de Morales, suspendió el lunes su participación en la medida de protesta, debido al desastre ambiental. Horas antes, el presidente de Bolivia había decidido cortar sus actividades proselitistas para estar en la zona afectada por el fuego, donde anunció varias acciones del Gobierno, aunque fue criticado por algunos de sus adversarios políticos, que consideraron tardía la reacción del Presidente. Otro candidato presidencial que visitó la zona fue Carlos Mesa, el principal rival de Morales, que se ganó críticas por electoralizar el desastre ambiental. "El Gobierno reaccionó tarde y mal, casi dos semanas después y sin un plan estratégico. Para Evo Morales la prioridad es su campaña y no gobernar Bolivia", afirmó el opositor Mesa desde la zona incendiada, mientras era calificado de "oportunista" por dirigentes de la también opositora alianza Bolivia Dice No. Mientras el Gobierno asegura que los incendios en la zona de la llamada Chiquitania han mermado y que no se necesita ayuda internacional, un grupo de pobladores de Roboré, que es una de las zonas más afectadas, convocó a una marcha para exigir que el Presidente pida auxilio del exterior. "Necesitamos ayuda internacional. Los dos helicópteros del Gobierno no abastecen. Los hombres que luchan contra el fuego ya no aguantan. Queremos que se firmen acuerdos internacionales, con gente especializada para apagar el fuego del valle de Tucabaca, que es un pulmón mundial. Ya hay niños enfermos, aguas contaminadas y los animales están llegando al pueblo", dijo una mujer de Roboré, en un video difundido el martes por el diario Página Siete. Otra movilización de plataformas ambientalistas de Santa Cruz reclamó el martes en la noche la declaratoria de desastre nacional y la gestión de ayuda internacional, la abrogación de normas aprobadas por el Gobierno que supuestamente perforaron los planes de uso de suelo de tres regiones, la identificación de responsables de las transgresiones de la ley y declarar la inamovilidad de los bosques afectados por el desastre. La madrugada de este miércoles, pobladores y productores de la comunidad de San Rafael de Velasco se quejaron ante el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fenando Camacho, de la desatención de las autoridades. "Ustedes son los primeros que nos visitan y estamos en emergencia desde hace un mes por la sequía y los incendios. También somos humanos y bolivianos. Si quieren que nos dobleguemos por ayuda lo hacemos. Esta es una zona de desastre. No llega ayuda y ni siquiera una nota o la palabra de una autoridad nacional y departamental. Estamos solos y por perder unas 40.000 cabezas de ganado", dijo un productor de San Rafael de Velasco. Anuncios de juicios Mientras el ministerio de Defensa de Bolivia aseguró en las últimas horas que "en toda la zona de la Chiquitania el incendio ha bajado en su magnitud y que al momento está mejor controlado", empezaron a plantearse en algunos sectores la necesidad de sanciones e incluso demandas que apuntan al presidente Morales. Alex Villca, líder indígena de la Amazonia y portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Areas Protegidas (Contiocap), dijo a la agencia de noticias Fides que el responsable, en primera instancia, del desastre es el Gobierno. "Es al presidente Evo Morales a quien se le debe pedirle rendición de cuentas. ¿Cuáles van a ser esas rendiciones de cuentas? Un juicio de responsabilidades por esta cantidad de hechos que están ocurriendo en el país, esta cantidad de violaciones a los pueblos indígenas y también de los derechos de la madre naturaleza", afirmó el indígena de San José de Uchupiamonas. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también apuntó a la responsabilidad de Evo Morales y mencionó demandas legales contra las autoridades por los incendios forestales. "Sabemos que hay responsabilidad de las autoridades nacionales en este desastre y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que la gente sepa toda la verdad y los culpables sean juzgados. Hago responsable a Evo Morales y su Gobierno por esta situación, generada por los asentamientos indiscriminados e inconstitucionales en nuestras tierras, hechos que hemos venido denunciando desde hace tiempo y que ha causado la depredación de las áreas forestales para asentar colonos. El Gobierno ha minimizado el voraz incendio para continuar su política de asentamientos en tierras cruceñas. Si nuestras autoridades están ausentes, analizaremos la posibilidad de hacer una demanda por delitos ambientales", sostuvo. Descontrol de las quemas Para las organizaciones ambientalistas, las causas de los desastres tienen relación con la decisión del Gobierno de ampliar la frontera agrícola y ganadera, en alianza con los sectores ganaderos, agroindustriales y los colonizadores afines al partido de Evo Morales. "Toda la devastación es fruto de una política económica irracional de ampliación de monocultivos (soja y caña) y mayor extensión de la ganadería. Es absolutamente irresponsable que el Gobierno esté sumergido en sus actividades electorales en esta situación de desastre", sostiene un documento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Areas Protegidas (Contiocap), en el que también se pide derogar la ley 741 y el decreto 3973, que se promulgó recientemente para permitir las quemas controladas. Organizaciones ambientalistas e indígenas cuestionan el giro de la visión de la política de Evo Morales, que ha proclamado siempre la protección de la Madre Tierra, pero que entró en contradicciones con obras como la carretera que cruza el Territorio Indígena Isiboro Secure (Tipnis) y la explotación de hidrocarburos en áreas como Tariquía. Precisamente, este martes hubo un Cabildo de comunarios en Tarija que decidió oponerse a las actividades de una petrolera en esa zona. En una declaración de esta semana, el presidente Morales expresó que es importante el control de las quemas. "También quiero que sepan que los pequeños productores sino chaquean (queman), ¿de qué van a vivir?" La respuesta del Gobierno Ante las críticas a la reacción tardía ante los incendios y la tolerancia a las quemas, el director de la Administradora de Bosques Tropicales, Clíver Rocha, aseguró que el Gobierno realizó controles todo el mes y estuvo en la zona del incendio hace diez días. "He recibido demandas corporativas de sectores que quieren que les demos la gasolina y el fósforo y otros que metamos a la cárcel a los quemadores. Tenemos que hacer una reflexión colectiva", expresó. El Gobierno informó de que 1.000 personas trabajan contra las llamas y que se ha desplazado tres helicópteros a la zona. No hay muertos ni heridos y se contabilizó la destrucción de una decena de viviendas. También se suspendieron las clases en los colegios de algunas poblaciones como Roboré y hay muchas especies de la fauna afectadas. El Ministerio de Defensa entregó seis toneladas de ayuda y movilizó seis cisternas.
