Miguel Ángel Pichetto salió al cruce de las provincias, que advierten que podrían presentarse en la Justicia por el impacto fiscal que les generan en las arcas las medidas económicas que dispuso Mauricio Macri para aliviar a las clases media y baja. "Las iniciativas son razonables y no afectan fiscalmente" a las gobernaciones, dijo el candidato a vice de Juntos por el Cambio antes de entrar al seminario de Clarín Democracia y Desarrollo, que se realiza en el Malba. Un día antes gobernadores peronistas y de otros partidos de la oposición se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y consensuaron un documento en el que le exigieron a Nación que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica y rebaja del Impuesto a las Ganancias, "en resguardo de las finanzas provinciales". Además reclamaron una compensación de $30 mil millones por lo que dejarán de recaudar solo en concepto del impacto de la suba del piso de Ganancias. Los jefes provinciales cuestionan que las medidas oficiales fueron dispuestas "en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas". En respuesta, Pichetto aseguró que "no impactan fuertemente en las provincias" y dijo que los distritos "están en una situación de recursos muy superior al 2015". Pichetto dijo que las medidas económicas que dispuso Macri, en un gesto a las clases media y baja, "están dirigidas a los sectores populares y más carenciados, para que mejoren su poder adquisitivo". Recordó que los gobernadores "siempre tienen el camino del reclamo judicial ante la Corte Suprema si se consideran afectados". Aunque advirtió, a poco más de dos meses para las elecciones generales: "No veo a los gobernadores haciendo una medida en contra de sus trabajadores". Mandatarios provinciales de la oposición, que se reunieron en el CFI, se quejaron de que el Gobierno "hace compartir los costos fiscales al no disponerse con (las medidas) las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento". Cuestionaron que las jurisdicciones se encuentran en "grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes" y que eso podría amenazar "la paz social" en los diversos distritos como consecuencia de lo que, consideran, es el resultado de "malas políticas económicas y financieras" del Ejecutivo. Participaron del encuentro los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros. Tras la reunión las provincias de Río Negro, La Pampa y Neuquén presentaron ante la Corte Suprema de Justicia el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el congelamiento del precio de las naftas por 90 días. Argumentan que verán afectados sus ingresos por regalías, que habrá reducción de la actividad y riesgo de inversiones. Tal como había adelantado el gobernador Gutiérrez, Neuquén pidió la nulidad del DNU 566 por considerar que "modifica inconstitucional y arbitrariamente, el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y -consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas". Mientras que el gobernador de Río Negro, Weretilneck, explicó que con esta medida la provincia patagónica y los municipios dejarán de percibir unos $1.000 millones. En tanto que el gobernador de La Pampa Verna explicó que hicieron una presentación por medio del fiscal de Estado José Vainini para reclamar que el Gobierno "cese la medida y que le permita a la provincia seguir cobrando lo que le corresponde".
