En el Gobierno llamó la atención que el empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurtz (55 años) llegara tranquilamente el viernes al Aeroparque Jorge Newbery -sabiendo que tenía un pedido de captura de Interpol- donde fue inmediatamente detenido. Su captura, está precedida por un largo historial de escándalos en Argentina y México y de vínculos con importantes figuras de ambos países, como Aníbal Fernández o el ex titular de la AFA Julio Grondona, y la ex ministra de Desarrollo Social mexicana, detenida en la capital mexicana la semana pasada. Incluso, fue denunciado por supuestos vínculos con el tráfico de la efedrina, pero la jueza federal María Servini de Cubría nunca llegó a imputarlo y le dio un certificado que aclaraba su situación legal. De padre argentino y madre mexicana, Ahumada llegó a regentear dos clubes de fútbol en México y dos en Argentina. El pedido de extradición es por una defraudación fiscal de unos 70.000 dólares, una cifra menor. Solo en su poder, el viernes, la Policía Federal le secuestró 100 mil dólares que tenía en un bolsillo. Ahumada fue detenido al llegar tranquilamente al aeropuerto en un vuelo proveniente de Tucumán, una semana después de que el juez federal Sebastián Ramos recibió una solicitud de autoridades judiciales mexicanas para su arresto con fines de extradición y él estaba al tanto. “¿Querrá que lo extraditen a México?”, se preguntó una fuente gubernamental argentina ante Clarín. Ahumada, también, es acusado de una supuesta extorsión contra la ex ministra Rosario Robles, con quien mantuvo una relación amorosa en los años previos a su primer arresto. Recibir newsletter Su extradición “interesa mucho” a la justicia mexicana y también el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2016 por el peso que Ahumada tuvo en la interna política mexicana. Ese año se abrió un debate sobre si correspondía su detención en la sala de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la que finalmente votó en contra del empresario y habilitó a que ayer el juez Ramos concretara su detención con fines a un juicio por extradición que durará varios meses, a menos de que Ahumada presente eventualmente su conformidad. El empresario había llegado a la Argentina en el 2007, luego de haber estado detenido preventivamente en México por un escándalo con videos en que se veía a políticos mexicanos recibiendo grandes sumas de dinero. En Argentina regenteó, con mala suerte, Talleres de Córdoba y luego un equipo de San Luis. Y había abierto un insólito juicio en un juzgado del Chamical, La Rioja, reclamando 34 millones de dólares al PRD de México porque, decía, obras públicas que había realizado y no le pagaron. En esa época era amigo del ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni. En el 2017, reclamó, también, 100 mil dólares al ex jefe de gabinete y ex presidente de Quilmes Aníbal Fernández por la supuesta compra del sobrino del político K, Fernando Pagés, que pagó y dijo nunca recibió los derechos de la transferencia, en un dato inédito de la relación entre ambos. Por otra parte, Ahumada desmintió los dichos de Martín Lanatta –condenado por el Triple Crimen de General Rodríguez- sobre el supuesto pago, a través suyo, de sobornos a Aníbal F. como “peaje” por el tráfico de 50 toneladas de efedrina a México. Ese año, Ahumada afirmó en una entrevista con este periodista que “Aníbal Fernández aún me debe plata” pero por negocios del fútbol. “Le pagué 100 mil dólares por el anticipo del pase de un sobrino de Aníbal que jugaba en las inferiores, la operación no se concretó y nunca le devolvió la plata”, afirmó Ahumada. “La plata se la di a un secretario de Aníbal llamado José Carlos García”, puntualizó. La reunión con Aníbal había sido en el 2008 cuando era ministro de Justicia. Como supuesta prueba de esa deuda, el empresario mostró varios de “los 105 mails” que le había mandado al entonces ministros en los que le reclama que le devuelva la plata y el ex funcionario K “no contestó”. La deuda habría sido por el pase del delantero Pagés, quien comenzó su carrera en Argentino de Quilmes y luego militó en Los Andes, Tristán Suárez, en el club Persiraja de Indonesia, y Huracán. Por una gestión de Aníbal, pasó a jugar en el Crucero del Norte de Misiones pero allí se lesionó y luego se retiró. Aníbal admitió que se reunió una vez con Ahumada por “cuestiones del fútbol”, pero negó categóricamente haber recibido dinero por el pase de su sobrino del cual, dijo, “nunca fui su representante”. “En el mundo del fútbol los empresarios son tan rápidos como los de la carne o la pesca. ¿Usted cree que le van a dar mi secretario 100 mil dólares sin un recibo y sin la firma de la transferencia de los derechos federativos o económicos?”, agregó Aníbal Fernández. En el 2015, Martín Lanatta -uno de los autores materiales del Triple Crimen de General Rodríguez- en una entrevista que le realizó Jorge Lanata para el programa Periodismo para Todos (PPT) había hablado de un supuesto pago de los 250 mil dólares que Sebastián Forza -una de las víctimas de ese triple crimen- le habría hecho a Aníbal F. en una oficina del departamento central de la Policía Federal. En el reportaje, Lanatta había asegurado también que la plata la habría retirado de la casa de “Carlos Agustín Ahumada Kurtz”. Ahumada negó haber hecho esos pagos y luego consiguió que la jueza Servini certificara que ese dato era falso y que no tuvo que ver con el tráfico de efedrina en el que sí están procesados varios ex funcionarios K. En cambio, Ahumada sí admitió una supuesta deuda por el pase del sobrino de Aníbal y dijo que logró que una secretaria del ministro le contestara en junio del 2010 y que le habría pedido que siguiera la gestión con ella. Pero la mujer le respondió, a través de otro correo electrónico, que “dada la complicada agenda del doctor Fernández” no le podía dar otra audiencia, según un mail a cuya copia accedió este periodista. En el 2011, siempre en términos amables, Ahumada le siguió reclamando a Aníbal ese dinero. Por otra parte, Ahumada tampoco tuvo suerte con Talleres de Córdoba de donde “se fue peleado con un hermano de (José) Granero a quien le ganó un juicio por un litigio empresario”. Cuando Ahumada llegó a la Argentina en 2007, luego una estadía en la cárcel mexicana por el escándalo de los videos políticos, le compró al hermano del titular de la secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Carlos Granero, el 70 por ciento de la empresa Ateliers SA que administró la quiebra del club Talleres de Córdoba. Luego Ahumada siguió con el club Atlético Juventud Unida de San Luis y con la compra y venta de jugadores y de allí emigró a Estudiantes y fue denunciado por supuesto lavado de dinero por el dirigente de la Alameda y amigo del Papa, Gustavo Vera. Sobre sus escándalos en México, Ahumada afirmó que la detención que sufrió en 2004 fue "política". Ese año se lo filmó entregando dinero a René Bejarano, por entonces operador del candidato a presidente del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) y alcalde de la ciudad de México López Obrador. En medios de prensa mexicanos se afirmó que con la maniobra se buscó dañar la imagen de López Obrador, quien finalmente perdió esa elección presidencial. En esos años, Ahumada había sido amante de la reemplazante de López Obrador en el Distrito Federal, Rosario Robles, quien le facilitó el acceso a funcionarios y políticos. En el 2004, la cadena Televisa difundió varios videos en los que aparecían tres allegados al hoy presidente López Obrador en situaciones comprometedoras con el manejo de dinero. En otro, se ve el ex tesorero del intendente en turno, Gustavo Ponce, haciendo millonarias apuestas en casinos de Las Vegas. Medios mexicanos sostienen ahora que la detención de Ahumada, que fue contratista y dueño de dos equipos de fútbol de primera división (León y Santos), aparecería como una especie de "vendetta" política del actual gobierno de López Obrador. Un tercer vinculado con los llamados "video-escándalos", que causaron un enorme revuelo en su momento y estaban aparentemente destinados a sabotear la candidatura presidencial de López Obrador, es el abogado Juan Collado, detenido el 9 de julio pasado por crimen organizado y lavado de dinero, informó la agencia de noticias ANSA. Collado era también abogado de Ahumada. La ex ministra de Desarrollo Social, Robles (63 años) ocupó dos cargos ministeriales en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y fue arrestada el 12 de agosto pasado por su responsabilidad en la denominada "Estafa Maestra". Se trata de un esquema de corrupción denunciado en 2017 por el sitio digital Animal Político y la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, que representó un desfalco para las arcas públicas de entre 250 y 400 millones de dólares. Al menos, 128 empresas fantasma recibieron dinero de 11 dependencias del Estado hacia 8 universidades públicas contratadas para simular la prestación de servicios que nunca se realizaron y se justificaron con facturas falsas, según la investigación. Se presume que el dinero habría sido desviado en buena medida de fondos destinados a combatir la pobreza para financiar campañas políticas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y para los bolsillos de algunos funcionarios. Antigua militante maoísta, Robles cumplió una meteórica carrera desde las filas de la izquierda que la llevó hasta el liderazgo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando era el principal referente de esta corriente política Luego del video-escándalo, se alió con el ex presidente Carlos Salinas (1988-1994) y así logró formar parte del gabinete de Peña Nieto, como ministra de Desarrollo Social primero y luego de Desarrollo Urbano.
