El Gobierno decidió suspender el congelamiento de naftas que había anunciado el presidente Mauricio Macri esta mañana como parte del paquete de alivio económico. La medida preveía precios fijos en las estaciones de servicio de 90 días, pero finalmente la Secretaría de Energía abrirá un canal de diálogo con las empresas del sector para llegar a un acuerdo. La medida administrativa que iba a publicar la cartera de Gustavo Lopetegui iba a incluir precios fijos de naftas y gasoil durante tres meses. Al mismo tiempo, determinaba ajustes en el precio del petróleo crudo que compran y venden las empresas productoras y las refinerías. El nuevo marco contemplaba un dólar a $45, 19 y un valor internacional del barril de 59 dólares. La cartera de Energía evaluó distintas posibilidades para instrumentar jurídicamente el congelamiento. Una de las opciones que el Poder Ejecutivo barajó fue utilizar la ley de desabastecimiento, una norma de 1974 para intervenir en la compraventa de bienes muebles y servicios, y que generó incomodidad en las empresas del sector. Desde la Secretaría, de todas formas, aseguraron que la aplicación de esa norma es apenas una variante y que estudiaban alternativas. El economista especializado en el sector energético, Cristian Folgar, explicó a TN. com. ar que la consecuencia directa de un congelamiento de precios sería "una baja en los márgenes de ganancia en dólares". "Si mantenés los precios en pesos y el dolar aumentó, terminás cobrando menos en dólares", comentó. El congelamiento, además, podría representar un desafío para el mercado de las naftas a futuro. Para Folgar, "90 días no es un plazo como para que alguien cambie drásticamente una conducta". "Si alguna empresa estaba por firmar un acuerdo para trabajar con alguna operadora, por ejemplo en Vaca Muerta, y no tengan expectativas positivas para lo que venga desde el día 91, puede llegar a suspender algún proyecto de inversión", consideró. Pero además, cuando se cumplan los tres meses de congelamiento, el tipo de cambio probablemente haya terminado por atrasar los precios de los combustibles más que en la actualidad. "Seguramente cuando acabe esto vamos a tener que sentarnos a negociar una salida escalonada para evitar una suba fuerte", concluyeron desde el sector privado. En los últimos meses el Gobierno trató de aminorar la presión sobre los valores en los surtidores a través de la dosificación del ajuste del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que se actualiza trimestralmente. Desde junio, Energía buscó "partir" la suba prevista en varios tramos para que las petroleras tengan margen para absorber ese incremento sin trasladarlo a las estaciones de servicio.
