Si bien faltan 74 días para que los argentinos elijan a su nuevo Presidente de la Nación, el Frente de Todos comenzó a delinear cómo será la nueva estructura del poder en la Argentina a partir del 10 de diciembre. El kirchnerismo hace cuentas: de repetirse los resultados registrados en las PASO en las elecciones generales, Alberto Fernández quedará al frente del Poder Ejecutivo y el peronismo conformará bloques potentes en ambas cámaras de un Congreso donde la oposición quedará atomizada entre radicales, macristas puros, "lilitos" y otras expresiones menores. Para que el que control de los resortes del Estado sea total, la mesa chica ya trabaja en un plan para dominar el Poder Judicial. El primer objetivo es la Corte Suprema de Justicia. El próximo 1° de octubre termina el mandato de Carlos Rosenkrantz como presidente del cuerpo. Aislado, sin liderazgo y luego de un año en el que no pudo imponer su criterio en las sentencias más importantes, su tiempo parece terminado. Fernández y Cristina Kirchner tienen un candidato para reemplazarlo. Es un viejo conocido de ellos, Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Los interlocutores con el ex funcionario K son dos: su vocero, Silvio Robles, y una de las abogadas que integran su vocalía, Natalia Monayer. Ambos tienen línea directa con la candidata a diputada nacional Luana Volnovich, referente de La Cámpora. La relación nació cuando los integrantes del equipo de Rosatti y la dirigente camporista de llegada directa a Máximo Kirchner trabajaban con Ivan Heyn, uno de los primeros referentes de la agrupación juvenil que llegó a ocupar un cargo en el Gobierno (falleció en 2011 cuando se desempeñaba como subsecretario de Comercio Exterior). La estrategia K podría cristalizarse en las próximas semanas cuando se realice la reunión de acuerdos en la que los ministros comenzarán a discutir cómo y cuando se analizará la renovación de autoridades para los próximos 12 meses. No es descabellado pensar que a la par se pondrá en marcha la ingeniería necesaria para nombrar al nuevo procurador general de la Nación. Ese lugar se encuentra vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri nominó a Inés Weinberg de Roca, pero su pliego no fue tratado en el Senado. Los nuevos tiempos en la Justicia tendrán además consecuencias en la Cámara de Casación y en los juzgados federales, donde se sustancian las causas por hechos de corrupción. Se descuenta que en el máximo tribunal penal del país habrá dos nombres que ganarán peso inmediatamente. Se trata de Ana María Figueroa y Alejandro Slokar. La primera mantiene hace años una relación aceitada con el kirchnerismo. En Comodoro Py todavía recuerdan cuando Figueroa aceptó computadoras y televisores comprados por el entonces ministro de Planificación Julio De Vido pese a que sus pares de Casación habían rechazado el material. El segundo fue funcionario de Néstor Kirchner en 2004, uno de los fundadores de Justicia Legítima y discípulo de la teoría abolicionista de Eugenio Zaffaroni. El fiscal general ante la Cámara Federal, Raúl Pleé, y Ricardo Sáenz, el primer funcionario que dictaminó formalmente que Alberto Nisman fue asesinado, también están bajo la lupa K. Los magistrados federales de primera instancia que durante los últimos cuatro años investigaron los hechos de corrupción imputados al kirchnerismo también integrarán la lista negra de la nueva mesa judicial que imagina el Frente de Todos. Como era previsible, encabeza esa nómina Claudio Bonadio, el juez que procesó a CFK en al menos 10 causas y pidió su desafuero para que sea detenida, entre ellas en la emblemática investigación por los cuadernos de la Corrupción. Por razones similares, se suman a él Julián Ercolini (ordenó detenciones de empresarios y ex funcionarios), Carlos Stornelli (es el fiscal que accedió a las anotaciones del chofer Oscar Centeno e impulsó la detención de Julio De Vido) y Guillermo Marijuan (lideró la ruta del dinero K).
