Un periodista habla con gente honesta y deshonesta, con simpáticos y antipáticos, con buenos y malos, con ricos y pobres. Su única misión en la vida es buscar una aproximación a la verdad, allá donde ella está o pudiera estar. Por eso, ningún periodista debe ser juzgado, y mucho menos procesado, por sus fuentes de información. Sin embargo, esto es lo que el juez filokirchnerista Alejo Ramos Padilla acaba de hacer con el reconocido periodista Daniel Santoro, a quien procesó como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión perpetrados por el falso abogado Marcelo D'Alessio. Ramos Padilla podría ser un anticipo del futuro si regresara al poder la facción política que lidera Cristina Kirchner. Santoro escribe en el diario Clarín desde hace 28 años; ese diario forma parte del conglomerado de medios periodísticos al que la expresidenta le declaró una guerra sin cuartel ni tregua cuando estaba en el poder. D'Alessio es un personaje caricaturesco. Antes de que se lo conociera públicamente, circulaba entre periodistas, fiscales y jueces pavoneándose con su condición de agente de la DEA, la agencia norteamericana que lucha contra el tráfico de drogas. Así se lo dijo también a Santoro. Santoro no le creyó. Ningún agente de la DEA dice que es agente de la DEA. Pero también repartía otra clase de información sobre supuestos hechos de corrupción, que un periodista de investigación (y Santoro lo es) tiene la obligación de recibir y chequear. La Constitución Nacional y el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que tiene aquí jerarquía constitucional, protegen el derecho de publicar opinión e informaciones por parte de la prensa. La Constitución argentina fue más allá con la reforma de 1994 y protege también las fuentes de información de los periodistas. La jurisprudencia vigente amplió esa garantía hacia la agenda, anotaciones y archivos de los periodistas. Por eso, la historia reciente está cargada de casos en los que periodistas revelaron informaciones que están bajo secreto de Estado (las declaraciones de contribuyentes ante la AFIP, por ejemplo). Pero en ningún caso la Justicia avanzó en la investigación de los periodistas. Hurgó, en cambio, en los agentes del Estado que habían filtrado esa información, no en lo que hizo la prensa. El caso D'Alessio estalló como una operación perpetrada desde la cárcel de Ezeiza por exfuncionarios kirchneristas presos para cuestionar la gestión del fiscal Carlos Stornelli, el principal investigador de la causa de los cuadernos. La operación completa intenta manchar al mismo tiempo al juez de esa causa, Claudio Bonadio. Fue una operación primaria y tosca. D'Alessio sorprendió con una llamada urgente a Stornelli en Pinamar, donde el fiscal estaba de vacaciones, y le llevó al empresario Pedro Etchebest. Alguien sacó una foto oportuna de los tres en un balneario público. ¿Una extorsión en un balneario público? Raro. El empresario denunció luego que lo extorsionaron para que no fuera indagado en la causa de los cuadernos. Etchebest nunca figuró en la causa de los cuadernos. Presentó la denuncia por extorsión en el juzgado de Dolores, a cargo de Ramos Padilla, que tiene jurisdicción sobre Dolores. La operación se inició en territorio kirchnerista (la cárcel de Ezeiza) y terminó en jurisdicción kirchnerista (el juzgado de Dolores). El padre de Ramos Padilla, el también juez Juan Ramos Padilla, es un furioso opositor del gobierno de Macri y frenético defensor de Cristina Kirchner. Santoro fue procesado por el caso del venezolano Gonzalo Brusa Dovat, un exejecutivo de Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela, que fue despedido mientras cumplía funciones en la Argentina. Fue un testigo voluntario ante la fiscalía de Stornelli, aunque no fue este el que lo tomó la declaración. D'Alessio le ofreció a Santoro un reportaje a Brusa Dovat, al que el periodista se negó en principio (se iba de vacaciones), aunque luego aceptó porque D'Alessio le advirtió que le daría la nota a otro diario. El reportaje fue en un restaurante muy conocido y Brusa Dovat aceptó que la entrevista fuera grabada y que se hiciera pública. ¿Dónde está la extorsión? Santoro le dijo al juez Ramos Padilla, en su indagatoria, que ahora está seguro de que fue el propio Brusa Dovat quien impulsó, a través de D'Alessio, el contacto con varios periodistas. El otro caso es el de Mario Cifuentes, a quien Santoro asegura no haber conocido nunca. Tampoco conoció a Etchebest. Cifuentes es un contratista del Estado con una deuda millonaria con la AFIP. Ramos Padilla acusa a Santoro de extorsión porque lo nombró en el programa televisivo Animales sueltos, del que el periodista participaba. En rigor, Santoro nombró a su empresa OPS cuando quiso decir OAS en el contexto de un comentario sobre el caso brasileño Lava Jato. Santoro se rectificó al día siguiente. También publicó una nota en el diario Clarín sobre la deuda de Cifuentes. D'Alessio le acercó el caso Cifuentes, que tenía aspectos reales. Si D'Alessio estaba extorsionando a Cifuentes, ¿qué tiene que ver Santoro si este publicó solo lo que es verídico? En la investigación de Ramos Padilla sobre D'Alessio cayeron Santoro, un periodista que investigó la corrupción del kirchnerismo; Stornelli, el fiscal de la mayor investigación sobre la corrupción de los gobiernos Kirchner, y Elisa Carrió, la más pertinaz denunciante de los hechos deshonestos que sucedieron durante la década en la que Néstor y Cristina Kirchner administraron el país. ¿Es solo casualidad? Improbable, tal vez imposible. Lo cierto es que de los tres el único procesado es Santoro. El procesamiento de Santoro coloca en zona de riesgo a todo el periodismo porque ignora la Constitución, los tratados de derechos humanos y la propia jurisprudencia de la Justicia argentina. Una instancia superior a Ramos Padilla debería enmendar cuanto antes esa repudiable regresión para el sistema de libertades del país.
