El exsecretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, no podrá volver a ser funcionario público. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena por usar fondos públicos para comprar cotillón ante Clarín y de esta forma quedó firma la inhabilitación de por vida para ocupar cargos estatales. A su vez, se sostuvo la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso. La Cámara, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ana María Figueroa, convalidó la pena al declarar inadmisible un recurso extraordinario que había presentado la defensa del exfuncionario para que se revise el fallo. Moreno y otros dos exfuncionarios, Fabián Enrique Dragone y Guillermo Rubén Cosentino, fueron condenados por haber utilizado fondos públicos para adquirir cotillón con la leyenda "Clarín Miente", que luego fue utilizado en diversos actos públicos y hasta en giras por el mundo, como la que incluyó una visita por Angola, en 2012. El veredicto obligó a restituir las sumas. Los magistrados rechazaron el argumento de una supuesta "arbitrariedad" y sostuvieron que las apelaciones de Moreno y los exfuncionarios "se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido". Y continuaron: "Los cuestionamientos de la forma en que fue valorada la prueba de los hechos, la acreditación de la participación de los imputados y la pena remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común y, por ende, resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad, que no se ha demostrado ni se advierte en este caso". Durante buena parte del kirchnerismo, Moreno estuvo al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). En ese período se lo acusó de manipular las estadísticas oficiales para favorecer al gobierno de Cristina Kirchner e incluso empresarios aseguraron haber sido "apretados" por el exfuncionario en las propias oficinas del organismo. Por modificar las cifras oficiales, enfrentará un juicio oral. Entre otras cuestiones, su frente judicial incluye otro juicio oral por "abuso de autoridad" al haber presionado a las consultoras privadas que medían la inflación.
