Hace un año exactamente, el 4 de agosto del 2018, un suceso alteró el aburrido acto de celebración del Día de la Guardia Nacional de Venezuela, justamente en momentos en que Nicolás Maduro hablaba desde la tribuna presidencial. Según relató él mismo poco después, "en ese momento explotó frente a mí un artefacto volador que venía por mí" y aseguró que tras ese atentado estaba además de "la derecha venezolana", los Estados Unidos y Colombia. El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez dijo que la explosión se produjo al ser detonados varios drones con explosivos que buscaban asesinar al presidente de la República. Después un grupo que se hace llamar Soldados de Franela se adjudicó la autoría del hecho. "La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4; el objetivo, el palco presidencial. Francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo", dijeron entonces. Al día siguiente, el 5 de agosto, el ministro del Interior Néstor Reverol anunció al país que habían sido detenidos seis terroristas que estarían implicados en el ataque. Maduro por su parte manifestó, en cadena nacional, que entre los implicados estaban los diputados Juan Requesens y Julio Borges, El Fiscal General de la República, nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que había 19 personas vinculadas directamente en el atentado. A un año de los hechos qué pasó con los supuestos implicados. Entre los oficiales de mayor rango detenidos está el general de brigada (GNB) Héctor Hernández Da Costa, en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a quien no se le ha logrado demostrar ninguna vinculación con el hecho. También permanece en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el diputado Juan Requesens, a quien se ve en un video que conmocionó al país por el nivel de trato inhumano que se le dio. Y finalmente hay un grupo de jóvenes de quienes apenas se saben algunas cosas, que fueron señalados por el ministro Reverol: Yanin Fabiana Pernía Coronel, Yilbert Alberto Escalona Torrealba, Hennyberth Emmanuel Rivas Vivas, Gregorio José Yaguas Monje, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, José Miguel Estrada González y Alberto José Bracho Rozquez. Los delitos son por Traición a la Patria, Homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, así como homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra quienes resultaron heridos durante el suceso: capitán José Del Valle Núñez Martínez, primer teniente Benny Daniel Ortiz Querales, teniente Luis José Alexánder Molina Torres, S1 Darwin Horacio Moreno, S1 Jesús manuel Gómez Dorante, cadete de tercera Víctor Daniel Hernández Morán y cadete de segunda Lizneidy Guerrero Salazar. El caso de Bracho Alberto José Bracho Rozquez es un joven del estado Zulia, quien participaba en las protestas y siempre fue muy osado. Su fotografía había recorrido el mundo como un acto de valentía cuando se paró solo, con las manos en alto ante una unidad policial y un fuerte cordón antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana. El 5 de agosto 2018 cuando eran las 2.30 de la madrugada aproximadamente Alberto José, con 28 años de edad, fue detenido en la carretera que conduce del centro del país hacia el estado Barinas, junto con otros jóvenes. Desde entonces y hasta hace apenas unos días permaneció en los sótanos de la DGCIM en Boleíta Norte. Su familia no sabía nada de él desde el Día del Padre en el mes de junio 2019. La DGCIM no le daba respuesta, no le permitía las visitas, ni siquiera había una explicación o una llamada telefónica. Hace unos días lo trasladaron, sin previo aviso y en el más absoluto silencio, a la cárcel de Yare, un peligroso centro penitenciario ubicado en San Francisco de Yare, municipio Simón Bolívar del estado Miranda. Ese lugar tiene tres edificios identificados por números romanos. A Alberto José lo recluyeron en el número III. Cuando lo detienen el 5 de agosto 2018 lo mantienen desaparecido durante 45 días. Los testimonios que él y sus compañeros contaron a los otros presos en la DGCIM es que desde la detención los mantuvieron esposados. Al llegar a la sede de la DGCIM en Boleíta los llevaron a La Pecera, como le dicen a un lugar que tienen un enorme vidrio, desde el cual se puede ver hacia adentro de un salón usado para las visitas y torturas. Por tres horas los golpearon. "Me contó que fue con muchas cosas que los golpeaban, les desprendieron las uñas de los pies, les pusieron corriente en los testículos. A Bracho Rozquez en particular le fracturaron dos costillas y le partieron el tabique de la nariz", narra uno de sus compañeros de prisión. "El abogado le recomendó que se declarara culpable, ante el tribunal, porque no valía la pena negarse, porque incluso el Ministro Reverol y otros funcionarios ya los habían señalado públicamente como los culpables". Con el tiempo, la tortura cedió. A él y a otro de sus compañeros los dejaron olvidados en el sótano. En la opinión pública nadie los mencionaba. Sus familiares apenas podían ir a verlos porque viven en el interior del país y es muy complicado trasladarse a Caracas. Después les permitían llamar dos veces a la semana, lunes y viernes por 3 minutos, incluso hasta todos los días, pero desde hace 6 meses el coronel Hannover Guerrero ordenó desconectar el teléfono. Y desde el Día del Padre no tuvieron visita.
