El 1 de abril la justicia decretó la quiebra de OCA por una deuda de $ 7.000 millones que en gran mayoría se componen de deudas impositivas. La decisión del juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, generó que Patricio Farcuh deje de ser el dueño del principal correo privado del país. Al apelar la medida, el empresario entregó una auditoría que ordenó en noviembre de 2018 y que se presentó en otros expedientes judiciales, donde acusa al gremio de Hugo Moyano de “usurpar la firma” señalando que “sólo se dedicaron al pago de sueldos” e “incurrió en gastos financieros elevados para el descuento de cheques”, a su vez “no ajustó el pago de gastos excesivos” y “no pudo frenar los cobros compulsivos de la AFIP” que entonces rondaban los $ 1.000 millones. Fuentes del Sindicato sostienen que “no hay una sola imputación” sobre las autoridades y rechazan todas las acusaciones. Recibir newsletter El informe de BRG señala que hubo pagos por parte de OCA desde mayo de 2016 a mayo de 2017 (período que definen como de “usurpación), al Sindicato de Camioneros por $ 95.227.645, al Fideicomiso Arístides por $ 49.352.532, a Caminos Protegidos Aseguradora (la ART de Camioneros) por $40.668.600 y a Dixey SA $ 2.152.115 y pagos complementarios posteriores por $ 10.701.705. Es decir que de un desembolso de $ 325.302.896 realizados durante el año que Farcuh asegura que le usurparon la empresa, casi $ 200 millones fueron remitidos a firmas vinculadas a Hugo Moyano. Fuentes del Sindicato explicaron que la mayor cantidad de afiliados que tiene OCA pertenecen a Camioneros y que “el gremio durante tres meses se hizo cargo de los sueldos de la gente porque había rumores que se cerraba la firma”, dijeron a Clarín al tratar de explicar los resultados de la auditoría. Patricio Farcuh retomó sus funciones en OCA el 13 de mayo de 2017. Cuatro días después inició del concurso de acreedores de la principal compañía privada de servicio postal. Según un video aportado a la Justicia donde se investiga al ex dueño de OCA por retención indebida de aportes, las cámaras de seguridad registraron el 21 de febrero de 2017, a Hugo Moyano echando a Farcuh de la compañía. En ese momento, ante el juez Javier López Biscayart el empresario señaló: “Yo no tenía el manejo de la empresa, me expulsaron y usurparon la firma”. Este mismo concepto se vuelca en la auditoría realizada por Berkeley Research Group (BRG) aportada en diferentes causas. Ante la consulta de Clarín, fuentes del Gremio indicaron que “nunca hubo una usurpación, sí hubieron asambleas en la sede de OCA y Hugo Moyano participó por pedido de los empleados por la cantidad de afiliados”. De los 11.523 trabajadores, 6.000 están afiliados a Camioneros. La crítica situación financiera de la compañía llevó al juez Tejada a decretar la quiebra de la firma. Desde entonces, se nombraron tres interventores y se busca darle continuidad a la actividad de OCA. Farcuh sostiene que la mayor crisis económica de la firma se produjo “cuando usurparon la empresa”, entonces ordenó la auditoría a BRG. Los análisis realizados en base a la documentación aportada por la Gerencia de OCA, señalan que desde 2016, los administradores “tomaron la decisión de volcar los ingresos a pagar los sueldos del personal y las compras y servicios esenciales”. Desde ese momento se dejaron de pagar los compromisos fiscales con la AFIP, según indica el extenso informe al que accedió Clarín. La auditoría que se sumó a la apelación de la quiebra, como a una causa que tiene el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart y en la justifica federal a un expediente que tiene el juez Julián Ercolini, hubo en la empresa “problemas de mala gestión” respecto a la administración de los recursos, “gastos innecesarios tales como honorarios, esponsoreo, inadecuado manejo de las contrataciones y las erróneas decisiones sobre el no pago de los impuestos”. Al momento de analizar los movimientos de fondos en el período en el que Farcuh acusa haber sido destituido de la empresa, con una fuerte presencia del gremio de Camioneros, la auditoría indica que hubo pagos en abril de 2016 por $ 1.152.11,38 a la empresa Dixey SA propiedad de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano. Esta empresa que se dedica a la confección de uniformes, es investigada en el fuero penal por facturaciones realizadas a la Mutual del Gremio (presidida por Pablo Moyano). De hecho hay un acuerdo de colaboración por el cual OCA contribuyó con $ 2.250.000 a dicha mutual, cuando la empresa se encontraba en un momento turbulento en sus finanzas. La observación de BGR sobre la contratación de Dixey indica que se realizó una licitación donde una firma ofertó $ 9.9 millones, pero OCA le otorgó a la empresa de la esposa de Moyano, por $ 12.811.055, “con una diferencia de $ 2, 8 millones”, señalaron. Se analizaron 76 compras y se consignó que “se realizaron 42 de ellas sin intervención o gestión de Compras”. Entre los proveedores se encontraban también el Fideicomiso de Administración Arístides por una suma de $ 5 millones el 17 de febrero de 2017. Este fideicomiso se encuentra vinculado, según la Justicia, al Club Independiente conducido por los Moyano en una causa penal por lavado de dinero, es investigado por girar la misma suma de dinero a Aconra SA una constructora de Zulet que a su vez, realizó obras a favor del gremio y de la sede deportiva. La Unidad de Información Financiera (UIF) como informó en su momento Clarín, detectó que el Sindicato giró más de $ 200 millones a Aconra SA y por eso los denunciaron por lavado de dinero. En la lista de proveedores de OCA, también figura la Mutual de Camioneros por una suma recibida de $ 2.340.331 del 14 de febrero de 2017.
