El presidente Mauricio Macri dió otro paso en su alineamiento internacional con Estados Unidos, Israel e Inglaterra con la firma de un decreto que permitirá declarar a la organización libanesa Hezbollah como organización terrorista. La sobreactuación de relaciones carnales con Washington y Jerusalén se produce justito con la llegada del secretario de Estado norteamericano, el "halcón" Mike Pompeo, y cuando se cumplen 25 años del atentado contra la AMIA. En concreto, Macri firmó un decreto por el cual se establece el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que hará que la Casa Rosada, a corto plazo, inscriba a Hezbollah en ese registro, saliéndose del listado que dicta Naciones Unidas y en el que no figura Hezbollah. Más allá del registro mismo, la movida posiciona a Argentina claramente en un bando en el conflicto de Medio Oriente, en lugar de conservar un lugar neutral y de impulso de la paz en esa región. La creación del RePET tiene como único objetivo aceptar dócilmente las presiones norteamericanas para poner en la mira a Irán. El camino es sencillo: el aparato político--judicial de Comodoro Py acusó a Hezbollah de tener responsabilidad en los dos atentados de Buenos Aires, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA; se armó una novela de que el ataque contra la mutual judía fue resuelto en una reunión del gobierno iraní en la ciudad de Mashad en 1993 y se aduce que la mano de obra provino del entorno del agregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Esa imputación se basó muchísimo en informes de inteligencia de la CIA, del Mossad y de la propia SIDE que, esencialmente, copió los informes de sus pares norteamericanos e israelíes. La realidad es que nunca hubo pruebas demasiado contundentes y el punto neurálgico es que los supuestos protagonistas del atentado se comunicaban con teléfonos en El Líbano usados por Hezbollah. Esta última información es la que aportaban los servicios extranjeros ya que está claro que la SIDE no tenía capacidad ni presencia para establecer a quién correspondían los teléfonos. Hezbollah siempre negó su participación en los ataques y en sus declaraciones o entrevistas sostuvieron que no realizan acciones fuera de Medio Oriente. La acusación contra Irán y Hezbollah arrancó en la misma semana del atentado contra la AMIA. Hay documentación que evidencia que hubo un acuerdo entre el gobierno de Israel y el gobierno de Carlos Menem para que se hiciera, de manera coordinada, una única acusación sobre los autores del ataque: se puso la responsabilidad en Irán y Hezbollah. El problema grave de cualquier pista fue que nunca se supo nada sobre los puntos fundamentales del atentado: *De dónde salieron los explosivos *Quién se llevó la camioneta que armó con partes robadas el armador de autos truchos, Carlos Telleldín. *Nunca se supo dónde estuvo la camioneta y dónde se armó el artefacto explosivo *Si los autores fueron extranjeros, nunca se pudo detectar cómo entraron al país, con qué identidades. *Si hubo un suicida, sigue sin saberse quién fue y cómo llegó a la Argentina. Semejante agujero negro en la investigación es un obstáculo insalvable para anudar la relación con los autores intelectuales. Es imposible saber quién estuvo detrás si no está clara cuál fue la mano de obra del atentado. La investigación original, con la acusación a Hezbollah e Irán, estuvo a cargo del juez Juan José Galeano. Toda su pesquisa se cayó a pedazos durante el juicio fundamental que se hizo en Comodoro Py y que estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 3. Después de cuatro años, el fallo fue lapidario y la última frase resumió todo: "la investigación fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos". De manera que ese proceso arrasó con toda la investigación previa y no resulta creíble que Galeano fue un fraude respecto de la conexión local y un juez preciso e intachable en la conexión internacional. El derrumbe fue tan grande que Interpol levantó todas las órdenes de captura internacionales. La debacle tuvo repercusión también a raíz de la detención, en Londres, de quien fuera embajador de Irán en la Argentina en la época del atentado, Hadi Soleimanpour. El diplomático fue apresado en 2003 y el juez Galeano envió un informe de 400 páginas al magistrado que intervino en Londres. Finalmente Soleimanpour fue liberado, absuelto y se le pagó una indemnización de 20.000 libras esterlinas. El juez británico consideró que no se presentaron pruebas sólidas. Tras una visita del presidente Bill Clinton a Buenos Aires, su esposa Hillary se comprometió a enviar una delegación del FBI para que revise la causa. La misión estuvo durante un mes en Buenos Aires y concluyó que había que revisar la llamada "pista siria", en especial la posible participación de un ciudadano argentino de origen sirio--libanés, Alberto Kanoore Edul. El informe, de unas 20 páginas, recomendó re-direccionar la investigación. Es decir que ni el FBI estaba convencido de la llamada "pista iraní". A raíz de una denuncia de la agrupación Memoria Activa, y después de muchos años de batalla, se llegó a un segundo juicio, esta vez sobre los desvíos y las manipulaciones de la causa AMIA. Uno de los puntos que se trató fueron las maniobras para tapar esa llamada "pista siria", y como se sabe hubo condenas a los protagonistas. De manera que transcurridos 25 años del atentado, el fracaso de la investigación deja en una especie de limbo, tanto la conexión local como la conexión internacional. No hay condena firme contra nadie. Tampoco hay condena firme en el caso de la Embajada de Israel, cuya investigación fue aún peor. Con semejante panorama en el expediente judicial, parece obvio que la creación del RePET y la declaración de Hezbollah como organización terrorista son sobreactuaciones políticas cuyo objetivo es, principalmente, exhibir el alineamiento con la Casa Blanca. No son pocos los que afirme que es un gesto a cambio de los 55 mil millones de dólares que el FMI envía a la Argentina, gracias a la influencia y la presión de Washington. Desde el punto de vista internacional, las Naciones Unidas tiene un listado acotado en el que figuran como terroristas organizaciones vinculadas a Al Qaeda y a los talibanes. La Union Europea distingue entre el brazo militar de Hezbollah, que la UE considera organización terrorista, y el partido Hezbollah, que no figura en esa lista. La inmensa mayoría de los países, esto incluye todo Asia, todo Africa y casi toda America Latina, no tiene a Hezbollah en ningún listado, ni al partido ni al brazo militar. Para los países árabes, las acciones armadas de Hezbollah son parte del derecho de resistencia ante lo que consideran invasión israelí a su territorio y por lo tanto sostienen que tiene derecho a acciones armadas dentro de ese territorio. La Argentina se suma ahora a Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Canadá, La Liga Arabe, Japón y los Emiratos, declarando que no hay distinción entre partido y brazo armado y que todo Hezbollah debe ser considerada una organización terrorista. El punto clave del decreto y la inclusión de Hezbollah es que se rompe la neutralidad argentina en el conflicto de Medio Oriente. La Casa Rosada pone al país de un lado en ese conflicto y abandona la política pacifista tradicional. Además, en los últimos tiempos hubo conatos de bombardeos de Estados Unidos a Irán y una política más que agresiva, que Donald Trump puso en marcha rompiendo el pacto de limitación nuclear que firmó Irán con Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania. O sea la Argentina se puso del lado de la postura guerrerista. Algunos sostienen que semejante paso expone a la Argentina a represalias de grupos fundamentalistas, en tiempos en que todo el continente vive un clima muy distinto al europeo, por ejemplo, con continuos ataques de pequeños grupos fundamentalistas. Habrá que ver qué sucede en los próximos tiempos. No es un tema menor, además, que se haya tomado una decisión de tal envergadura en el plano de las relaciones exteriores sin la menor consulta al Congreso. Es muy posible que la Casa Rosada haya evaluado que no tendría acompañamiento en semejante aventura.
