CARACAS (Para LA NACION). - "Vamos a saber (quiénes son) todos los carnetizados (afiliados) que votarán. " Nicolás Maduro aprovechó el cierre de campaña en Caracas para proferir su última amenaza. Lo hizo frente a unos pocos miles de seguidores en una avenida que se atiborraba con Chávez, pero que ayer lucía con grandes claros sobre su pavimento. El oficialismo, consciente de que ha perdido el apoyo popular, diseñó una gigantesca operación de amenaza y chantaje para obligar a que beneficiarios de las bolsas de comida CLAP, empleados públicos, favorecidos de las misiones sociales y adjudicatarios de viviendas públicas voten este domingo porque "el que no lo haga está traicionando a la revolución", según el radical Diosdado Cabello. Son ocho millones de personas con la espada del Damocles bolivariano sobre sus cabezas, según los cálculos de Control Ciudadano. "El miedo funciona como política de Estado. Gente con hambre y gente que pierde su empleo, chantajeados como nunca por la crisis sin precedente, un escenario que no visualizó la oposición", destacó Rocío San Miguel, directora de la ONG. La operación es tan descarada que obligó a la Fiscalía General a tomar cartas por primera vez. Testimonios le sobran, empezando por las propias palabras del presidente: "Y al final del día revisen la nómina, si tenemos 15.000 trabajadores, sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, alcaldía por alcaldía, vamos todos a votar por la Constituyente". "Las presiones del gobierno no son nuevas, pero ahora arrecian. Es una política del chantaje. Y además no puedes ir solo, debes llevar a diez personas", dijo a LA NACION Marino Alvarado, de la ONG Provea, que recogió más de 40 casos de amenazas de despido. Los recursos de Nicolás Maduro para llevar votantes a la Asamblea Constituyente El oficialismo necesita llenar las urnas en unas elecciones a la medida donde sólo concurren sus candidatos, unos comicios con los que intenta demostrar al mundo un apoyo que ya no tiene. "Quien no vaya a votar téngalo por seguro que el día 31 está despedido. Tenga el carnet de la patria o no lo tenga. Aquí nosotros no estamos jugando", vociferó un jefe laboral de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ante el auditorio de trabajadores de la mayor empresa pública del país. Uno de los presentes no dudó en grabar las amenazas con su teléfono y subirlas más tarde a la red. En el Instituto Nacional de Tierras (Inti) crearon una sala situacional no sólo para controlar el voto de sus 3000 trabajadores, sino también para teledirigir la presencia en las urnas de 100.000 campesinos. José Rafael Ávila es su presidente, una de las piezas maestras de Cabello en el gobierno. "Aquí no puede haber ningún escuálido (opositor), quieran o no, tienen que votar", amenazó a su plantilla, incluso dibujando un panorama apocalíptico: "Prepárense porque en cualquier momento viene una guerra civil". "La coacción es directa y descarada, ya no guardan las formas", describió a LA NACION uno de los presentes, que guardó el anonimato. "Ya el año pasado nos advirtieron que aquí no habría elecciones hasta que la revolución sea capaz de ganarlas", añadió. Este informante llenó con datos falsos la hoja del 1x10, por la que debería empujar al voto a 10 allegados. Cabello se puso al frente de un operativo que este año cuenta con una nueva herramienta: el carnet de la patria, el mismo al que hizo referencia Maduro en su discurso. 15 millones de venezolanos, de un padrón de 30 millones, se lo hicieron ante las promesas de más alimentos y ayuda. A través de él reciben la comida subvencionada de los CLAP (adaptación de la libreta de racionamiento cubana) gracias a su código QR usado como instrumento de control. "Es un mecanismo de control", dijo Cabello. "Con él llevarán una estimación en caliente, en vivo y en directo (de la participación) y para movilizar donde sea necesario", añadió. Recapitulando: el oficialismo sabrá quién no fue a votar a mitad del domingo y lo conminará a hacerlo, incluso proporcionando transporte público. En un país donde la Corte sentenció que burlarse de Chávez es motivo de despido, la amenaza es más real que nunca. En los edificios de la Gran Misión Vivienda, los oficialistas recorrieron departamento por departamento. "Llegaron médicos cubanos y nos anotaron. Y nos dicen que el domingo toca ir a votar. Yo también estoy obligada, incluso nos dijeron que nos van a trasladar", describió María, un nombre supuesto. "Estamos pasando mucha hambre, yo quiero que Maduro se vaya, pero. . . ", se lamenta. Ya lo avisó el presidente: "La maquinaria 4x4 (consejos comunales de los CLAP, unidades de batalla Bolívar Chávez, brigadistas e integrantes de congresos de la patria) tiene que ir a todos los hogares". Un apartheid social y económico contra los díscolos, sin excepciones, ni siquiera la edad. "(Si no participan) ponen en riesgo su pensión", advirtió públicamente el candidato y ex ministro Ricardo Molina.
