La Justicia dio otro paso para recuperar al menos una porción diminuta del saqueo ocurrido durante la década kirchnerista. El juez federal Claudio Bonadio ordenó el decomiso de 19 propiedades vinculadas al fallecido secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz , y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) buscará ahora rematarlos. Entre ellos, el inmueble donde funciona una de las principales empresas proveedoras de blindajes y chalecos antibalas del país, manejada por Gustavo Dorf, el "compadre" de Daniel "el Tano" Angelici. Bonadio avanzó sobre esas 19 propiedades basado en las confesiones de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y otros tres arrepentidos, Sergio Todesco, Elizabeth Ortiz Municoy y el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Los cuatro "reconocieron la procedencia y el uso ilícito" de esos inmuebles, ubicados en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Es decir que quienes figuran en los registros de la propiedad como sus dueños aparentes admitieron que se habían encargado del blanqueo de dinero fruto de la corrupción. "Así las cosas -explicó Bonadio en su resolución-, dada la naturaleza de los ilícitos ventilados en las presentes actuaciones, por los cuales los imputados ya fueron procesados, y ante el reconocimiento expreso de la procedencia y el uso de los bienes en cuestión, con el fin de restablecer el orden socioeconómico lesionado a través de las actividades criminales, corresponde proceder al decomiso de los inmuebles y ponerlos a disposición de un organismo del Estado a designar por el Ministerio de Justicia". Notificado de esa decisión, dentro de la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción", desde el Ministerio de Justicia se delegó en la AABE la disposición de los bienes para su remate. Repartidos en cuatro jurisdicciones, esos 19 inmuebles decomisados "de manera definitiva", según remarcó Bonadio en su resolución, incluyen departamentos, garajes y locales comerciales, lotes en barrios privados y campos, a nombre de las sociedades Madaco SA, Malabia SA, Patagon Adventure SRL, Patagon Experience SRL, Cayuqueo SA, MM Servicios SA y New Wall SA, y a nombre de Todisco, Manzanares y del propio Muñoz. Entre los inmuebles decomisados figura, también, el local donde funciona Armoring Systems, la empresa dedicada a blindajes de patrulleros, chalecos antibalas y otros pertrechos de seguridad, y cuyo rostro visible es Gustavo Dorf, quien suele presentarse ante otros empresarios y funcionarios públicos como el "Lázaro Báez de los chalecos antibalas" y como "el compadre" de Angelici, aunque el presidente de Boca se despegó de él ante la consulta de LA NACION. En la causa de los cuadernos , sin embargo, Dorf se encuentra con procesamiento confirmado por la Cámara Federal como presunto miembro de una asociación ilícita destinada al lavado de la corrupción que acumuló Muñoz, con quien habría entablado negocios. Ante el fiscal federal Carlos Stornelli, por ejemplo, Manzanares confesó que Muñoz compró el 50% de Armoring Systems durante el kirchnerismo, que al menos parte de ese pago se bancarizó, que el inmueble donde funciona esa empresa es de la familia del fallecido secretario privado de los Kirchner y que ese activo se llegó a asentar en una declaración tributaria de Franco Muñoz, quien trabaja en Armoring Systems y aún cobraría los dividendos correspondientes. Por su parte, Pochetti aportó otro dato sobre la relación que durante años mantuvo su marido con Dorf: "Sé que la empresa Patagon Adventure (de Muñoz) compró el terreno de Armoring Systems, pero como inversión, para cobrar la renta", confesó. Durante su indagatoria, sin embargo, Dorf afirmó que a Armoring Systems, "lejos de ser beneficiada, le fue muy mal" durante el kirchnerismo, a raíz de las dificultades para importar y del cepo cambiario, y que durante aquellos años no participó en ninguna licitación. Con el triunfo de Cambiemos en 2015, Dorf comenzó a dominar el nicho de los autos blindados, armas, chalecos antibalas y otros elementos del área de seguridad. Y entre los empresarios del sector solía afirmar que destinaba parte de sus ingresos al financiamiento de las campañas de sus candidatos, lo que no consta en los informes que Cambiemos presentó ante la Justicia Electoral. La orden de Bonadio de avanzar sobre 19 inmuebles controlados por Muñoz o su entorno se suma así a otros decomisos que dispuso la Justicia argentina. Entre otros, sobre los US$790.550 detectados en el avión que trasladó desde Caracas al entones funcionario Claudio Uberti y al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.
