La causa de Dolores produce una frenética serie de sorpresas, declaraciones y acusaciones alrededor de la asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal, las extorsiones, coacciones y el armado de causas judiciales. Ayer se negó a declarar el supuesto financista Pablo Bloise sobre operaciones de lavado de dinero de una parte de la banda de Marcelo D’Alessio en el paraíso fiscal de las Islas Comores. Es una vertiente del expediente que preocupa al oficialismo porque, se dice, hay nombres de empresarios poderosos vinculados a la Casa Rosada. Pero el centro de la causa es el vínculo de la banda con la AFI, el aparato judicial –en especial Carlos Stornelli–, el Ministerio de Seguridad y las diputadas de la Coalición Cívica. Este lunes arranca una semana llena de tensiones. El viernes fue detenido Pablo Bloise, a quien se imputa de participar de un grupo de WhatsApp denominado Buenos Aires. Los rastros se encontraron en el celular de D’Alessio y como administrador del grupo figura el comisario retirado Ricardo Bogoliuk, contratado por la AFI. Según trascendidos, el juez Ramos Padilla y la Procuraduría de Lavado de Dinero (Procelac) le dan verosimilitud a fotografías de movimientos de dinero, documentos y operaciones financieras por montos determinados, con centro en el Foreign Finance Bank de Comores, un archipiélago que queda entre Mozambique y Madagascar. En el escrito en el que se tomaron diversas medidas de prueba, el juez sostiene que se movieron unos 100 millones de dólares, pero el problema es que tiene esa documentación que no es fácil de verificar ya que no se trata de bancos que dan información sino paraísos fiscales. Según parece en las transacciones hay una serie de nombres que tienen relación con empresarios vinculados al oficialismo, pero habrá que chequear si todo es real o es un armado de D’Alessio para alardear y captar a algún “inversor” incauto. En Dolores afirman que se trata de una vertiente de máxima importancia de todo el expediente. Mañana declara el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En 2016 protagonizó una feroz interna con Patricia Bullrich. La ministra lo acusó de armar una banda con gente de frondoso prontuario, empezando por Omar Barreiro Laborda, acusado de numerosas defraudaciones. Se publicó en aquel entonces una extraña foto de Gómez Centurión reunido con Barreiro Laborda en un bar del Buenos Aires Design. La toma se parece demasiado a las fotografías sacadas por D’Alessio. En sintonía con esa hipótesis, en la casa del falso abogado se encontraron archivos sobre seguimientos al aduanero y en el celular de D’Alessio aparecieron fotos de Gómez Centurión. La guerra Bullrich-Gómez Centurión fue por conseguir el poder en la Aduana, un centro de negocios muchas veces dominado por los espías. La ministra se despachó con un anónimo diciendo que GC pedía coimas y el entonces jefe de la Aduana contestó que la ministra dejó en un galpón un cargamento de pseudoefedrina sin incautarlo. Quería usar el precursor para armar pastillas, razonó Gómez Centurión. Como se ve, artillería pesada de los dos lados. Seguramente Gómez Centurión hablará mañana de las operaciones de inteligencia concretadas por Bullrich a través de la banda de D’Alessio. Es posible que diga que la ministra se asoció a una parte de la AFI en esa interna feroz. El método de Bullrich del sobre anónimo es igualito al que usó Carrió con las escuchas ilegales a los presos. El martes declaran en indagatoria los comisarios retirados Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. La AFI ya admitió que Bogoliuk tuvo un contrato de prestación de servicios para la central de espías, pero trataron de borrar rastros de la actividad del comisario hasta la actualidad. Afirman que el contrato se terminó en 2017. El ex espía Hugo Rolando Barreiro ya testificó que D’Alessio se vinculaba a la AFI a través de Bogoliuk y Degastaldi, y que su jefe era Pablo Pinamonti, del riñón de la conducción de la ex SIDE y con línea directa a la Casa Rosada. Los comisarios, asistidos por su abogado Oscar Moyano, dirán el martes que la causa de Dolores es la expresión de una guerra entre sectores de la AFI, aunque cuando les pregunten su vinculación, al menos Bogoliuk se amparará en el secreto previsto por la ley de inteligencia. El juez parece no creer demasiado en internas y se basa en pruebas del expediente. El viernes dió un paso al preguntarle oficialmente a la Escuela Nacional de Inteligencia si alguno de los protagonistas de la causa se formaron allí. Pidió informes sobre ocho personas, pero le interesa Pinamonti en especial. Está trabajando justamente sobre la estructura de lo que llama la “asociación ilícita paraestatal” y, por ahora, lo que aparece es que D’Alessio reportaba a Bogoliuk-Degastaldi y éstos a Pinamonti. El martes va a la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público el procurador Eduardo Casal. El funcionario permitió dilatar y dilatar cualquier sanción a su subalterno, Carlos Stornelli, quien esquivó por quinta vez presentarse en Dolores. Casal ordenó la apertura de un sumario y otorgó 60 días para completarlo cuando se trata de una cuestión de puro derecho. No se necesita investigar nada para determinar si Stornelli comete una grave irregularidad al no cumplir con una indagatoria convocada por un juez. Se puede recusar un magistrado, se puede sostener que es incompetente, pero es obligación de cualquiera ir a la indagatoria. Todo indica que el martes Casal tendrá que enfrentar una artillería de preguntas, pero –como sucede desde el principio de la causa de Dolores– contará con la defensa de los legisladores de Cambiemos. Este viernes volverá a declarar ante el juez Ramos Padilla el ex espía Rolo Barreiro. Asistido por su abogada, Tatiana Teranzos, quien fuera integrante de la AFI, reiterará lo que dijo ante el fiscal Juan Pablo Curi: que se enteró que Stornelli coaccionó al ex funcionario Claudio Uberti para que dijera que el kirchnerismo traía bolsos con dólares desde Venezuela. Curi no aceptó la declaración de Barreiro como arrepentido, por lo cual el ex espía va a repetir lo que sabe ante Ramos Padilla. Eso le permitirá al juez avanzar en la investigación sobre otra acusación contra la banda y contra Stornelli. Según Barreiro, Uberti no aceptó decir que traían bolsos con dinero, pero sí habría declarado que vió que los pilotos de los aviones cargaban con bolsos. Barreiro también dice que Uberti fue a una escribanía y dejó constancia del apriete. Una vez que se oficialice la declaración del ex espía, Ramos Padilla podrá llamar a declarar a otros protagonistas de la maniobra. Dos ya se habrían presentado espontáneamente en Dolores. Todo indica que Stornelli sumará una dificultad más. El falso abogado estará ante el juez, en una ampliación de indagatoria, el martes 11. D’Alessio saldrá del hospital penitenciario de Ezeiza, donde ahora tiene un régimen más liviano y, por los trascendidos, declarará poco y nada sobre la cuestión de lavado. Posiblemente diga que nunca hicieron ninguna operación, sino que se prepararon para hacerlas. Pero en el entorno de D’Alessio admiten que en los movimientos de dinero que según él se iban a hacer, hay nombres importantes. “Eso era una especie de Rosadita” sugirieron, haciendo alusión a SGI, la financiera por la que pasaron muchísimos empresarios, aunque el principal imputado es Lázaro Báez. El plan de D’Alessio y su abogado Claudio Fogar es empezar a contestar acusaciones. Sus respuestas se parece bastante a las de Stornelli: “acusándome a mí quieren parar la causa de los cuadernos y otros expedientes”. D’Alessio y Stornelli también coincidieron en reclamar que el expediente pase a Comodoro Py. Lo cierto es que D’Alessio se niega a aportar más elementos de la verdadera trama, sobre la que hay una cantidad abrumadora de evidencias. Las extorsiones, coacciones, seguimientos, armado de pruebas y espionaje ilegal están probados. También las conexiones con el aparato estatal, en especial con la AFI. El vínculo del falso abogado con las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic aparece por todos lados. Y están las llamadas, mensajes y operaciones con Patricia Bullrich. (email protected)/12. com. ar
