La jueza de Garantías platense Marcela Garmendia dictó este viernes la prisión preventiva para tres de los cinco acusados de una millonaria malversación de fondos públicos, con tarjetas de débito para cargas combustibles de los autos de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales. Si esa resolución queda firme, los imputados Walter Cejas, playero de una estación de servicio, y los funcionarios de Educación Gustavo Chiramberro y Diego Burgos -nombrados en la época K- quedarán detenidos hasta que se realice el juicio. Recibir newsletter Cejas, Burgos y Chiramberro están acusados de haber cometido una malversación de fondos públicos por unos 25 millones de pesos con tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales, en connivencia con funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE). En el pedido de preventiva, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta estableció que quedó acreditado "que hasta el 24 de abril de 2019, un sujeto de sexo masculino, coactuando al efecto con al menos cuatro funcionarios de la DGCyE, utilizó en propio beneficio y en reiteradas oportunidades varias tarjetas de débito del Banco Provincia, que eran recargadas con fondos del erario provincial destinados a un fin específico, haciendo falsas compras de combustible para extraer dinero a cambio". "Así perjudicaron en forma reiterada el Patrimonio del Erario Público Provincial enriqueciéndose con dichos montos desviados en favor de sus propios patrimonios", añadió el fiscal en un escrito. Señaló que la Dirección de Servicios Generales de Educación "era la encargada de administrar las tarjetas, siendo su director uno de los imputados y su subdirector el otro, mientras que los dos restantes resultan ser responsables como Jefe de Movilidad, Burgos, y el responsable de la rendición de cuentas de dichas tarjetas, Chiramberro". "La continuidad en el tiempo, y la magnitud del monto dinerario hasta el momento acreditado, hacen entender que los hechos investigados fueron practicados en reiteradas ocasiones, en forma organizada y planeada, con distribución de roles, teniendo en cuenta que Cejas era el encargado de la extracción del dinero en el punto de expendio", añadió. "También 'administraban' en forma totalmente discrecional los gastos acreditados a ellos través de tarjetas nominales o personales supuestamente asignadas para otras gastos que no sean combustible", resaltó. El fiscal encuadró el caso como "asociación ilícita y malversación de caudales públicos múltiples hechos en concurso real entre sí". El caso se descubrió gracias a la utilización de un sofware "Suna" que previene y detecta maniobras en los presupuestos de gobiernos o empresas.
