Un informe preliminar de Naciones Unidas reveló que en 2018 el Estado Argentino escuchó 41 mil líneas telefónicas y advirtió sobre «a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones; y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones». El uso de escuchas con fines políticos por parte del macrismo tiene un correlato con la nueva política policial. El informe trata además el espionaje ilegal y la vulneración de derechos de los niños incluidos en listas públicas de «delincuentes más buscados» sin preservar sus datos y con errores tales como buscar nenes de 2 y 3 años por asalto y robo. El miedo crece como una enredadera que trepa por el inconsciente hasta los sueños. Lo real se transforma en fantasmagórico y las escenas se precipitan en un frenesí sin sentido. Cada puesta, cada foto habla por sí misma. La obra teatralizada comenzó el domingo en dos programas de televisión y continuó el día del Ejército -29 de mayo- con el fiscal en rebeldía, Carlos Stornelli, rodeado de militares de uniforme y a un paso del presidente Mauricio Macri. Las sonrisas iban y venían entre los funcionarios. Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (un título pomposo que funciona como una excusa que ideó esta gestión para defender a los familiares de genocidas y negar la cifra de 30 mil desaparecidos en la dictadura cívico-militar) anduvo riendo entre Stornelli y Eugenio Burzaco. Todos de impecable sobretodo oscuro y tintín militar dieron el marco de una foto sepia que se pareció demasiado a 1978. Lo peor llegó 24 horas después. Avruj soltó en su cuenta de la red social Twitter: “Felicitaciones @mariuvidal, @andresscarsi y a todo el equipo de @BAProvincia por seguir haciendo lo que hay que hacer. Reducir la mortalidad infantil es un objetivo fundamental que se está cumpliendo después de muchos años de abandono”. El mensaje de Avruj habló de “mortalidad infantil” a seis días del asesinato de cuatro chicos por parte de la Policía Bonaerense en San Miguel del Monte. ¿Casualidad? No. Es un plan sistemático de negación, regresión, estigmatización del enemigo social y político, con el uso de escuchas ilegales, persecución y violación de los derechos del niño. ¿Lo dice este cronista? No. Lo reveló el relator de Naciones Unidas que visitó la Argentina desde el 6 al 17 de mayo. ¿Qué sostuvo? Halló que el Gobierno de Macri, con la oficina creada bajo el control de la Corte del entonces presidente Ricardo Lorenzetti, intervino 41 mil líneas telefónicas en 2018 y realizó listados de “delincuentes más buscados” con los datos de menores de edad, bajo investigación por delitos leves, vulnerando los derechos de la infancia, entre tantos otros. El colmo llegó de parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que pidió que el Tribunal que juzga la farsa del juicio por la llamada “obra pública de vialidad” en Santa Cruz incorporase presuntas escuchas ilegales del empresario Lázaro Báez y su abogada. ¿De qué escuchas hablan los representantes del macrismo en el Estado? ¿Cómo podría incorporarse material ilegal de una conversación privada de una letrada con su defendido? En diálogo con Nuestras Voces, la abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, evaluó la grave situación: “Niego rotundamente el hecho. Sin perjuicio de eso, el solo hecho de sugerir que se intervino ilegalmente las conversaciones entre cliente y abogado nos remonta a las épocas más oscuras que ha vivido nuestro país. Esto no es otro ataque más de los que vengo sufriendo junto a mi cliente y su familia. No puedo dejar de advertir que esto no es un hecho aislado sino que se da en el marco de un plan sistemático orquestado desde el Estado Nacional y coordinado por todas sus áreas (AFI, UIF, OA, AFIP) para perseguir opositores políticos y aplicar políticas neoliberales y anti populares”. En este caso hasta la escucha era «trucha», pero el festival previo de escuchas reales difundidas ilegalmente (muchas referidas a la ex Presidente Cristina Feránandez de Kirchner) permitió al macrismo preparar el terreno para lanzar a la campaña electoral operaciones con escuchas inexistentes. La entrevista de Báez con el programa ADN en el canal C5N, cuyos licenciatarios, Sebastián De Sousa y Cristóbal López están presos por una deuda impositiva. Mientras que el diario La Nación por medio de una medida cautelar prolongada al infinito continúa sin pagarle al Fisco y ninguno de sus propietarios fue encarcelado bajo la excusa de “garantizar la libertad de prensa”. Insólito. “Durante mi visita, he observado una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina. Posiblemente debido a la historia reciente de Argentina, a una fuerte cultura de opacidad y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados, muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia –dijo el relator de Naciones Unidas en su informe preliminar-. A partir de 2015, la Argentina otorgó la capacidad exclusiva para llevar a cabo interceptaciones de comunicaciones a la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). En diciembre de 2015, el Gobierno transfirió la DAJuDeCO del Ministerio Público a la Corte Suprema, de la cual se convirtió en órgano subsidiario. Tras tres años de reformas llevadas a cabo desde entonces: DAJuDeCO es el único organismo existente en Argentina con autoridad ejecutiva para llevar a cabo interceptaciones de comunicaciones y sólo lo hace a solicitud de jueces y fiscales federales y provinciales; las solicitudes de interceptación por parte de todas las agencias de inteligencia y fuerzas policiales argentinas deben ser canalizadas a través de jueces que deben aprobar las órdenes de vigilancia antes de que se puedan llevar a cabo las interceptaciones a petición de o por parte de DAJuDeCO; actualmente el número total de líneas interceptadas por mes es de 6.000, de las cuales sólo 69 son interceptaciones directas escuchadas por DAJuDeCO, mientras que todas las demás no son escuchadas en vivo sino que son ejecutadas por proveedores de servicios. La mayor parte del contenido de la interceptación no es escuchada por los funcionarios de DAJuDECO, sino que es grabada automáticamente en CDs sin intervención humana y luego distribuida a las autoridades indicadas en la orden de vigilancia. En 2018 el número total de líneas interceptadas fue de 41.000”. Si bien el relator destacó que estar “convencido de que las salvaguardas establecidas en DAJuDeCO son adecuadas y preservan la privacidad del individuo. Sus responsables me han presentado pruebas de que, tanto en lo que se refiere al personal que trabaja allí como al diseño institucional y a los protocolos de trabajo, están haciendo todo lo posible para minimizar la intervención humana, garantizar la protección de los datos personales y que las únicas personas que tienen acceso al contenido de las interceptaciones son los beneficiarios legales de una orden de vigilancia emitida por el poder judicial”. Sin embargo, Naciones Unidas advirtió con severidad: “Dicho lo anterior, también considero que el sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones; y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones. Creo firmemente que todas las fuerzas de seguridad de Argentina, así como los organismos de asistencia (por ejemplo, DAJuDeCO), deberían invertir un esfuerzo serio para aumentar su transparencia. Esto puede hacerse de múltiples maneras, incluso publicando en línea sus informes anuales de actividad, cuando estén disponibles, así como cualquier otra información pertinente que pueda ayudar a los ciudadanos a comprender mejor los tipos de actividades que llevan a cabo estas organizaciones y el tipo de salvaguardias que han establecido para proteger los derechos humanos. En este contexto, quisiera expresar mi profunda preocupación por el alcance excesivo del marco normativo en lo que respecta a la clasificación de la información relacionada con las fuerzas de seguridad argentinas. Al hacer secreta toda la información relacionada con su estructura y actividades, la ley les impide de facto poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a fortalecer la confianza pública”. “Se han señalado para mi atención varios casos de vigilancia ilegal. En uno de ellos, en 2015, un agente de la AFI siguió durante varios meses en Esquel, provincia de Chubut, a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de la provincia de Chubut. Si bien el caso aún está sub iudice (bajo el juez), la naturaleza e intensidad de la vigilancia, el hecho de que se haya basado en motivos prohibidos por la ley (raza, ideología, pertenencia a una organización social) y se haya dirigido a una comunidad vulnerable, y la voluntad de los agentes de policía y los funcionarios del sistema de justicia de aceptar el producto de la vigilancia, que puede mostrar posibles tendencias que ocurran también en otras partes del país, son elementos de gran preocupación –advirtió el funcionario de Naciones Unidas al Poder Ejecutivo-. Aliento al Gobierno a que aumente de inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y a que adopte todas las medidas necesarias para que todos los autores rindan cuentas, se indemnice a las víctimas y se aseguren de que la violación no se repita”. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) coinciden con la preocupación de Naciones Unidas por el espionaje ilegal al pueblo mapuche y a la familia de Santiago Maldonado, de quien el 1 de agosto se cumplen dos años de su desaparición y muerte en Chubut durante una represión brutal desatada por la Gendarmería Nacional, que depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “El uso de sistemas de inteligencia para perseguir a las comunidades mapuches se ha convertido en Argentina y en Chile en un grave problema que afecta el estado de derecho y los derechos humanos de las comunidades afectadas. En el 2015 salió a la luz en la provincia de Chubut el uso de un agente de inteligencia de la AFI seccional Trelew por parte de un sector del poder judicial y de la policía de investigaciones de la provincia de Chubut para recolectar pruebas de manera ilegal contra los mapuches, la causa tramita bajo el Nro. FCR12012/2015. En el contexto de la investigación judicial por la desaparición del joven Santiago Maldonado en el departamento de Cushamen de la provincia de Chubut, se denunciaron tareas de inteligencia de parte de Gendarmería a las comunidades mapuches, familiares de la víctima y defensores de Derechos Humanos, causa que tramita en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6 de Capital Federal. También en las últimas semanas de mayo, se ha desnudado mediante una investigación judicial en Chile al llamado “Operativo Huracán” de Carabineros de Chile, la existencia de una coordinación de inteligencia ilegal entre Gendarmería y Carabineros chilenos para combatir a los mapuches con el uso de técnicas de inteligencia antiterrorista”. La fiscal Cristina Caamaño, quien estuvo a cargo del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que dependía directamente del Ministerio Público Fiscal, evaluó este período con datos concretos de su gestión. “Durante el mes de diciembre de 2015 se procesaron 2.300 oficios judiciales. Sin informar el delito hubo 526, por infracción a Ley de Drogas 852, delitos contra las personas 177, delitos contra la integridad sexual 28, delitos contra la propiedad 319, secuestros y privación ilegítima de la libertad 117, delitos contra la libertad 104, 28 averiguaciones de paradero, 27 trata de personas, 18 delitos aduaneros, 23 delitos contra la administración pública, 17 delitos contra la fe pública, 23 delitos contra el orden público. Y después los otros, salvo delitos contra la libertad que fueron 104, ya son de a uno, como alguna contravención por la cual pidieron alguna escucha, todos son de a uno. Así que habitualmente lo que más teníamos era infracción a la Ley de Drogas (48 por ciento de que nosotros teníamos que interceptar), seguido de los delitos contra la propiedad, que ya era el 18 por ciento, y después ya bajaba 10 por ciento delitos contra las personas. Tuvimos en total de agosto a diciembre 79 intervenciones por secuestros extorsivos. Contando todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y feriados, teníamos 174 procesos diarios”. Estos datos criminológicos pueden cotejarse en las páginas 113 y 114 del libro “Macri lo hizo”. Nuestras Voces: ¿Qué le parece el uso de escuchas ilegales por parte del Gobierno y ciertos medios de comunicación? Cristina Caamaño: Es una ilegalidad. Tiene que iniciarse una denuncia penal para saber quién es el que las filtra. Los jueces piden que se destruyan y no se destruyen. Hay una clara desobediencia como sucedió en el caso de las escuchas de las conversaciones telefónicas entre Oscar Parrilli y la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Hay una intencionalidad muy evidente y el manejo de los servicios de inteligencia es muy promiscuo. Es una vergüenza lo que está pasando con el manejo de las escuchas”. Por estas horas, los diarios de la hegemonía financiera global con sus escribas y tinteros se retuercen de asco por el accionar supuestamente delictivo de un médico pediatra, que presuntamente distribuía pornografía infantil, lo cual es un delito grave. Pero silenciaron este segmento del informe de Naciones Unidas, que denuncia el maltrato infantil por parte del Estado. A saber: “El 22 de abril de 2009, el Gobierno presentó la Consulta de Rebeldías y Capturas (CONARC), una base de datos en línea que permitía a todos los funcionarios de las fuerzas del orden y del sistema de justicia de todo el país acceder confidencialmente a la lista de todas las personas que tenían una orden de detención en Argentina. El 15 de noviembre de 2016, el Gobierno emitió la Resolución 1068 – E/2016, por la que se hace accesible al público la lista de personas que tienen una orden de detención en línea. En su artículo 1, la Resolución establece que sólo se incluirán los adultos buscados por delitos graves. De hecho, el nombre dado a la base de datos es «LOS MAS BUSCADOS», lo que daría una idea del peligro que las personas de la base de datos representarían para la sociedad. Sin embargo, he observado que la base de datos, que está totalmente disponible para su descarga: al 16 de mayo de 2019, contiene una lista de 46.479 personas. La lista contiene el nombre y la edad de la persona buscada, los nombres y apellidos del padre y de la madre, el número nacional de identificación (DNI), el tipo de delito por el que son buscados y la institución y autoridad que emite la orden. Aunque el número de identificación podría ser una herramienta importante para que las autoridades lleven a cabo un arresto, no veo cómo podría considerarse necesario divulgar esta información al público. La lista contiene personas buscadas no sólo por delitos graves, como la violación, la extorsión o el homicidio, sino también por otros como el robo simple (3.259 expedientes). En 13.703 expedientes (29, 5% del total), no hay información sobre el tipo de delito por el que se busca a la persona. La lista contiene 61 menores de edad. Es particularmente preocupante que los menores estén incluidos en la base de datos pública, lo que sería difícil de justificar como el interés superior del niño, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 3.1), ratificada por la Argentina el 4 de diciembre de 1990. La Convención también reconoce el derecho de todo niño y niña acusado/a de haber infringido la ley penal “a que se respete plenamente su vida privada en todas las etapas del procedimiento” (artículo 40. b. 2. vii), lo que sería incompatible con la publicidad de las órdenes de detención contra menores”. Entre esos menores “más buscados” hay bebés de 2 y 3 años. Sí así como lee, lector/a. Vea: “La base de datos contiene múltiples errores: por ejemplo, dos personas figuran como de 2 y 3 años de edad, buscadas por asalto y robo. Debido a la posible violación del derecho a la privacidad de una persona, debe garantizarse escrupulosamente la exactitud de dicha lista. Otra preocupación que he recibido es que la lista no está debidamente actualizada, por lo que las garantías que podrían tener más de una década de antigüedad todavía se encuentran en la base de datos pública. Aunque la base de datos se actualiza todas las mañanas a las 7 a.m. con los datos proporcionados por los Tribunales penales de todo el país, no todos los Tribunales parecen revisar la información que introducen en la base de datos, lo que da lugar a errores y discrepancias”. O sea: un completo desastre. ¿Qué cambió Cambiemos? Siga leyendo lo que afirmó Naciones Unidas: “He tomado nota con preocupación de la información sobre dos casos de violación del derecho a la privacidad de las niñas –escribió el relator que visitó el país-. En el primer caso, una niña de 12 años quedó embarazada como resultado de abuso sexual en la provincia de Jujuy. En enero de 2019, después de haber sido atendida en el Hospital Dr. Guillermo Paterson y confirmado su embarazo, ella y sus tutores legales decidieron realizar un aborto. Sin embargo, el personal del hospital se negó a cumplir y el caso se convirtió en objeto de debate público en los medios de comunicación. La Iglesia Católica y los grupos antiaborto se opusieron públicamente, el Gobernador (Gerardo Morales de la Alianza Cambiemos) declaró que el Código Penal de Argentina permitía el aborto en ese caso y dijo que él había dado la orden de que se realizara el aborto. En la Maternidad Provincial del doctor Héctor Quintana, el equipo médico realizó una cesárea y generó un parto con vida. El Ministro de Salud provincial dio a conocer en los medios de comunicación, sin el consentimiento de la niña o su familia, el cuadro clínico de la paciente, el procedimiento médico a realizar, el momento de la intervención quirúrgica y las condiciones de su salud antes y después de la acción terapéutica. También en enero de 2019, ‘Lucía’, una niña de 11 años de la provincia de Tucumán y sus tutores legales decidieron realizar un aborto en un hospital público después de que ésta fuera víctima de abuso sexual. Sin embargo, el sistema provincial de salud retrasó la interrupción del embarazo durante cinco semanas y no protegió el derecho de la niña a la privacidad. El personal médico, junto con la Secretaría del Sistema de Salud de la Provincia de Tucumán y el Director del Hospital de Este revelaron datos sensibles sobre la vida de la niña, con información sobre su salud e historia clínica”. Las más de 7.000 cámaras que instaló el alcalde Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y las 300 con reconocimiento facial no alcanzaron para prevenir el doble homicidio de Congreso a plena luz del día en un territorio de la Policía de la Ciudad y a 400 metros de la Jefatura de la Policía Federal. Veamos qué dice Naciones Unidas sobre las cámaras de la Ciudad, la intromisión en la intimidad de las personas, y la seguridad. “Desde 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado significativamente la red de cámaras de vigilancia en la ciudad como un intento de mejorar la seguridad y prevenir la delincuencia. Actualmente, hay más de 7.000 cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires y operadas por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Los ejemplos de otras ciudades han demostrado que la mejora de la seguridad pública mediante la instalación de cámaras de vigilancia es cuestionable en algunos casos y justificable en otros. La justificación de tal sistema, su legitimidad, necesidad y proporcionalidad deberían haberse establecido mediante una evaluación del impacto en la privacidad (en inglés Privacy Impact Assessment, PIA) que no parece haberse llevado a cabo. El 25 de abril de 2019, se activó un sistema de reconocimiento facial en 300 cámaras de vigilancia de la ciudad. El sistema está conectado a la CONARC, la base de datos pública de personas buscadas por la justicia, compuesta por 46.000 archivos. Mis preocupaciones con respecto a la CONARC (ver párrafo 11) también son relevantes aquí. Soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud”. El relator de Naciones Unidas afirmó que Rodríguez Larreta aprobó una legislación de “bajo nivel” y denunció que en Comodoro Rivadavia las cámaras son solventadas por empresas petroleras, es decir que el Estado se corre y el lugar lo toman las empresas privadas. Mirá: “(…) El Gobierno ha aprobado una reglamentación de bajo nivel en materia de biometría, pero no una legislación detallada sobre el uso del reconocimiento facial: Resolución Nro. 398/MJYSGC/19. La ciudad de Comodoro Rivadavia, una ciudad de alrededor de 180.000 habitantes en la provincia de Chubut, cuenta con una red de 120 cámaras, que el Gobierno planea incrementar hasta 250. El Gobierno tiene previsto dotar a la red de capacidad de reconocimiento facial en los próximos meses, a fin de poder identificar y capturar a las personas que tengan una orden de detención. Mientras que la base de datos utilizada para este propósito será el CONARC, sólo alrededor de 100 o 200 personas de la lista de más de 46.000 serán incluidas en el software de reconocimiento facial. Serán elegidos en función de la gravedad de los presuntos delitos. El costo del sistema de reconocimiento facial será parcialmente cubierto por las compañías petroleras presentes en la ciudad. Me preocupa que ni Buenos Aires ni Comodoro Rivadavia hayan realizado ninguna evaluación de impacto en la privacidad antes de implementar amplias redes de cámaras de vigilancia o sistemas de reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas. Los funcionarios y funcionarias a los que entrevisté dijeron que estaban seguros de que el derecho a la privacidad no estaba siendo violado por los sistemas existentes y que cumplían los requisitos legales, pero que no podían explicar su necesidad y proporcionalidad. En estos y otros casos similares es esencial que las evaluaciones preliminares de impacto se lleven a cabo inmediatamente y sin demora y que sus recomendaciones sobre salvaguardias y recursos se cumplan de inmediato”. Aquí el informe preliminar de Naciones Unidas completo: “Dicen que la opresión en un cruel tutor/y que la injusticia es una enfermera/Allá lejos se comen tu corazón, si tan solo lo hubiera dicho primero/No importa cuál sea el precio/Sino cuanto de eso en realidad no existe/ ¿Qué hace un encanto como tú en una pocilga como esta?” La canción de Bob Dylan parece inspirada en ella. Esa mujer que no se fue en la cañonera. Comentarios
