Como exjuez y protagonista clave de la operación Lava Jato, Sergio Moro se atrevió a condenar por corrupción y a enviar a la cárcel al popular expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. Hoy, como ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo presidente Jair Bolsonaro , Moro llega de nuevo a Buenos Aires en medio del juicio oral a Cristina Kirchner, convertida ahora en candidata a vicepresidenta. Y aunque prefiere no referirse específicamente al caso que mantiene en vilo a la política argentina, no duda en dar recomendaciones a los magistrados de nuestro país. "Los jueces tienen que realizar su trabajo sin pensar en las cuestiones electorales. Si alguien infringió la ley, debe enfrentar las consecuencias. Eso es un Estado de Derecho", resaltó a LA NACION en una entrevista exclusiva en su despacho de la capital brasileña. "No es algo simple cuando se ven esquemas de corrupción tan amplios en América Latina, donde hay problemas de impunidad y de falta de eficiencia en la aplicación imparcial de la ley. Pero son desafíos que hay que enfrentar si queremos democracias más maduras", explicó. El joven funcionario, de 46 años, 22 de ellos como magistrado federal, reconoció que no tiene gran conocimiento sobre el proceso contra Cristina Kirchner y que sería temerario hablar sobre el tema. "Lo que puedo decir, por la experiencia brasileña, es que es importante que la política y la Justicia estén separadas. Para que la Justicia siga en el camino correcto, basta seguir la ley. Si la Justicia piensa en las consecuencias políticas de actuar de una forma u otra, cualquier opción que tome tendrá efectos políticos, tanto la acción como la omisión", apuntó Moro, quien fue muy criticado a fines del año pasado cuando aceptó el ofrecimiento del ultraderechista Bolsonaro de integrar su gabinete. En Buenos Aires, participará de una reunión de titulares de Justicia y Seguridad Pública del Mercosur y, junto a sus pares argentinos Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), firmará un acuerdo para reforzar la seguridad en eventos deportivos, con vistas a la Copa América que se celebrará en Brasil en junio y julio. -¿Es posible que se monten tramas de corrupción grandes en un Estado sin el aval del gobierno? En el caso de Lula se probó que era beneficiario final del esquema criminal que actuó en Petrobras; hubo una captura de una compañía estatal en favor de intereses privados, directores de la empresa, agentes políticos y el propio exmandatario. Lula no fue solo condenado por mí, sino también en las dos siguientes instancias, y también fue condenado en otro proceso. Es una situación lamentable, nadie quiere ver a un expresidente procesado y condenado, pero la ley está por encima de todos. Es difícil dar una opinión sobre la Argentina y la expresidenta Kirchner, solo tengo conocimiento del tema por la prensa. -Tras las revelaciones del Lava Jato, ¿puede decirse que hay dinámicas similares de corrupción en la mayoría de los países latinoamericanos? Existe en varios países de América Latina un problema de integridad por parte de sus gobernantes. Lo que se verificó en el caso de Brasil fue ese fenómeno llamado "captura del Estado", en el que gobernantes se apropian de la máquina pública para defender intereses especiales o sus propios intereses privados, ya sea por el financiamiento ilegal de campañas o por enriquecimiento ilícito. Lo importante es qué se hace una vez que se descubre eso; la respuesta equivocada es barrer la suciedad debajo de la alfombra y continuar como si nada, porque esa suciedad tiende a reaparecer y aumentar. En ese aspecto, Brasil tiene sus méritos porque hizo algo al respecto: muchas personas fueron procesadas, varias fueron juzgadas y condenadas. Eso hace avanzar el Estado de Derecho. -Como en Brasil, en la Argentina la obra pública se frenó. ¿Qué recomendaría a las autoridades locales para que las investigaciones no afecten la economía? No está claro si hay una correlación entre las investigaciones y los problemas económicos que Brasil sufrió: los analistas apuntan que había también un problema de déficit fiscal creciente y una pérdida de confianza en la economía. Hay que considerar dar una segunda oportunidad a esas empresas involucradas en crímenes siempre y cuando admitan sus crímenes, colaboren con la Justicia, abandonen esas prácticas y, además, indemnicen a las arcas públicas por los prejuicios sufridos. En Brasil se firmaron acuerdos de indulgencia con Odebrecht, OAS y Camargo Corrêa, entre otras. No se pueden ignorar el incumplimiento de la ley y la práctica de sobornos, independientemente de quién esté involucrado. Si no, se contribuye cada vez más a un ambiente más deteriorado y las pérdidas económicas son mayores. La corrupción diseminada corroe la productividad de la economía. -En una semana se cumplirán dos años de la liberación de información de Odebrecht, pero las pruebas no fueron compartidas con la Justicia argentina. ¿Por qué no se avanzó? No estoy más a cargo de esa cooperación de forma directa, que ha siempre sido responsabilidad principal del Ministerio Público Federal. Durante las investigaciones del Lava Jato se descubrió que algunos empresarios habían sobornado a funcionarios extranjeros y adoptamos una política general de cooperación para compartir esas pruebas. Pero las pruebas que recibimos de colaboradores/arrepentidos como consecuencia de un acuerdo de delación premiada solo pueden ser compartidas con el compromiso del país que las recibe de no utilizarlas contra quienes las proveyeron. Ese fue el caso de Odebrecht. Algunos países aceptaron de buen grado esa condición, como Perú. Hasta donde yo tengo presente, en el caso argentino había problemas en aceptar esas condiciones: la ley no lo permitía. Es común en casos de cooperación judicial internacional que existan esas condiciones. Por ejemplo, Suiza coopera proveyendo pruebas, pero no permite que sean usadas para procesar crímenes de exoneración fiscal. Si no hubo modificaciones en la legislación argentina, era un problema más de la Argentina que de Brasil. Nada impide que la Argentina desarrolle sus propias pruebas y avance en sus procesos sin condiciones. Hay que hacer una elección: o recibir las pruebas y procesar a algunos de los involucrados o no obtenerlas y no poder procesar a nadie a no ser que se realicen investigaciones propias. Es una elección muy pragmática que corresponde a cada país. Aquí se escogió firmar acuerdos de delación premiada con criminales menores para llegar a otros mayores. -No bien asumió presentó un paquete anticrimen que sigue estancado en el Congreso, criticado por la supuesta "carta blanca" a los agentes de seguridad que maten en legítima defensa en situaciones particulares. ¿Qué respondería a quienes aseguran que da a la policía licencia para matar? Existe ahí un equívoco: como tenemos un gobierno con un discurso más duro en materia de seguridad pública, se intenta colocar esas propuestas en un escenario peyorativo. Pero hay propuestas casi idénticas en los códigos penales de Portugal y de Alemania. En el fondo no se trata de una licencia para matar: se busca entender que si un agente reacciona a una agresión injusta, en legítima defensa, eventualmente puede excederse en su respuesta y no tiene que ser considerado necesariamente un asesino, un criminal; los agentes no son robots. -En Río de Janeiro bajaron las muertes violentas, pero aumentaron por acciones policiales. ¿Hay una correlación? No, no la hay. Esas muertes por acciones policiales son un dato negativo que hay que disminuir. El ministerio no apunta a una estrategia de confrontación: es un camino equivocado porque acaba exponiendo tanto a la policía como a inocentes y a los propios criminales, que deben ir presos, no resultar muertos. Es difícil asegurar cuáles fueron las causas exactas de la reducción de muertes violentas, porque son varias. Por ejemplo, la cúpula presa de la principal organización criminal brasileña, el PCC (Primeiro Comando da Capital), fue transferida a presidios de seguridad máxima, para aislarla. Eso debilitó al PCC y seguramente llevó a que sus miembros en libertad cometieran menos crímenes. Pero aún tenemos demasiados crímenes violentos en Brasil. -Bolsonaro impulsa una política de flexibilización de armas de fuego. Para usted, ¿es positivo tener más armas en las calles? Esa fue una promesa del presidente en campaña electoral y ha sido puesta en marcha principalmente por la presidencia. Hay que resaltar que aunque haya una flexibilización aún existen muchos mecanismos de control; no es que cualquier persona puede adquirir o portar armas. Tenemos que evitar que caigan en manos erradas. El presidente aclaró que no se trata de una política de seguridad pública, sino de atender a una parte de la población que cree en el derecho de tener armas. Yo le di mi opinión personal al presidente de la república.
