Una causa silenciosa empezó a preocupar a Cristina Kirchner y a su entorno. No es para menos, allí se conjugan hombres del Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que integran la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés). La novedad es que aquella pesquisa ya empezó a mostrar resultados concretos. Hace pocas semanas se conoció que la justicia argentina había logrado embargar una propiedad por 30 millones de dólares ubicada en la paradisíaca isla Turks and Caicos y que fue comprada por el grupo de prestanombres que funcionó en torno a Daniel Muñoz y Carolina Pochetti. Esa medida fue posible gracias al aporte de aquellos funcionarios americanos que entregaron documentos sobre la ruta que recorrieron los dólares para la compra. Ese movimiento de divisas, llamado técnicamente "trazabilidad del dinero", es el corazón de la investigación. Y lo llamativo es que ya hay algunos paraísos fiscales conocidos en la trama. Uno de ellos, Seychelles, polémica escala de un viaje presidencial realizado el 22 de enero de 2013. Como adelantó LA NACION, la investigación empezó con la necesidad de conocer el origen de los bienes comprados por el fallecido exsecretario de Néstor Kirchner. Aquellas inversiones se realizaron mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades. Los cruzados contra la cleptocracia, dieron un paso más. Siguieron la venta de apuro de varios de los inmuebles cuando se publicó la investigación de Panama Papers y se encontraron con la compra de un terreno en Turks and Caicos. El juez Claudio Bonadio, en el marco de la llamada causa de los cuadernos, pidió el embargo de un terreno que ni siquiera la misma viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, pudo identificar. Vagamente, en su declaración, dijo que estaba ubicado sobre el océano Atlántico, cerca del lujoso resort Aymanara, un hotel que ofrece diferentes precios por noche que van desde 2200 dólares la más barata a 18.000 si lo que se alquila es una cabaña de seis camas. Pero el problema para el embargo se presentó cuando el oficio judicial llegó a Turks and Caicos. Sucede que la isla caribeña es territorio de la Corona Británica. Entonces, empezaron las disputas. La Corona se opuso al embargo de aquellas tierras compradas con el dinero de la corrupción argentina. Argumentó que el lugar estaba dentro de un parque nacional (un área protegida por el gobierno local) y que no podía ser embargada. La controversia tuvo un dictamen del Procurador de Turks and Caicos y, finalmente, llegó a la Corte Suprema de la isla. Desde la Unidad de Información Financiera (UIF) se siguió el proceso, pero también desde los Estados Unidos, portadores de un interés concreto de lograr que la Argentina logre el embargo del bien. Sucede que desde la publicación de Panama Papers el gobierno americano envió al país el ADN de aquella decena de inmuebles comprados en Estados Unidos, entre los que se encontraban dos departamentos en el Plaza Hotel de Nueva York. Esa documental se entregó al juez federal Luis Rodríguez. Pero aquellas carpetas quedaron en el cajón de las cosas no urgentes del magistrado. Pese a los pedidos de la UIF, jamás se embargaron aquellas propiedades. Muñoz y Pochetti iniciaron el proceso de venta alertados por la información periodística y así gran parte del dinero se perdió. Ya presa y arrepentida en la causa de los cuadernos, la viuda dijo haberle entregado 10 millones de dólares al juez para negar los embargos y dilatar ese proceso, que terminó con el sobreseimiento de todos los involucrados. Ya en la causa que lleva Bonadio, la UIF volvió a la carga. Los investigadores de Estados Unidos siguieron la venta y entonces llegaron a Turks and Caicos. Pero la oposición de la Corona Británica frenó la causa. La Corte de la isla intervino y finalmente, zanjó la discusión. Le dio la razón a la Argentina por un motivo temporal. El reclamo del país llegó antes del que realizaron los británicos. A nadie escapa que el interés de Estados Unidos por lograr la paralización de ese inmueble fue determinante. Satisfecho aquel interés puntual, los investigadores sobre la cleptocracia se enfocaron en otro camino. Pese a la colaboración de los Estados Unidos cuando otros países le piden ayuda sobre compra de activos en ese país, es inusual la apertura de una pesquisa dentro de su sistema judicial y con impulso de sus propios fiscales. Ya se aseguraron que nadie podrá disponer de los bienes en Turks and Caicos. Ahora, aparecieron los nombres de otras sociedades basadas en otro paraíso de playas y mar turquesa: Seychelles, una isla en la que se detuvo la expresidenta de regreso de Vietnam. Una escala que jamás pudo ser explicada por aquella administración.
