El traspaso del control de Edenor y Edesur de la Nación a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires avanza a paso firme. El 10 de mayo, el gobierno nacional anunció que llegó a un acuerdo con las distribuidoras para saldar deudas cruzadas y ahora falta que la legislatura porteña y la administración de María Eugenia Vidal, mediante un decreto, convaliden el trámite. Del cotejo de reclamos pendientes entre unos y otros surgió una deuda de las distribuidoras de unos 7000 millones de pesos, por distintas multas que se acumularon desde 2006, cuando el país ya atravesaba la crisis energética. El Estado y las empresas acordaron que ese monto se pagará con inversiones para mejorar la atención al cliente y la calidad del servicio. Pero ese dinero debió haber regresado a los usuarios mediante bonificaciones en sus facturas de electricidad. Así surge de los contratos de concesión originales, que datan de la privatización del servicio en 1992, y los documentos que sellaron el traspaso, a los que tuvo acceso TN.com.ar. Según los documentos oficiales, Edenor (1, 17 millones de clientes) destinará a obras $2998 millones y Edesur (2, 48 millones), $4197 millones, para compensar las multas acumuladas. Un calculo sencillo arroja que de haberse distribuido ese monto entre los usuarios de cada distribuidora en partes iguales, cada cliente de Edenor hubiera recibido 2565 pesos y cada abonado a Edesur, 1692 pesos. Son cifras que hubieran aliviado los tarifazos de los últimos tiempos. Las distribuidoras y la Nación llegaron a la negociación del traspaso con múltiples reclamos cruzados. Las empresas reclamaban, entre otras cosas, por el congelamiento de las tarifas que rigió entre 2002 y 2016; y el Estado exigía saldar las multas que se habían acumulado durante más de una década. El Estado agrupó las multas pendientes en tres grupos. En el primero puso los reclamos particulares de los usuarios por interrupción de servicio, daños en instalaciones o artefactos y otros. Estos resarcimientos se pagarán a los damnificados "dentro del plazo de tres años de la celebración del Acuerdo, actualizadas por la tasa activa del Banco Nación con capitalización semestral de intereses", según el Acuerdo de regularización de obligaciones para la transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales, al que accedió TN.com.ar. En el segundo conjunto se incluyeron penalidades correspondientes a incumplimientos resultantes de mediciones semestrales de calidad de servicio y otras inspecciones que efectúa periódicamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Estas son las multas que correspondía bonificar a los usuarios y que, en cambio, se cambiaron por inversiones para mejorar la atención a los clientes, complementarias a las que se definieron en las revisiones tarifarias de 2017 para el quinquenio en curso. El tercer grupo de multas eran las que debían pagarse al Tesoro y fueron compensadas con los reclamos de las distribuidoras. Según los contratos de concesión que se firmaron en 1992, las multas a las distribuidoras por cuestiones de calidad de servicio e incumplimientos que no surgían de damnificados particulares debían distribuirse entre los usuarios. En la página 81 del contrato de Edenor, por ejemplo, se tabulan penalidades por deficiencias en la calidad de producto técnico (la tensión) y se aclara: "Las sanciones se aplicarán en la forma de bonificaciones en la facturación de cada usuario afectado por la mala calidad de la tensión". Hay referencias similares para las multas por déficits en calidad comercial y frecuencia y duración de los cortes. Las multas a favor de los usuarios comenzaron a acumularse en 2006. En ese entonces, el ministro de Planificación Julio De Vido estaba a cargo de la energía y cerró con las distribuidoras actas acuerdo para avanzar en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), pendiente desde la salida de la convertibilidad. Se abrió ahí un periodo de transición, pero la RTI no se concretó hasta 2017, ya con Juan José Aranguren como ministro de Energía. Planificación sentó el antecedente. Ante la consulta de TN. com. ar, fuentes de la Secretaría de Energía refirieron a esas actas acuerdo de tiempos de De Vido para justificar el canje de multas por inversiones. "Esto pone fin al Acta Acuerdo que se inició en 2006 y terminó con la RTI de 2017. Allí se fijaron algunas consideraciones diferentes al contrato de concesión para el periodo de transición, que va de 2006 a 2017, y se estableció como lineamiento general que estas multas deberán aplicarse a inversiones que redunden en calidad del servicio", indicó un funcionario que participó en las negociaciones con Edenor y Edesur. "Estamos fuera del contrato de concesión por las actas de 2006. Iba a haber una revisión tarifaria y se postergó hasta 2017. Desde el punto de vista del Estado, fue poco presentable que haya pasado tanto tiempo", agregó. Las obras, insistieron en el Gobierno, se acordarán con el ENRE -y con el organismo que lo sustituya cuando finalice el traspaso a la provincia y la Ciudad- y "deben ser un beneficio para todos". "Si se pagara 1500 pesos a cada cliente pero seguís con los mismos problemas de atención al cliente y demás… creemos que va a ser más duradero dedicarlo a estas inversiones", agregaron. Según el Acuerdo de regularización de obligaciones para la transferencia, las distribuidoras tienen cinco años para efectuar las mejoras. "Vencido el plazo, el monto de las inversiones que no hayan sido ejecutadas será abonado a los usuarios dentro de los treinta días”, con un ajuste por inflación y un recargo del 25 por ciento. El viernes 10, al anunciar el acuerdo con las distribuidoras para el traspaso, la secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui celebró: "El traspaso no tendrá costos para el Estado nacional ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante CAMMESA (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $3.858 millones al Estado Nacional". La representación del Estado estuvo a cargo de Juan Antonio Garade, secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico y ex ejecutivo de Edenor y Edesur. Fuentes oficiales aclararon que la Oficina Anticorrupción validó su participación en las gestiones. El traspaso de las distribuidoras también abrió un frente de preocupación en los 427 trabajadores del ENRE, que dicen que no tienen asegurada la continuidad laboral con la creación del nuevo organismo que compartirán la Ciudad y la provincia, el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE). "Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del ENRE expresamos nuestra preocupación y nos declaramos en alerta y movilización", indicaron. "Pese a haber manifestado nuestra preocupación ante todas las autoridades competentes, el acta suscripta no garantiza la continuidad laboral de todas y todos los trabajadores", agregaron. Fuentes oficiales contestaron que "lo conversado es que haya continuidad laboral. No habrá telegrama de despido en ningún caso y bajo ningún concepto".
