Pasaron exactamente ocho años desde que estalló el escándalo. En las últimas horas, el juez Marcelo Martinez de Giorgi firmó la elevación a juicio de la causa "Sueños Compartidos", que significó un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas. Entre los más de 20 imputados se destacan los hermanos Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala. El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). Durante la investigación, que comenzó en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. "En todos los casos en los que la Fundación resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizo su selección fue irregular, pues se le adjudico la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal", dice la resolución de Martinez de Giorgi. Además, la Fundación no cumplió con el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y con el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo. Entre los procesados hay un grupo de personas acusadas del delito de lavado de dinero. Ahí se destacan el contador Alejandro Gotkin, que estuvo detenido junto a los Schoklender, el piloto Gustavo Serventich, quien tuvo un rol clave en la compra de dos aviones, y Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques. En una extensa resolución, de más de 60 carillas, el juez rechazó las oposiciones planteadas por algunas de las defensas y firmó la elevación. En las próximas horas quedará sorteado el tribunal y luego se elevará formalmente a juicio, explicó una fuente de la investigación. El escándalo "Sueños Compartidos" arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios. Hebe de Bonafini será juzgada como presunta partícipe de defraudación a la administración pública por avalar el accionar de los hermanos Schoklender. La titular de las Madres fue declarada rebelde y tuvo un pedido de detención. Fue en agosto de 2016, cuando el juez la citó a indagatoria y la dirigente no se presentó. Finalmente, el magistrado le tomó declaración en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
