Dos días después de haber sacudido el tablero político y judicial, la Corte Suprema realizó hoy un repliegue táctico al emitir un comunicado en el que aclara que el juicio por presunta corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo puede iniciarse el martes próximo. Parece claro que los responsables de llevar adelante la dinámica de la Corte, es decir los cuatro jueces que votaron a favor de pedir el expediente, evaluaron el negativo impacto político y social que había generado su decisión, que anoche encendió algunos cacerolazos y que tenía en camino la convocatoria a una marcha. En el texto buscaron minimizar el giro como si fuera una simple cuestión de originales y fotocopias, y no una decisión de profundas implicancias jurídicas. Esta mañana hubo encuentros y diálogos informales entre Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Conversaron sobre el rebote mediático y resolvieron emitir una suerte de aclaración sobre su decisión, que se canalizó por vías informales antes de llegar a la difusión oficial del Centro de Información Judicial (incluso generó un revuelo en redes porque se difundió primero una versión con acotaciones informales, que después fue rectificada). El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, el único que votó en contra, se enteró de todo cuando la información se conoció en los portales de noticias. Otra vez había quedado completamente afuera de las decisiones. Sin embargo, el repliegue no quiere decir que la Corte se haya apartado del asunto, más allá de que haya dado luz verde a la simbólica imagen de Cristina Kirchner sentada el martes ante el tribunal. Ese mismo día, en una acordada que se presagia muy intensa, la Corte empezará a analizar si efectivamente hubo recursos de la defensa de los acusados que debieron ser tenidos en cuenta. Y hay dos indicios de que van a pedir medidas adicionales que podrían retrasar no el inicio del juicio, pero sí su desarrollo posterior. El primero está incluido en el mismo comunicado, al mencionar tres antecedentes en los cuales el máximo tribunal también actuó cuando todavía no había sentencia definitiva. Buscó así desactivar el argumento técnico de que esta vez había obrado en forma inédita para beneficiar a la expresidenta. El segundo indicio no es objetivo sino deductivo: ¿la Corte va a hacer todo este movimiento para concluir que la actuación de la Cámara de Casación fue correcta y no corresponde reclamarle medidas adicionales? A partir de ahora se desarrollarán dos procesos en simultáneo: el juicio en el Tribunal Oral N°2 y la revisión de los recursos en la Corte. Pero las líneas paralelas podrían tocarse si en algún momento la Corte toma acciones que obliguen a una postergación del juicio. Por ejemplo, si resuelven sobre la fusión o no de la demanda civil con la penal, o si habilitan a la realización de una auditoría de toda la obra pública desde 2003 a 2015. La de hoy se asemeja a una acción táctica para descomprimir la presión en el corto plazo. Pero el tribunal ya dejó instalado el mensaje de que sobrevuela la causa y de que puede volver a intervenir. La Corte está poblada de hábiles tiempistas.
