El pleito judicial iniciado en 2006 contra el Estado nacional por la nacionalización del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras rescindir unilateralmente el contrato con la empresa Aguas Argentinas, controlada por el grupo Suez, encontró un punto final tras arduas negociaciones. Habiendo un laudo firme contra el país en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, obligando el pago de casi u$s 405 millones, el Gobierno negoció una quita del 25% de la deuda reconocida, y emitió deuda pública para cubrir el resto pasivo reconocido, aproximadamente u$s 331 millones. El Cronista tuvo acceso a los documentos reservados de la negociación, que plasman en poco más de 30 páginas el reconocimiento del fallo adverso, el deber del Estado de afrontar tales compromisos, y la decisión de los litigantes extranjeros de deponer, tras el pago, cualquier otro litigio contra el Estado en tribunales del exterior y del país, donde se acumulan reclamos por más de $ 7.100 millones. Las negociaciones encabezadas desde el Ministerio de Hacienda por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, bajo estricta supervisión del cuerpo de abogados del Estado en la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sigen, concluyeron con una quita de la cuarta parte del laudo fijado por el Ciadi, que de antemano es menos de un cuarto del reclamo original, por u$s 1700 millones. Mirá también Con críticas al Gobierno, Cristina presentó su libro en la Feria del Libro La ex presidenta y senadora nacional presentó su libro "Sinceramente" en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Dentro y fuera del predio cientos de personas siguieron sus palabras. A principios de abril, el Ministerio de Hacienda, con el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, encargado de la negociación, y bajo estricta supervisión del cuerpo de abogados del Estado en la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sigen, firmó el acuerdo y ordenó el depósito de títulos públicos Bonar 2024 por un valor nominal de u$s 239.044.349, y Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses -conocidos como Bonos Discount, o DICA- por u$s 92.649.702. Ambos títulos fueron emitidos originalmente con un cupón de 8, 75% y 8, 28% anual, en dólares, respectivamente, y según pudo saber este diario, al día de pago, los instrumentos de deuda cotizaban el equivalente a $ 317 millones, que fue el número final arribado con los acreedores. A fines de abril, el grupo Suez comunicó oficialmente haber llegado a un entendimiento con el Gobierno argentino, por el que capitalizó u$s 245 millones. Macri, durante un acto reciente en la empresa estatal Aysa, continuadora de Aguas Argentinas. El origen del litigio En 1993, al inicio de la era de las privatizaciones menemistas, el grupo Suez tomó control de los servicios de agua y saneamiento en el AMBA en el marco de un consorcio internacional del que participaba Aguas de Barcelona (Agbar) y otra firma francesa, Vivendi. Luego de la crisis y estallido social de 2001, el Gobierno congeló las tarifas, mientras el operador exigía su dolarización y, más tarde, compensaciones por la pérdida de rentabilidad. Pero Néstor Kirchner se negó a otorgarlas y, cuando Suez ultimaba su salida de la operación acusando al concedente de incumplir su parte del trato, le rescindió el contrato y creó Aguas y Saneamiento Argentino (Aysa) para ocuparse del servicio y las obras. El encargado de anunciar la buena nueva fue el ministro de Planificación, Julio De Vido. Las corporaciones iniciaron entonces un litigio ante el Ciadi por u$s 1700 millones, acusando al Estado de violar los acuerdos de protección de inversiones firmados con Francia y España. El tribunal estableció en 2015 que la Argentina no había ofrecido "un trato justo y equitativo" a los inversores extranjeros, y condenó al pago de u$s 383 millones, más intereses ajustables según las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos en compensación de los daños, correspondiéndole u$s 223, 8 millones a Suez; u$s 123, 7 millones a Agbar; u$s 37, 4 millones a Vivendi, y en otra causa, u$s 20, 9 millones más intereses al grupo británico AWG. En julio de 2016, el bufet judicial Bruckhaus Deringer US LLP, con sede en Nueva York, intimó al Estado argentino a pagar los compromisos firmes por el fallo del Ciadi, y luego de varias negociaciones con idas y vueltas, el director jurídico del grupo Suez, Philippe Andrau, dirigió una carta al Ministerio de Hacienda en noviembre pasado manifestando que los demandantes estaban satisfechos con el "acuerdo transaccional" propuesto por el Gobierno. La negociación concluyó una vez que el presidente Macri firmó el decreto autorizando el modelo de acuerdo de pago presentado a los acreedores y la autorización para emitir deuda pública. El acuerdo con el principal acreedor, el Grupo Suez, de capitales franceses y con participación del Estado galo, permite al Gobierno cerrar un capítulo signado por hostilidades y reflotar un clima favorable de inversiones. Muchas compañías galas retaceaban negocios en el país, siendo advertidos desde París de la deuda vigente contra Suez. Ya en la visita que Macri hizo al presidente francés, Emmanuel Macron, en enero de 2018, había trascendido el buen entendimiento con los acreedores internacionales para pagar una deuda que Francia consideraba imprescindible para el relanzamiento de la relación. Los acreedores que cobraron con bonos también promovieron otros litigios contra el Estado nacional por la rescisión de los contratos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, que siguen vigentes. En el caso santafesino, el Ciadi ya determinó que el Estado argentino debe abonar, aproximadamente, u$s 220 millones. No hay comentarios. Se el primero en comentar
