A través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno reglamentó el uso de armas electrónicas no letales, las pistolas Taser, en las fuerzas de seguridad federales. Se trata de armas de electrochoque, que disparan proyectiles con cables que administran corriente suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente. Recibir newsletter Según el texto firmado por Bullrich y publicado este martes en el Boletín Oficial, las fuerzas de seguridad podrán usar estas armas con los siguientes objetivos: a) Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse. b) Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas. c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública. Entre los argumentos de la resolución, se hace hincapié en que el uso de las Taser les da a las fuerzas policiales "una opción táctica adicional". "Permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes", explica el texto. En enero de este año, Bullrich le había confirmado a Clarín que se analizaba una primera compra de 300 pistolas Taser, cuyo precio por unidad, en su formato básico, asciende a los 3 mil dólares. En principio, las armas no letales que realizan una descarga eléctrica serán utilizadas en aeropuertos y en los trenes, donde se concentra gran cantidad de gente en espacios reducidos. Pistolas Taser. Habilitadas a través de una resolución. La medida había generado críticas de organismos de derechos humanos por considerar que este tipo de pistolas pueden ser usadas para torturar. Un punto de la reglamentación que el Gobierno contrapone a estas críticas es que, luego del uso de armas electrónicas no letales, se procederá a "preservar la memoria interna del material utilizado, a los efectos de efectuar el pertinente control administrativo". Es decir, que cada pistola tendrá una suerte de "caja negra". El argumento del uso de las Taser como instrumento de tortura fue parte de la disputa judicial que se dio en principio en la Ciudad de Buenos Aires, cuando en 2010 Mauricio Macri -entonces jefe de Gobierno porteño- planteó que la por entonces Policía Metropolitana usaría las Taser. La discusión duró 6 años y la zanjó la Corte Suprema de Justicia en 2016, cuando dejó firme un fallo que autorizaba su implementación, con el argumento de que no había elementos que corroboraran ese cuestionamiento.
