Una sorda pelea, de consecuencias impredecibles, se desató entre la Oficina Anticorrupción (OA), que preside Laura Alonso , y la Auditoría General de la Nación (AGN). El conflicto tuvo como disparador la decisión de la AGN de auditar el organismo que dirige Alonso; la funcionaria, celosa de los datos sensibles que alberga la OA, condicionó la entrega de la información que le requería la AGN, situación que llevó a los auditores a intimar a Alonso y a advertirle que podrían llevar el caso a la Justicia. "De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a incoar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales", fue el ultimátum que suscribieron los siete siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva, el miércoles pasado. Con la firma del presidente de la AGN, Oscar Lamberto (PJ), la nota fue remitida a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. Alonso, lejos de amilanarse, aseveró que si la AGN realiza una demanda contra la OA ante la Justicia va a perder. "Nosotros no tenemos ningún problema en que se nos audite, todo lo contrario. Así lo dejamos establecido en las sucesivas comunicaciones que mantuvimos por escrito con la AGN -enfatizó la titular de la OA al ser consultada por LA NACION-. Lo que no estamos autorizados a entregar es la información sobre las denuncias presentadas por la OA ante la Justicia y el estado actual de esas denuncias. Se trata información que afecta a terceras personas y sólo puedo entregarla si hay una orden judicial, y este no es el caso. " El conflicto entre ambos organismos de control se remonta a junio del año pasado, cuando la AGN le comunicó a la OA que, conforme a su plan operativo 2018, debía realizar una auditoría de ese organismo. Era la primera vez desde su creación que la OA iba a someterse a la supervisión de un organismo de control externo como la AGN; hasta entonces, sólo había sido controlada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que emitió cuatro informes de auditoría interna. Una vez anoticiada de que iba a ser auditada, la OA le solicitó a la AGN que le precise "los objetivos, el alcance del trabajo, los criterios y procedimientos que se van ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar con la auditoria". Los auditores interpretaron que Alonso pretendía condicionar la entrega de la información que le requerían. Alonso lo niega. "Sólo pedí que se explicite el objeto de la auditoría y el período de la investigación, ya que el plan operativo de la AGN no lo precisaba", indicó a LA NACION. Por nota, los auditores detallaron qué información se le requería de la OA. Además de la normativa vigente que rige el funcionamiento del organismo, también solicitó que se le remita el listado de denuncias presentadas por la OA ante la Justicia, el listado de denuncias recibidas por el organismo y su estado actual. En respuesta, la OA le remitió a la AGN documentación referida al marco normativo, la estructura organizacional y los reglamentos inernos del organismo. Pero no le envió la información sensible sobre las denuncias en trámite en la OA. En cambio, insistió en que la AGN debía precisarle cuál era el objetivo y las características de la auditoría que iba a llevarse adelante. Para los auditores, la información ofrecida por la OA era parcial e insuficiente. En medio del cruce de notas, funcionarios de ambos organismos se reunieron en un par de oportunidades antes de fin de 2018 para intentar conciliar un mecanismo de trabajo; la AGN pidió una serie de entrevistas preliminares, a lo cual la OA accedió pero previo envío del cuestionario con las preguntas por escrito que formularían los auditores. Para los auditores estaba claro que la OA se resistía a ser auditada. Tras el receso parlamentario de verano, la AGN volvió a la carga y, por nota firmada por el auditor Rodríguez, intimó a Alonso a que envíe la información que se le había requerido originalmente para iniciar el trabajo de auditoría. Le impuso un plazo de diez días hábiles, pero Alonso no accedió. La reacción de los auditores fue unánime: por nota intimaron a Alonso a que cumpla con los requerimientos de la AGN porque, de lo contrario, la demandarían ante la Justicia. Alonso replicó que esa intimación era improcedente y desmintió que el organismo a su cargo se negara a ser auditado. "Esto es de una gravedad institucional inaceptable", advirtió la titular de la OA, quien insistió en que no entregará información sensible sin previa orden judicial. Desde la AGN, en tanto, se explicó que la auditoría en cuestión no pretende indagar en la la gestión política de la OA. "Es el mismo tipo de auditorías que realizamos en otros organismos públicos, pero allí no encontramos este nivel de resistencia", adviertieron.
