La Cámara Comercial rechazó de plano una presentación del Correo Argentino, de la familia Macri, que intentaba desacreditar el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin que puso al descubierto el desvío de 35 millones de pesos en pleno concurso de acreedores hacia abogados y consultoras amigas, directores de la propia empresa y agencias de publicidad. Algunas de las personas salpicadas por el planteo de la fiscalía están vinculadas al gobierno de Cambiemos, como es el caso del diputado Pablo Tonelli, que recibió fondos por asesoramiento legal, igual que Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de Presidencia y amigo del Presidente desde la época del Cardenal Newman. También implicó a Jaime Kleidermacher, representante legal de los Macri de larga data, y pidió que se investigue a Andrés Ibarra, que fue director de Correo y es actualmente secretario de Modernización, por lo que hoy tiene injerencia en el tema. “No serán atendidas las manifestaciones efectuadas toda vez que no existe norma que autorice tal presentación”, le respondió la Cámara a la empresa postal. La presentación de Correo –que suscribe su presidente, Jaime Cibils Robirosa– está escrita en términos agresivos hacia la fiscalía. La acusa de tener un proceder “injustificado e inexcusable”. “No es función de la fiscal impulsar el proceso concursal”, le recriminan, después de 17 años sin pagar la deuda con el Estado, que hoy asciende a 4.000 millones de pesos. Dice que el planteo de Boquin sobre maniobras de vaciamiento de una empresa que figura como inactiva en el expediente, “es un panfleto ideológico sin oportunidad ni ninguna razón procesal para ello”. También sostiene que lo publican los “medios K” porque el objetivo es “alimentar el circo mediático”. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini responden que si admitieran este planteo se “estaría permitiendo una réplica no prevista en la ley 24.946 (del Ministerio Público Fiscal) ni en el ordenamiento procesal, especialmente si no media situación que justifique actuar de otro modo”. En otra breve resolución señalan que el dictamen presentado por Boquin debe ser enviado al juzgado de primera instancia para “dar curso a la investigación solicitada”. Boquin es la fiscal que denunció a comienzos de 2017 que el Estado y el Correo habían firmado un acuerdo “ruinoso y abusivo” que iba camino a la condonación del 98, 87 por ciento de la deuda. El acuerdo se frenó y hubo marcha atrás. El entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que seguía instrucciones del Presidente. El Correo dice que no puede haber vaciamiento porque se trata de una empresa privada no quebrada, que cuando no le alcanzó el dinero recibió aportes de sus controlantes, Socma y Sideco, que la fiscal señala entre las beneficiarias de las maniobras y se queja de que los activos fueron sustraídos por el Estado, considera, de manera ilegal, cuando fue expropiada. Se burla de que se analizaron facturas por pagos de servicios del año 2004 y dice que “los suscriptos no teníamos ninguna injerencia en aquellas cuestiones”. Pero Cibils Robirosa es director titular desde 2004. La fiscal había señalado pagos por asesoramiento concursal que superaban lo que establece la ley de concursos. No se podría cobrar más del 4 por ciento del activo, que se divide a la vez entre los síndicos, pero se supone que Correo según los papeles no tenía activos. Para poder cobrar los montos en juego debía tener un activo de 3.500.000.000 de pesos. Según la fiscal, el estudio Kleidermacher se llevó 9.661.585 pesos, mientras un miembro de su estudio figuraba como apoderado de 19 acreedores en nombre de los cuales votó su conformidad para el acuerdo considerado ruinoso. El estudio de Tonelli facturó casi 4 millones de pesos. Dos de sus integrantes fueron directores del Correo y uno, el yerno del diputado, Pablo Sarín, lo sigue siendo. También tuvo apoderados de acreedores, que votaron por el convenio favorable a la empresa de los Macri. Situaciones similares se dieron con el estudio de Clusellas mientras que Robirosa aparece recibiendo anticipos de honorarios por 722.515 pesos. La presentación admite los pagos, pero niega que se trate de vaciamiento. Sobre el final amenazan con iniciarle acciones civiles, administrativas y penales a la fiscal y le dicen irónicamente que debería ayudarlos a recuperar los bienes que le fueron expropiados y quizá así puedan pagar. La clave es que si se comprueba que hubo fraude concursal eso tendrá un alto costo para las empresas del grupo que pudieron haber participado, cuando además está pendiente una decisión sobre la posible quiebra.
