La Justicia ordenó al Gobierno porteño que "prohíba en forma inmediata" el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta (como Rappi, Glovo y Pedidos Ya), en la Ciudad de Buenos Aires hasta que acrediten "judicialmente la adecuación" a los requisitos legales estipulados por el Código de Tránsito y Transporte local, según se informó hoy. Los repartidores de estas firmas no podrán volver a las calles hasta que no se garantice "que todos circulen utilizando casco", que "la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda" del conductor, que posean "seguro de vida y accidentes" y "libreta sanitaria" y que los rodados "cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)". Así lo resolvió ayer, en un polémico fallo, el titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, quien ordenó, además, que se diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados que arrojó que el 77% circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno, y 67% circula sin casco, según publica el portal de noticias del Consejo de la Magistratura porteño, Ijudicial. En función de ese relevamiento, Gallardo indicó que el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias" Rappi Arg. S.A.S. Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S. A. "se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad". Gallardo se refiere puntualmente a los artículos 13.3.5. 13.3.6. 13.4.2.2. 13.6.1. del Código de Tránsito y Transporte (Ley 5526), y 13.4.2.2. del Decreto Reglamentario (198/18) que estipulan la obligación de usar casco e indumentaria con bandas reflectivas; de contar con los seguros obligatorios; y de que la caja portaobjeto cumpla con determinadas características y esté firmemente amarrada al rodado. A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el lapso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, hechos que ocurrieron mientras desempeñaban su tarea de delivery. Producto de ello, advirtió que "es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario". Fuentes de la causa indicaron a LA NACION que se trata de un caso "particular", ya que tanto los denunciados como los denunciantes incumplen con las leyes. "Ninguna de las empresas, ni las denunciantes, ni las denunciadas, cumplen con los requisitos que establece la Ley de Tránsito actual. Por ejemplo, ninguna está registrada en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC)", detallaron. "Las empresas responsabilizan al Gobierno que nos los deja terminar el trámite del registro. Por su parte, el Gobierno dice que es responsabilidad de las empresas que no empujan para terminar el trámite", explicó una fuente judicial que sigue el trámite de la causa desde la demanda que presentó la firma de delivery Envíos Ya. Desde la Justicia remarcaron que cualquier medida que se tome, en caso de que no se acate el fallo, no irá en contra de los mensajeros sino en contra de las empresas o del Gobierno. Por su parte, fuentes del Gobierno porteño indicaron que se apelará en los próximos días la medida dispuesta por Gallardo. Tras conocer la noticia, desde una de las firmas mencionadas por Gallardo cuestionaron la decisión del magistrado y aseguraron que "afecta a toda la industria de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias en la Ciudad, y pone en riesgo la continuidad de las fuentes de ingreso de miles de personas". "Desde Rappi expresamos nuestra preocupación por esta situación, inédita a nivel mundial, e informamos que apelaremos dicha decisión. Asimismo, seguiremos en contacto con las autoridades para contribuir en la búsqueda de soluciones que protejan a todas las partes de nuestra comunidad, fomenten la innovación, y permitan el normal desarrollo de la economía digital". En tanto, Glovo dijo: "Sabemos que nos encontramos frente a un nuevo paradigma y estamos muy de acuerdo con la necesidad de generar una mesa de trabajo en la que los agentes interesados podamos mantener un debate abierto hasta llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos". "Confiamos en que el Gobierno continuará avanzando en la generación de un espacio de diálogo, donde todos los implicados podamos ceder y salir ganando; sobre todo los trabajadores y los comercios locales con los que colaboramos y que generan ingresos a través de la aplicación", agregó a través de un comunicado la firma. "Invitamos a todo el mundo a preguntar a alguno de los repartidores que circulan por la ciudad qué opina de nosotros; o consulte a aquel bar o tienda de su barrio que vende a través de Glovo, qué beneficios le está suponiendo la colaboración. Verán que esto no es un enfrentamiento donde tiene que haber ganadores y perdedores, sino un sector de actividad donde todos podemos mejorar y beneficiarnos", concluye el texto. Con información de la Agencia Télam
