La única razón para que Melvin Gregorio Farías Gutiérrez -un joven de 21 años, trabajador y director de una joyería-, y Junior Gerardo Rojas Gutiérrez -un policía nacional suspendido- estén presos en una cárcel militar y no se cumpla el debido proceso es la confusión que surgió con los escoltas del hijo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es un indicio claro de cómo funciona la justicia en Venezuela. Lo insólito es que tienen un año en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde están detenidos los militares que el Gobierno cataloga como más peligrosos y los ejecutivos de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos. A pesar de que hay muchas denuncias exigiendo la libertad de los empleados de la joyería, nadie menciona, por el natural temor al poder, que detrás de la dilatación del tribunal está la sombra que involucra a la supuesta víctima, hijo del presidente del máximo tribunal del país. Todo empezó el 18 de abril de 2018. Melvin Gregorio Farías Gutiérrez ejercía sus funciones como director ejecutivo de la joyería "Centro San Ignacio", en Caracas. Casi a las 4:30 de la tarde, el empleado Junior Gerardo Rojas Gutiérrez, iba entrando a la joyería cuando Sergio Sánchez lo acorraló contra la fachada del local comercial apuntándolo con un arma que al dispararla se encasquilló, lo que le permitió a Junior desenfundar su arma de fuego. Hubo un intercambio de disparos, pero sin heridos ya que Sergio Sánchez y dos acompañantes se echaron a correr. Fue una confusión de Sánchez al percatarse que Rojas estaba armado. Llegó la policía al centro comercial y sacaron del baño, que está al lado de la joyería, a una joven con su niña en brazos. Es ahí cuando se sabe que Sergio Sánchez y sus dos acompañantes eran los escoltas de la muchacha y su bebé. Minutos después llegó un individuo gritando improperios contra las personas de la joyería: "Son unos maldi…son unas basuras, allí estaba mi hija". El director ejecutivo Farías Gutiérrez, le responde: "¿Qué te pasa, estás loco? Mald…eres tú". Ahí se enteran que el joven que llegó insultando es Samuel Moreno, hijo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICP) del municipio Chacao se llevó a los dos empelados de la joyería a declarar. Eso fue hace un año y los dos hombres siguen presos. El 19 de abril de 2018, en la audiencia de presentación, le imputaron a Melvin Farías complicidad no necesaria en el delito de homicidio intencional en grado de frustración, en contra de Samuel Moreno y porte ilícito de arma de fuego. Lo inaudito es que el hijo del presidente del TSJ no estaba en el sitio. Él llegó después. Y el arma no la tenía ni era propiedad del director de la joyería. A Junior Gerardo Gutiérrez le imputaron homicidio intencional en grado de frustración contra Samuel Moreno, hijo de Maikel Moreno. Además de lesiones, contra el escolta Sergio Emilio Sánchez, cuyo informe de médico forense no estaba en el expediente, porte ilícito de armas, usurpación de funciones porque tenía su carnet de policía nacional, institución de la cual estaba suspendido. Luego de los 45 días de la fase de investigación, la Fiscalía 59 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas solicitó sobreseimiento de la causa para Melvin Farías Gutiérrez y pidió medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad. Pasaron tres semanas y el Tribunal 49 de Control, a cargo de la abogado Hilda Rosa Villanueva Peralta, sin causa justificada, no dio despacho. A las tres semanas, a finales de junio, fijó la audiencia preliminar para el 1 de agosto de 2018, de manera que tanto Farías Gutiérrez como Junior Rojas estarían 61 días en espera. El día de la audiencia, la jueza Villanueva Peralta dijo que se sentía enferma y se retiró sin importarle la situación de los dos detenidos. El 10 de agosto dijo que la audiencia sería el 20 de agosto, en un descarado retardo procesal en detrimento de Farías Gutiérrez y Rojas Gutiérrez. Y llegó el 20 de agosto, cuando la jueza Hilda Villanueva decidió diferir la audiencia basándose en que la víctima, es decir el hijo del presidente del Tribunal Supremo, debía estar presente, aunque el joven nunca fue llamado a declarar. Allí les dijo, con clara e inteligible voz, a los abogados defensores de Melvin Farías Gutiérrez que ella estaba esperando la "llamada de sus superiores" para poder otorgarle la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad. Ese día fijó la nueva fecha de audiencia para el 30 de octubre, fecha en la que se presentó el escolta Sergio Sánchez pero no el hijo de Maikel Moreno. La jueza insistió en que Samuel Moreno debía estar presente, excusa que usó para volver a diferir la audiencia, que esta vez fijó para el 12 de diciembre, mientras los dos hombres de la joyería continúan detenidos. "Tráeme a Samuel si quieres que la próxima audiencia se celebre", dijo Villanueva. Aunque resultó insólito, la jueza se negó a mostrarles el expediente a los defensores, siempre tratando de proteger a Samuel Moreno, hijo del presidente del Tribunal Supremo, como si tuviese alguna condición especial. El libro de víctimas nunca fue entregado al tribunal, siendo imposible notificar a Moreno. La Inspectoría de Tribunales consideró que la jueza está apegada a derecho y que mientras Moreno no se presente, no se da la audiencia. El 12 de diciembre la juez no dio despacho, porque otra vez estaba enferma. La nueva fecha que fijó fue el 31 de enero de 2019. Y aún hoy los jóvenes permanecen detenidos en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleita, donde Melvin Gregorio Farías Gutiérrez corre peligro por sus problemas de salud y los episodios de depresión que ha presentado. Y la jueza Hilda Rosa Villanueva Peralta aún espera que la llamen para que le den la orden de qué debe hacer. MÁS SOBRE ESTE TEMA: Los venezolanos comienzan a recurrir a criminales para huir del régimen de Maduro
