La ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña, Giselle Robles, se presentó este viernes en Dolores ante el juez Alejo Ramos Padilla. La letrada ya fue mencionada en la causa por el agente de inteligencia Rolo Barreiro quien contó que espiaban a Robles, la hostigaban y trataron de robarle el auto dos veces. Sin embargo, el mayor impacto que se produjo ahora es que Robles presentó los chats y mails entre la abogada y el ministro de Justicia, Germán Garavano, mediante los cuales se manipuló la declaración de Fariña para involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero. Robles no declaró este viernes sino que será citada como testigo la semana que viene. Este diario ya reveló que Barreiro declaró que hubo una reunión tripartita entre Garavano, Fariña y Robles, en la oficina del ministro. Allí no sólo se habló de cómo debía ser la declaración de Fariña sino también sobre qué jueces iban a ser removidos en los siguientes meses. Quien primero contó la existencia de esa reunión fue el diputado nacional Leopoldo Moreau y se calcula que el encuentro fue a finales de marzo o a principios de abril de 2016, antes de la declaración de Fariña como arrepentido. Garavano mencionó, en concreto, que el gobierno iba a sacar de la cancha a Carlos Rozansky, Eduardo Freiler y a Daniel Rafecas. A este último no pudieron removerlo, pese a la increíble campaña en su contra que hicieron, incluso a través de una solicitada. Aunque ya transcurrió una semana desde la publicación de Página/12, en exclusiva, Garavano no salió a desmentir lo publicado por este diario. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Dolores es de otro nivel. La abogada Robles le habría exhibido al juez los mensajes de texto que cruzó con Garavano y luego los mails a través de los cuales se le enviaron las instrucciones a Fariña sobre lo que tenía que declarar. El mecanismo que se usó fue muy parecido al de la causa del Gas Natural Licuado (GNL). Cuando la causa se caía a pedazos por el fraude de la pericia firmada por David Cohen, hoy procesado, pusieron a jugar a la banda inorgánica de la ex SIDE. La maniobra consistió en hacer declarar al propio D'Alessio, con datos incomprobables, y luego eso fue usado por el fiscal Carlos Stornelli para el relanzamiento del expediente. Sobre esa base falsa llamaron a declarar a CFK, que luego fue procesada. En este caso, como la causa por la obra pública se caía a pedazos, le dijeron a Fariña que debía declarar sobre eso, pese a que el arrepentido difícilmente tuviera algún conocimiento sobre la construcción de rutas en Santa Cruz. Por eso necesitó un guión y se lo brindaron. Según parece, en la maniobra también intervino el fiscal de la causa. La auditoría de Vialidad Nacional, armada por Javier Iguacel, le dio la razón a Lázaro Báez, como consignó Página/12 desde el principio: la conclusión fue que todas las obras que se pagaron fueron hechas, la calidad fue buena, que las demoras no fueron responsabilidad del constructor y que sólo había un 0, 1 por ciento de discrepancia entre lo pagado y lo construido. Ante el naufragio de esa auditoría, todo el andamiaje se venía abajo, porque para condenar a Báez y tal vez a CFK había que probar que el dinero que sacó el constructor al exterior provenía de un delito. Y el delito clave, precedente, era el de la obra pública de Santa Cruz. Lo que aportaría Robles son los chats y mails con los que se pactó la declaración de Fariña. Y, aparentemente, el arrepentido dijo ante el fiscal Gerardo Pollicita, letra por letra, lo que le dijeron en los mails que tenía que decir. Con eso, Pollicita, junto al fiscal Mahiques, ampliaron la acusación. Si la justicia corrobora ese camino, este sería un hecho de la máxima gravedad: mostraría una vez más la intervención del Poder Ejecutivo en la causa judicial; la manipulación fraudulenta del expediente; el objetivo único y total de involucrar a la ex presidenta y, como conclusión, la falsedad de las acusaciones. (email protected)/12. com. ar
