El 14 de marzo de 2018 a las 21 horas, cuando la concejal de izquierda Marielle Franco salía de una reunión con un grupo de jóvenes negras en la Casa das Pretas, en Río de Janeiro, un automóvil Chevrolet Cobalt con patente del municipio de Nova Iguaçu estaba estacionado esperándola en las proximidades. Al verla salir, uno de sus tripulantes salió del auto e hizo una llamada por el celular. Marielle subió al auto conducido por su chófer, Anderson Gomes, y cuando arrancaron, el Cobalt comenzó a seguirlos. Lo manejaba el expolicía –expulsado de la fuerza y ya investigado por otros crímenes– Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años. En el banco trasero viajaba el policía retirado Ronnie Lessa, de 48, que llevaba una subametralladora MP5 9 mm con municiones originalmente vendidas a la Policía Federal. En la mitad del camino, otro auto se juntó a la persecución. A las 21:30, a la altura de la calle Joaquim Pallares, el Cobalt se colocó al lado del auto de Marielle y Ronnie realizó 13 disparos. Marielle recibió cuatro tiros en la cabeza y Anderson, tres por la espalda. Ambos murieron. Una de las asesoras de Marielle, Fernanda, que viajaba sentada a su lado, fue la única sobreviviente, con heridas leves producidas por astillas de los cristales de la ventanilla. Los asesinos huyeron, hasta hoy. Cuando faltan dos días para el primer aniversario del asesinato político que conmovió al mundo, esta madrugada, a las 4:30, agentes de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro, cumpliendo una orden judicial, detuvieron a Queiroz y Lessa, que fueron acusados por doble homicidio calificado, de Marielle y Anderson, y también por tentativa de homicidio, de Fernanda. El primero había publicado en su perfil de Facebook una foto suya al lado del presidente Jair Bolsonaro. Al segundo, lo detuvieron en el condominio de lujo donde vive, en la avenida Lúcio Costa, de la Barra da Tijuca, casualmente el mismo donde residió hasta asumir la presidencia –oh, de nuevo– el presidente Jair Bolsonaro. Y esas son apenas dos de las muchas “coincidencias” que forman el rompecabezas del crimen: todas las pistas llevan a la familia presidencial. Una más: en la conferencia de prensa posterior a las detenciones, el comisario Giniton Lages confirmó al pasar que el hijo menor de Bolsonaro, Jair Renán, de 29 años, fue novio de la hija de Lessa, el asesino. Durante la operación de hoy, bautizada “Lume”, en referencia a una plaza del centro de la ciudad donde Marielle y otros legisladores del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) rendían cuentas semanalmente a los vecinos, se realizaron allanamientos a otros 34 inmuebles citados en la investigación judicial. En una de las propiedades, de un amigo de Lessa, fueron secuestradas armas desmontables, fusiles y municiones. En otros allanamientos, la policía se llevó armas, documentos, notebooks y celulares. De acuerdo con la denuncia de las fiscales Simone Sibilio y Leticia Emile, del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, el asesinato de Marielle fue planeado hasta cada detalle durante tres meses y fue motivado por la actuación política de la concejal, que enfrentaba a las mafias policiales y denunciaba violaciones a los derechos humanos en las favelas. La policía comprobó, analizando sus archivos en la nube, que Ronnie hizo búsquedas en internet sobre los lugares frecuentados por la concejal y también por el diputado Marcelo Freixo, con quien ella había trabajado durante años antes de ser candidata. De acuerdo con los investigadores, la autoría material del crimen está esclarecida, pero aún no hay pruebas de quién la mandó a matar y por qué. Lo que se sabe hasta ahora es que los autores materiales del homicidio, detenidos hoy, formaban parte de la Oficina del Crimen, un grupo de sicarios vinculado a una milicia del barrio Rio das Pedras, de la zona oeste de Río, el mismo donde viven el chófer y testaferro de Flávio Bolsonaro, Fabrício de Queiroz, y otros asesores del hijo del presidente. El grupo de sicarios era comandado por el capitán Adriano Magalhães de Nóbrega, alias “Gordinho”, prófugo desde enero. Otro de los jefes de la banda sería el mayor de la Policía Militar Ronald Paulo Alves Pereira, alias “Tortuga”, detenido en enero y acusado por otros crímenes. El mayor Ronald y el capitán Adriano fueron elogiados y homenajeados años atrás por Flávio Bolsonaro en una ceremonia oficial en la Asamblea Legislativa. En el caso del mayor Ronald, el homenaje organizado por el hijo del presidente ocurrió cuando el miliciano ya era sospechoso de cinco asesinatos. Raimunda Veras Magalhães, madre del prófugo, fue hasta noviembre del año pasado asesora del hijo de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde el joven senador era diputado provincial. Raimunda había sido una de las asesoras que, cada mes, depositaba parte de su sueldo en la cuenta bancaria del chofer Fabrício de Queiroz, investigado por movimientos bancarios compatibles con maniobras de lavado de dinero por más de 7 millones de reales y por un depósito sospechoso de 24 mil reales en la cuenta de la primera dama, Michelle Bolsonaro. La madre del jefe miliciano ganaba R$ 5.124,62 reales –el mismo sueldo de Danielle Mendonça de Nóbrega, esposa del prófugo y también asesora de Bolsonaro Jr. – y llegó a depositar R$ 4.600 en la cuenta del chófer y testaferro Queiroz, quien ya confesó ante la fiscalía que el dinero era para la campaña del hijo del presidente, aunque aseguró que Flávio desconocía el origen ilegal del dinero. No son las únicas personas vinculadas a las milicias que trabajaban para el hijo del presidente: Valdenice de Oliveira Meliga, hermana de los milicianos Alan y Alex Rodrigues de Oliveira, presos el año pasado en la operación “Quinto Elemento”, fue la tesorera de la campaña de Flávio y firmaba los cheques en su nombre. Sus hermanos llegaron inclusive a participar de actos de campaña de la familia Bolsonaro antes de ir preso. Es más, el presidente y su hijo fueron a la fiesta de cumpleaños de los delincuentes y se sacaron fotos con ellos, que están en Instagram. Las milicias son una mafia. Formadas por policías civiles y militares y por bomberos (que aquí también son una fuerza militarizada), tanto retirados como en actividad, controlan parte del territorio de la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro y también tienen actuación en otros municipios. Cuando nacieron, fueron catalogados por parte de la prensa y algunos políticos de derecha como “grupos de autodefensa”, que expulsaban o mataban a los traficantes y les quitaban el control territorial de las favelas. Donde la milicia tomaba el poder, al menos al principio, el tráfico de drogas era prohibido, pero era reemplazado por otros negocios. Y el índice de homicidios de donde manda la milicia siempre es mayor que el de donde mandan los traficantes. Hoy, en los barrios controlados por la milicia, funciona un estado paralelo. Los milicianos manejan el transporte alternativo, la venta de gas de garrafa, las conexiones ilegales de luz, cable e internet (el famoso “gatonet”), la construcción, el mercado inmobiliario y la “seguridad”, que básicamente significa que los comerciantes tienen que pagarles una tasa para que los protejan de ellos mismos. La milicia también controla las instituciones comunitarias y maneja la política local, ya que solo pueden hacer campaña en sus territorios los políticos que arreglan con ellos, si no quieren que los maten. La milicia pone candidatos propios o apoya a políticos aliados y, de esa forma, gana protección estatal y negocios en la administración pública. Marielle, antes de ser concejal, fue asesora del entonces diputado provincial Marcelo Freixo (en quien se inspiró el personaje del diputado Fraga de la película “Tropa de Elite 2”), que lideró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las milicias en 2008, por la que fueron presos cientos de milicianos, inclusive políticos y jefes policiales. Marielle fue secretaria de la comisión y recibía las denuncias. Freixo vive amenazado y con protección policial desde entonces y ya fueron desbaratados varios planes para matarlo. Tanto el presidente como sus hijos han sido durante años defensores de las milicias. Durante los trabajos de la CPI, el diputado Flávio Bolsonaro dijo que las milicias llevaban “felicidad” a los territorios que controlan. En agosto de 2011, la jueza Patricia Acioli, que investigaba la acción de las milicias en la ciudad de São Gonçalo, fue asesinada con 21 tiros por once policías vinculados a la milicia, que fueron condenados. Uno de los condenados por el asesinato de la jueza –a 36 años de prisión– fue el teniente coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, excomandante de la 9º BPM, del barrio Rocha Miranda, la misma donde trabajaba Lessa, el vecino de Bolsonaro preso hoy por el asesinato de Marielle. El círculo se cierra cada vez más. Cada pieza del rompecabezas del asesinato de Marielle lleva a una nueva pista de la relación de la familia presidencial con las milicias –contratos, manejo de dinero, cuentas bancarias, fotos, relaciones políticas, fiestas de cumpleaños– y, en particular, con los asesinos. Como ocurre desde el día del crimen, casi un año atrás, el presidente –entonces el único candidato presidencial que no repudió esa muerte– sigue en silencio.
