La fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Carlos Rolero Santurian, comenzó a citar a los padres de los chicos que llevaron adelante tomas de colegios el año pasado en la Capital. Los culpa por no haberlas impedido y los hace responsables de las tomas. En principio, la imputación es una contravención por impedir el ingreso o salida de lugares públicos o privados. Pero, en algunos casos, la figura penal podría cambiar. Así, el Gobierno porteño busca sentar un precedente para evitar futuras tomas en escuelas públicas. Hay unos 43 padres imputados por ocho casos distintos, ocurridos a lo largo del 2018, en diferentes establecimientos educativos. Dos de ellos sucedieron en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia", en junio y octubre. Otro tuvo lugar en la Escuela Normal Superior N°1 "Presidente Roque Saenz Peña", también en junio. Ese mismo mes, un grupo de alumnos tomó la Escuela Normal Superior N°6 "Vicente López y Planes". El Mariano Moreno sufrió dos hechos, en junio y agosto. Y los dos últimos casos tuvieron lugar en la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken, en noviembre, y la Escuela Normal Superior N° 5 "Martín Miguel de Güemes", en octubre. Recibir newsletter La fiscalía, en donde están radicadas las ocho denuncias, considera que los padres de los alumnos que hicieron las tomas son responsables de las actuaciones de sus hijos. "Es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos", contó a Clarín el fiscal Carlos Rolero. El funcionario dijo que los padres están citados para fines de marzo y que los imputados están obligados de presentarse en la fiscalía. "Tienen que venir para designar un abogado defensor", explicó Rolero. También explicó que por ahora la figura es la contravención, la cual no tiene pena de arresto y "sólo tiene una sanción de trabajo de utilidad comunitaria, que puede ser de uno o dos días, o una multa a partir de los dos mil pesos". Desde la Justicia estiman que el proceso, de marchar sin contratiempos, podría durar seis meses antes de llegar al juicio, donde un juez decidirá si es responsable o no de la contravención. "No descartamos para algunos casos la figura de usurpación, la cual ya se usó en algunos hechos del año pasado", contó el fiscal. Según Rolero, uno de los objetivos de este proceso es conseguir un precedente que marque la responsabilidad de los padres sobre la conducta de sus hijos, "lo cual es muy importante para evitar futuras tomas", definió el fiscal. Por otro lado, Marisa Herrera, abogada especialista en familia y menores, criticó las imputaciones y opinó que "las tomas forman parte del derecho de los niños" que tiene reconocimiento en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y pregunta: "¿cómo se puede imputar a los padres de algo que no es delito o no está prohibido para los hijos y que forma parte de un derecho constitucional?". La abogada, consultada por Clarín, también subrayó que la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes cambia el paradigma de los hijos como “objeto” de tutela a ser “sujetos” de derecho: "Es decir, no nos pertenecen, no son nuestros sino que son otro- otra con derechos y obligaciones. En esta lógica, es evidente que los padres no pueden ser sancionados penalmente por las decisiones (legítimas) de sus hijos", sostuvo. Hace poco, en Lanús, dos adolescentes de 14 y 15 años prendieron fuego una escuela y la municipalidad responsabilizó a la familia por los daños. Las pericias determinaron que los muebles de la Escuela "República de Panamá" (E.E.S.T. N° 7) de Valentín Alsina habían sido rociados con material inflamable. "Lo que entendemos es que acá hay una responsabilidad primaria de cuidado y vigilancia de los padres. Tiene que existir un castigo porque una cosa es una travesura, pero esto es un delito", sostuvo en su momento Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús. A lo cual luego agregó: "Que un chico de 14 años esté a la madrugada en la calle con un bidón de nafta prendiendo fuego su escuela no tiene nada que ver con un simple acto vandálico". En este caso, la denuncia civil contra los padres implicó que, de prosperar la medida, deberían pagar por los daños ocasionados en el incendio intencional, cuyo costo sería casi medio millón de pesos. PS
