Por estos días, las revelaciones que brotan a borbotones tras la denuncia que involucró al falso abogado pero agente multifacético Marcelo D’Alessio y que empieza a expandirse sobre fiscales –no sólo Carlos Stornelli–, abogados, políticos y hasta periodistas, generaron una pregunta que se repite en los medios y en las calles: ¿Es nuevo esto? ¿Debería sorprendernos? ¿Así de salvaje es el sistema de justicia que se deja penetrar por múltiples actores con intereses de los más variados, capaces de arruinar vidas, privar de la libertad, torturar psicológicamente, amedrentar? No, no es nuevo. No debería sorprender. Pero sí llevar a quienes tienen responsabilidades públicas a pensar cómo es posible que esto suceda, y que los ciudadanos de a pie podamos sentirnos tan expuestos a todo esto en el ámbito donde debieran ser cuidados nuestros derechos. Lo que sí sorprende, positivamente, es que un juez federal se anime a romper los moldes y poner por escrito esta tremenda realidad: estamos atravesados por un sistema de espionaje ilegal, sus integrantes son de todo tipo y a veces insospechados, son parte de un aparato estatal y paraestatal, tienden trampas, poseen grandes ambiciones económicas, están armados hasta los dientes, pueden “extraer” personas en vuelos invisibles a todo registro, meter gente presa y cuando penetran en la mal llamada “justicia” destruyen cualquier idea, deseo o posibilidad de que se conozca la verdad. El punto de partida de esta historia es un hombre que denuncia que lo aprietan, le piden plata en nombre de un fiscal federal, para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos, la causa con más fuertes efectos políticos del momento. De ahí en adelante, apenas se tira del piolín los casos y víctimas se reproducen. En cuanto aparece un juez atípico que quiere investigar, surge la resistencia corporativa, que es parte del mismo esquema perverso: los obstáculos para impedir investigar esto que probablemente nunca se haya visto de manera tan explícita. Chicanas judiciales, denuncias al juez, todos los intentos para que sweet home Comodoro Py se “ocupe” del asunto, de todo prolifera en estos días. En tiempos de la última dictadura cívico militar, el Poder Judicial ofrecía en ciertos momentos una pequeña esperanza a quienes buscaban a sus desaparecidos. Salvo honrosas excepciones, el tiempo mostró que cuando no era una muralla ese Poder Judicial era cómplice, a veces podía convertirse en el verdugo mismo. Quizá en Mendoza estuvo uno de los grandes ejemplos sobre como ese poder impidió juzgar crímenes de lesa humanidad por años mientras se daba autoprotección en la parte de responsabilidad que les tocaba a ellos mismos. La reciente sentencia en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA lleva a un lugar similar: quedó claro que entre un juez, fiscales, policías, espías y el poder político pagaron con dinero de la ex Side para armar una historia falsa por la que acusaron y estuvieron presas personas que no tenían ninguna relación con el atentado terrorista. Era una falsa verdad, que derribó un tribunal, quince años atrás. Pero dese hace 25 que ocurrió el atentado y no sabemos nada, sigue impune. Sólo se suman creaciones político-judiciales como acusar a una ex presidenta y su canciller por haber buscado formas de juzgar a los iraníes considerados sospechosos. El ingrediente político, y la injerencia de Estados Unidos y el factor israelí son determinantes. Algo de todo lo cual se vuelve a hacer carne en el personaje D’Alessio. La historia de las causas armadas en la Argentina es interminable. Hace años el juez Daniel Rafecas, cuando integraba la Procuración General, mostró como la policía armaba expedientes que luego podían encontrar su andamiaje en tribunales. No deberíamos asombrarnos, como queda a la vista. Hasta el juez Luis Rodríguez, histórico hombre de la “escudería Stiusso”, que ahora procesa –seguramente con razón– a D’Alessio, hizo malabares para dejar a salvo a todos los actores judiciales (jueces de Casación incluidos) escrachados en escuchas en una trama de coimas para salvar al ya fallecido José Pedraza de caer preso por el asesinato de Mariano Ferreyra. Después de eso fue ascendido a juez federal, y ahora causa estupor que una arrepentida de la causa de los cuadernos lo acuse de haber recibido una coima de 10 millones de dólares. Su caso, además, refleja cómo van alternando su ascendencia en tribunales distintos sectores de la inteligencia. Nada sorprende. Pero da mucho, mucho miedo.
