Transcurrido un mes de la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest, el caso que arrancó como una extorsión se convirtió en algo muy distinto: la investigación sobre una organización que extorsiona, coacciona, interviene en causas judiciales contra ex funcionarios a través del plantado de declaraciones y pruebas falsas. Después de cuatro semanas casi todos los protagonistas corren una carrera para despegarse del principal imputado, el falso abogado Marcelo D’Alessio. O lo conocen poco o dicen que fueron engañados y, por supuesto, afirman que no tienen nada que ver con los delitos. Todo el caso plantea numerosos interrogantes, algunos de ellos sin respuesta. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a D’Alessio por integrar una asociación ilícita que intervino al menos en diez casos conocidos hasta el momento: Según señaló el magistrado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, lo que se investiga es la participación de actuales o ex agentes orgánicos e inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, en estas extorsiones, coacciones y manipulaciones. Y también la participación de servicios de inteligencia o agencias extranjeras. Un dato no menor es que, aparentemente, después de los feriados de Carnaval aparecerán otro u otros casos que serán denunciados penalmente y con los mismos individuos como protagonistas. El juez todavía no lo puso por escrito ni enumera a los que forman parte de la organización. Hay un hecho objetivo, están presos D’Alessio y dos comisarios retirados de la Policía Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. En su texto dirigido a la Comisión Bicameral el magistrado dá a entender que la AFI informó que al menos Bogoliuk tiene relación con el organismo de inteligencia. Según coinciden todas las fuentes, hace dos años la ex SIDE armó una estructura en el Gran Buenos Aires con el argumento de que serviría para juntar información sobre narcotráfico. Para esa estructura, que se llamó Proyecto AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires), se crearon sedes en el conurbado y la mayoría se puso a cargo de ex comisarios de la Bonaerense. Las versiones indican que los patas negras, como le dicen a los hombres de la Bonaerense, empezaron a competir con los comisarios en actividad y hubo cruces por el llamado “corte de boleto”, es decir las coimas. Sea eso verdad o mentira, la estructura habría sido desmantelada. Habrá que ver si Bogoliuk, como todos dicen, formó parte de ese andamiaje, ahora desarmado. En cualquier caso, los dos comisarios se negaron a declarar ante Ramos Padilla, algo llamativo si no tienen nada que ver con las maniobras de la asociación ilícita. El que los involucró fue D’Alessio, quien dijo que ellos le daban instrucciones. Por ahora, Ramos Padilla no incluyó más nombres de los integrantes de la asociación ilícita. Veremos qué hace con Stornelli, citado para el jueves. Por ahora, el juez le imputa tres casos, el de Etchebest, el de la cámara oculta al abogado Ubeira y el que tiene relación con el ex empleado de Pdvesa. En el caso de Etchebest, al empresario le pidieron los 300.000 dólares después de un encuentro entre D’Alessio y Stornelli, en plenas vacaciones del fiscal en Pinamar. Es impactante la existencia de una reunión con un falso abogado, sin título y sin matrícula, en vacaciones. Por supuesto que D’Alessio dice que el fiscal fijó la cifra de 300.000 dólares, Stornelli escribió el número en un cuaderno. Luego de la detención sostuvo que “el fiscal no tenía ni puta idea de lo que pasaba”. El otro elemento que complica a Stornelli es que en las decenas de mensajes con D’Alessio hay uno en el cual el falso abogado le dijo: “Yo me ocupo personalmente de Pedro”. Pedro es Etchebest. Y a partir de ese mensaje es que empezó el operativo de extorsión. Respecto de Brusa Dovat, el ex empleado de Pdvesa denunció que lo coaccionaron para declarar ante Stornelli, cosa que terminó haciendo. Lo llamativo es que el ex empleado de la petrolera venezolana en la Argentina declaró dentro de la fiscalía, delante de D’Alessio, algo que quedó constatado en una filmación. Esa presencia del falso abogado fue irregular, no sólo porque no puede estar un abogado en una declaración de un supuesto arrepentido, sino que D’Alessio ni siquiera es abogado ni tiene matrícula. En cuanto a Ubeira, hay un mensaje de texto de Stornelli a D’Alessio pidiéndole que convenza a su socio para que le haga una cámara oculta al abogado defensor en la causa de las fotocopias de los cuadernos y también en el expediente sobre lavado de dinero. Todo indica que querían tenderle una trampa al letrado, usando a Leonardo Fariña como señuelo. Fariña lo niega, pero el chat de whatsapp de Stornelli está. El fiscal se defendió con un escrito ante el procurador Eduardo Casal. No se conoce el texto, pero Stornelli difundió que sufre una campaña de desprestigio “como la que le hicieron a Alberto Nisman”. El paralelismo no parece ser muy bueno: a Nisman se le encontró una fortuna oculta y una vida ostentosa que no tiene explicación. Más allá de la extorsión tendrá que explicar la reunión con el no-abogado en Pinamar, el ingreso a la fiscalía, el pedido de la cámara oculta. Por mucho menos que eso arremetieron arremetieron contra otros fiscales. El juez le informó a la Comisión Bicameral que encontró legajos de inteligencia en la lujosa casa de D’Alessio. Incluye informes sobre políticos, periodistas y personas públicas. Por ejemplo, hay una carpeta sobre Natacha Jaitt en la que constan sus contactos y vínculos. Hay carpetas de los periodistas de Animales Sueltos, citando quiénes serían fuente de cada uno y con quienes se relacionan. Hay un legajo denominado “Operación Fantino” con elementos sobre el encuentro entre el conductor y Cristina Fernández de Kirchner. En las carpetas dice que parte de la información fue suministrada por el periodista Daniel Santoro, pero éste lo negó en un escrito presentado ante la fiscal. Santoro también sostiene que fue engañado. Respecto de Etchebest llama la atención que haya un legajo escrito en inglés, con el título de “Government Watch List Notice, informe gubernamental sobre una lista de vigilados, en la que constan sus entradas y salidas del país, datos sobre sociedades y cuentas de sus hijos que son ciudadanos norteamericanos. Algunos concluyeron que eso demuestra que D’Alessio es parte de un servicio de inteligencia o de una agencia de Estados Unidos. Por los textos del magistrado, parece que es la hipótesis del juez, pero es algo abierto a investigación. Pero lo cierto es que lo encontrado a D’Alessio es un cúmulo de información que de algún lado salió. Está en la mira Stornelli, pero también otro fiscal del oeste del Gran Buenos Aires. También los datos podrían provenir de Bogoliuk y Degastaldi, o de la AFI. Y habrá que ver el papel de servicios de inteligencia nacionales y extranjeros. Tiene mucha importancia porque es la información que se usó para extorsionar y coaccionar. Hay puntos muy oscuros todavía: Sin embargo, hay indicios importantes. La fotografía que acompaña esta nota muestra a D’Alessio reunido con autoridades del Ministerio de Seguridad. Funcionarios consultados por este diario dijeron que podría tratarse de una reunión en el marco del G-20, en una sala de un edificio de Buenos Aires. La cartera de Patricia Bullrich debería explicar la presencia del falso abogado en esa reunión de la que participan, a primera vista, jefes de la Gendarmería. Todo requiere de una pesquisa más profunda de la Justicia. También el abogado Carlos Broitman sostiene que D’Alessio se metió en el medio del acuerdo hecho para la entrega del prófugo, luego arrepentido, Ibar Pérez Corradi, imputado en la causa de la efedrina. Hubo operaciones de agentes inorgánicos cuando ya se había pactado la entrega y Broitman dice que el falso abogado trató de intervenir ahí. Toda la operación Pérez Corradi fue un show que terminó en fracaso. Iba a aportar información trascendente, supuestamente contra Aníbal Fernández, y no aportó nada de nada. El juez está convencido de que D’Alessio responde a agencias extranjeras, pero cada cosa deberá ser investigada. Por ahora, parece evidente que hay conexiones con Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad. En una de las tantas escuchas que constan en la causa, D’Alessio le señaló a un interlocutor que hubo una maniobra para reemplazar dólares incautados en procedimientos judiciales por billetes falsos. La primera hipótesis apuntada a los dólares que José López tiró en el convento de General Rodríguez. La mención la hizo el propio D’Alessio en uno de sus tantos alardes insólitos. Los billetes fueron secuestrados en su momento por el juez Daniel Rafecas y depositados con precintos en el Banco Central. El viernes, hubo un chequeo de esos dólares y se probó que no hubo reemplazo alguno. Sin embargo, el reemplazo podría haberse producido en otra causa porque hay un dato llamativo: Stornelli, en mensajes, le preguntó a D’Alessio por un ciudadano peruano que, supuestamente, fue el falsificador. Y las preguntas parecieron insistentes. Habrá que prestarle atención a esa pesquisa y ver de qué se trata realmente. El viernes pasado, después de más de un mes, el fiscal mandó a su abogado al juzgado de Ramos Padilla. El doctor Roberto Ribas aceptó el cargo de defensor y de inmediato presentó un pedido de inhibitoria para que la causa pase a Comodoro Py, donde Stornelli juega de local. Por supuesto, Stornelli no ofreció su celular para el análisis ni se prestó a que lo investiguen. Todo hace pensar que el fiscal pedirá una prórroga a la indagatoria a la que está convocado y luego dirá algo así como que el magistrado es incompetente. Según los juristas consultados por este diario, el fiscal está obligado a concurrir, pero no puede ser arrestado. Ramos Padilla resolverá la cuestión de la competencia el miércoles próximo. Dictaminó a favor de mandarlo a Comodoro Py el fiscal Juan Pablo Curi y, en curiosa coincidencia, las defensas de Stornelli y D’Alessio. La coincidencia es llamativa porque Stornelli denunció a D’Alessio por defraudación. Del otro lado quedará el abogado de Etchebest y también se presentaron para ser querellantes los letrados José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi, a quienes les querían realizar parte de las operaciones de inteligencia. Todos pedirán que Ramos Padilla continúe al frente de la causa, porque el viaje a Comodoro Py significa el ahogamiento de la investigación. Es difícil que el juez le entregue el expediente al edificio de Retiro, por lo que el tema pasará a la Cámara Federal de Mar del Plata, con pronóstico incierto. Mientras tanto, todos corren una verdadera carrera de velocidad para despegarse de D’Alessio. El argumento central es que fueron engañados. El problema es que hay demasiadas huellas digitales de los imputados y sospechados en las operaciones de extorsión, coacción y declaraciones falsas en causas judiciales trascendentes.
