El fiscal federal Diego Luciani pidió que la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, así como el resto de los acusados en el caso por las irregularidades de la obra pública, le informen a la justicia cada vez que se ausenten de sus domicilios por más de tres días "bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía y disponerse su detención". La solicitud fue hecha el viernes por Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, que tiene a su cargo el juicio contra Cristina Kirchner y otra decena de acusados y que comenzará a fines de mayo, luego de detectar que dos imputados salieron del país en varias oportunidades sin comunicarlo al tribunal, informaron a Infobae fuentes judiciales. Si bien ninguno tiene restricciones de dicha naturaleza, el fiscal entendió que la cercanía al inicio del juicio modificó la situación: "La gravedad de los hechos imputados -cuya eventual sentencia condenatoria no habrá de ser de ejecución condicional-, las características de ejecución de las maniobras, la proximidad de la audiencia de debate y los compromisos internacionales que ha asumido el Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, tornan necesario en esta avanzada etapa del proceso adoptar mayores recaudos para asegurar que los imputados se encuentran a derecho y que posean un domicilio cierto en el que puedan ser notificados o habidos inmediatamente en caso de ser requeridos por el tribunal", indicó. El tribunal ahora debe resolver si hace lugar al pedido. Si eso ocurre, la medida alcanzará a la ex presidenta y a otros acusados, pero no a todos. Ocurre que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex funcionario de esa cartera, Carlos Kirchner -primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner– y el empresario Lázaro Báez están presos, mientras que el ex secretario de Obras Públicas José López se encuentra con custodia oficial permanente en el programa de Protección de Testigos e Imputados luego de declarar como arrepentido en el caso de los cuadernos de la corrupción. Cristina Kirchner sí tiene restricciones en otras causas judiciales en las que está procesada, tales como la prohibición de salida del país. En el caso que el tribunal acepte la medida pedida por la Fiscalía y que la ex mandataria la incumpla, su detención no se concretaría porque tiene fueros como senadora nacional y debe pedirse su apartamiento del cargo a la Cámara Alta. La postura del peronismo sobre el tema ya fue explicada por el senador Miguel Ángel Pichetto varias veces: el desafuero de un senador sólo ocurre con una condena firme. En el caso se juzgará la presunta concesión irregular de 52 contratos de obra pública en Santa Cruz para las empresas de Báez, por un total de 46 mil millones de pesos. Según la acusación que se analizará en el juicio, las obras se asignaron con licitaciones amañadas, con sobreprecios, y muchas de ellas quedaron sin terminarse. Los delitos que pesan sobre los acusados son los de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Cuando el juez federal Julián Ercolini procesó a los acusados en diciembre de 2016, no dispuso ninguna restricción sobre ellos porque entendió que siempre habían estado a derecho, tenían domicilio constituido y no poseían antecedentes penales. Un año después, Carlos Kirchner fue detenido porque dio domicilios falsos y porque movió dinero para ocultar su patrimonio. Ya con la causa en juicio oral, el fiscal Luciani analizó la situación de tres acusados: Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe. Los tres titulares en distintos períodos de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. En un dictamen, al que Infobae tuvo acceso, explicó que Pavesi informó al tribunal oral que iba a estar durante todo enero en una casa en Mar del Plata y luego extendió su estadía hasta el 14 de febrero. En tanto, con información de la Dirección Nacional de Migraciones, se detectó que Santibáñez viajó a Chile cuatro veces el año pasado y una este, y una vez a Brasil en 2018. Villafañe, por su parte, viajó a Chile tres veces el año pasado. El fiscal destacó que los viajes se hicieron "sin que fueran comunicados al Tribunal". Resaltó que sobre ellos no pesa ninguna restricción judicial para moverse, pero afirmó que "a la luz de la proximidad de la fecha de inicio de la audiencia de debate y la consecuente necesidad de asegurar la comparecencia de aquellos y del resto de los co-imputados, se impone la necesidad de revaluar las condiciones que, a tal fines, resultan necesarias en esta etapa". El fiscal entendió que por la cercanía del inicio del juicio, la gravedad del hecho que involucra fondos públicas y una eventual condena que sería de cumplimiento efectivo en una cárcel por el tipo de delito le pidió al tribunal que intime a los acusados para que "en el supuesto de ausentarse por un lapso mayor a 72 horas del lugar de residencia que cada uno oportunamente ha denunciado en la causa, comuniquen con debida antelación esa circunstancia junto con los datos que permitan conocer el lugar de residencia temporal, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía y disponerse su detención". "Entiendo que la imposición de una obligación de esa índole no necesariamente debe encontrarse precedida por la existencia de alguna conducta concreta que evidencia intención de fuga o de entorpecimiento de la investigación, en la medida en que las circunstancias objetivas de la causa permitan inferir que esos riesgos podrían llegar a configurarse", explicó el fiscal.
