La niña tucumana de 11 años embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela sigue esperando la interrupción de la gestación forzada. El dramático cuadro que enfrenta la llevó a intentar suicidarse, según consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial que investiga el ataque sexual, tal como reveló PáginaI12. Ayer, siguió con crisis de llanto y angustia. Si se separa de su mamá, que la está acompañando en la internación en el Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán, llora y no puede dejar de llorar, confiaron fuentes judiciales. Le pide a su mamá que le acaricie la cabeza, se pone en posición fetal en la cama y se acurruca en sus brazos. Así puede conciliar el sueño. De la única manera. Después de que este diario revelara su situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra, ante un sistema de salud provincial que le está negando su derecho a un aborto legal y la está revictimizando, se habría acordado avanzar con una cesárea en los próximos días. “Este caso sintetiza la violencia institucional más descarnada ejercida contra una niña en pos de preservar la indemnidad de las conciencias objetoras por sobre la salud de una criatura de 11 años que pide desde el 23 de enero terminar con el calvario que vive. También evidencia la indolencia sanitaria que no es capaz de asegurar derechos humanos básicos cuando de maternidades forzadas y aborto se trata. Este caso es todo lo que está mal, llora la niña y llora el movimiento de mujeres porque nuestras vidas no valen nada”, señaló a PáginaI12 la abogada Soledad Deza, integrante de Ni Una Menos Tucumán. Desde varios colectivos feministas están reclamando en la Justicia que se cumpla con el pedido de la niña y se garantice la práctica del aborto. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Así, con sus palabras, imploró que le practiquen la interrupción legal de embarazo. Se lo dijo a una psicóloga del hospital, donde está internada, y consta en la historia clínica, según confiaron fuentes judiciales. La niña, la menor de tres hermanas, nunca buscó esa gestación: la embarazó la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores. De la boca de un lobo pasó a la de otro. El embarazo ya lleva 23 semanas y media. Pero se lo detectaron el 23 de enero, un mes atrás, en el Centro de en un Atención Primaria de la Salud, de la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, en el extremo noreste del territorio provincial, a un kilómetro y medio de la frontera con Santiago del Estero. Y desde entonces se viene dilatando la práctica del aborto legal. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Ingresó por “autolesiones”: la niña tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de las vivencias que está atravesando, según confiaron fuentes judiciales. La provincia está vulnerando incluso el mismo “Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual”, que aprobó el Poder Ejecutivo y el Judicial de Tucumán en julio de 2015, que establece que se debe cumplir con los protocolos de Nación en casos de violencia sexual, donde está claro que en el sistema de salud hay que ofrecer y garantizar la interrupción legal de embarazo como opción terapéutica en caso de embarazo forzado. PáginaI12 intentó ayer entrevistar al secretario de Salud de la provincia, Gustavo Vigliocco, que está siguiendo de cerca el caso, pero no respondió a los insistentes llamados. Vigliocco declaró al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. El funcionario no solo negó la voluntad expresada por la niña, sino que la mira como si fuera un objeto, apenas una incubadora. Hay una trama institucional antiderechos en Tucumán: desde el gobernador, el peronista Juan Manzur, ex ministro de Salud de la Nación durante la gestión de CFK, quien participó en la capital tucumana de marchas “por las dos vidas” durante el debate de la legalización del aborto en el Congreso; hasta la ministra de Salud provincial, Roxana Chahla, quien, entre sus allegados, se manifestó en contra de garantizarle el aborto a la niña. Su posición en contra del aborto es conocida. Los dos, tanto Manzur como Chahla, son médicos. Chahla era directora de la Maternidad Nuestra Señoras de las Mercedes, la más grande de Tucumán, por cantidad de partos, cuando en 2012 una mujer identificada como “María Magdalena” –cuya historia reveló también este diario en aquel momento–, de condición humilde llegó a la guardia con un aborto en curso y fue sometida a malos tratos, al punto de que le hicieron un legrado sin anestesia, y la denunciaron penalmente acusándola de haberse practicado ella la interrupción de embarazo. La mujer, de 26 años y madre de tres hijos, fue finalmente sobreseída del delito de aborto a fines de 2015. Estuvo procesada cerca de tres años. La directora del Hospital del Este también es conocida por sus posiciones antiderechos: Elizabeth Ávila, en 2016, pretendió obstaculizar un aborto a una mujer, identificada como “Nelly” que cursaba un embarazo deseado y buscado con feto anencenfálico. Le llegó a decir: “Yo tengo una enfermedad terminal y no ando pidiendo que me maten”, haciendo una analogía con que si “su bebé” no iba a vivir igual tenía que gestarlo. “Nelly” pudo acceder a una interrupción legal de embarazo en otro hospital, no sin antes sortear una serie de obstáculos institucionales. Vigliocco también dice que la madre dio el consentimiento para que el embarazo siga adelante. Cualquier diferencia entre la voluntad de la madre y la niña tiene que resolverla el personal sanitario, pero poniendo en primer lugar el interés superior de la niña y su salud, tanto física como psíquica, señalaron fuentes judiciales. Como ya sucedió en casos similares, arbitrariamente una fiscal, Adriana Giannoni, está tratando de impedir la interrupción del embarazo: actuó de oficio, aunque nada tiene que ver con la causa que investiga el ataque sexual a la niña, a cargo de otra fiscalía. Giannoni está tratando de que intervenga una defensora por el “no nacido”, que todavía no se pronunció. Pero según trascendió, citó a su despacho a los médicos que están atendiendo a la niña y los presionó para que no accedieran a practicar el aborto legal. Esta misma fiscal pretendió el año pasado criminalizar a una médica del Hospital Avellaneda, Fabiana Reina, que formó parte del equipo médico que garantizó un aborto legal a otra nena de 11 años violada a mediados de 2018. Mientras no se garantizan los abortos legales, en Tucumán se criminalizan a las mujeres que llegan a las guardias con abortos espontáneos en curso. Como le pasó a Belén, la joven que fue denunciada por los médicos que la atendieron, enfrentó un juicio arbitrario y fue condenada sin pruebas y llegó a estar casi 900 días presa. Hasta que la Corte provincial la absolvió, a partir de una fuerte articulación del movimiento de mujeres y derechos humanos que visibilizó su caso. Mientras funcionarios del área de Salud y judiciales de la provincia traman estrategias para obligar a la niña a ser madre, buscando dilatar una decisión que garantice su derecho a abortar, ella, con 11 años, llora.
